Jorge Enrique Robledo; Bogotá, marzo 16 de 2009
Doctor RUBEN DARIO VALENCIA Alcalde de Caucasia
Doctor RAMIRO RESTREPO Presidente Asociación de Mineros del Bajo Cauca
Demás asistentes al Foro Minero
Ref. en defensa de la pequeña y mediana minería.
Apreciado Doctores y ciudadanos:
Reciban desde ahora mis deseos por el mayor éxito de este importante evento, al cual no pude asistir por razones ajenas a mi voluntad. Pero permítanme a través de esta carta expresarles, de la manera más resumida, lo que hubiera querido decirles personalmente:
Uno de los errores históricos en la orientación económica de Colombia ha sido el abandono por parte del Estado de la producción en pequeña y mediana escala. Esta realidad ha sido especialmente notoria en la minería, donde los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales, todos ellos colombianos, han tenido que generar riqueza en medio de tantas dificultades, que en muchos casos no es exagerado decir que trabajan con la uñas.
La Ley 685 de 2001, también llamada Código Minero, no solo no tomó medidas en favor de la pequeña y mediana minería, sino que, en la práctica, negó su existencia, porque no definió normas especiales de atención y respaldo a sus necesidades. En contraste con la decisión de sacar al Estado Colombiano de la producción minera y con el abandono que les determinó a los mineros colombianos, el Código Minero quedó notoriamente cargado a favor de los monopolios extranjeros, que son los que en general pueden hacer gran minería, la gran favorecida por dicha ley.
La reforma que se tramita en el Congreso de la República al Código Minero avanza en la misma dirección regresiva de la ley vigente. Porque nuevamente abandona a su suerte a la pequeña y mediana minería nacional, a la que ni siquiera menciona, y les otorga más gabelas a las grandes mineras extranjeras. Es tan notorio el sesgo pro gran minería, que en la exposición de motivos del proyecto de ley se presenta a los pequeños y medianos mineros como a una especie de indeseables que le provocan grandes daños al país.
Es tal la lógica anti pequeña y mediana minería oficial, que incluso existe una cartilla de Ingeominas cuyo título llama a erradicar la minería ilegal, cuando esa institución del Estado, en vez de perseguir a los mineros informales –porque ilegales es otra cosa–, debería preocuparse por respaldarlos y ayudarles a adelantar de la mejor manera sus actividades. No es un Estado perseguidor sino colaborador lo que requieren los mineros colombianos.
Creo que nadie se opone a que en Colombia existan la gran minería y las inversiones extranjeras, siempre y cuando ellas actúen en beneficio del país, lo que significa cumplir con las leyes de la República, respetar el medio ambiente, garantizar buenas condiciones laborales a sus trabajadores y pagar la regalías e impuestos suficientes, de forma que no se apoderen gratuitamente o a menos precio de los recursos naturales del país. Al mismo tiempo, es inaceptable que se pretenda erradicar a la pequeña y mediana minería artesanal y empresarial, que es donde luchan casi todos los productores nacionales, quienes deben contar con el generoso respaldo del Estado colombiano para mejorar sus labores.
Por estas consideraciones, nuevamente me uno a las voces que claman porque el gobierno retire la reforma en curso del código minero y para que se promueva un nuevo proyecto de ley, en el que la voz de los pequeños y medianos mineros también sea tenida en cuenta y en el que exista un capítulo especial que trate sobre el respaldo oficial a la pequeña y mediana minería en Colombia.
Queridos mineros del Bajo Cauca y del resto del país presentes en Caucasia, autoridades de la región y dirigentes sociales y políticos de todos los sectores: cuenten con todo mi respaldo y con mi mayor ánimo unitario para que entre todos logremos que en Colombia se valore la pequeña y mediana minería y para que este respeto se exprese en medidas que la favorezcan en el ordenamiento jurídico del país.
Atentamente
Jorge Enrique Robledo Senador de la República
