Jorge Enrique Robledo Castillo
Contra la Corriente
Manizales, enero 22 de 1996.
En cierto sentido, todo está muy mal para los caficultores colombianos: las especulación financiera sigue manipulando a su antojo las cotizaciones externas; las potencias desarrolladas vienen estimulando las siembras en sitios como Viet Nam, donde parte de la producción la hacen militares, a quienes se les paga su trabajo con arroz (!); el consumo mundial continúa en descenso y sólo crece en el Asia, lejos de Colombia y bien cerca de los nuevos y muy baratos países cafeteros; las pérdidas causadas al Fondo Nacional del Café‚ por la política cambiaria de la apertura siguen ah¡ y podrían agravarse; el aumento de la cosecha nacional condujo al incremento de unos costosos inventarios que no pueden venderse; la productividad de la casi totalidad de los cafeteros colombianos es tan baja, que lastra la de los pocos que producen en los mejores promedios mundiales; además de su constante reducción en términos reales, el precio interno también disminuyó nominalmente y nadie ha anunciado que vayan a elevarlo.
Pero, en otro sentido, hay algunos hechos positivos que vale la pena resaltar: por fin apareció un consenso sobre la gravedad de una crisis que empuja hacia el empobrecimiento, el hambre y la quiebra a muchos productores; apenas los tontos insisten en quitarle importancia a un sector que tiene 300 mil propietarios y 170 mil jornaleros regados en seiscientos municipios del país; hasta ahora no se han concretado las peticiones neoliberales de eliminar las exportaciones institucionales y las del Banco Mundial de desmontar el Fondo Nacional del Café; y nos pusimos de acuerdo en que no era “una locura” pedir condonación de deudas y recursos del Estado para atender el problema.
Y aunque se mantienen controversias en torno al manejo de las instituciones cafeteras, a las medidas precisas que deben tomarse ante lo que sigue de la crisis y a la curiosa “democracia” de los estatutos de la Federación, podría estar dándose un consenso en torno a cuál debe ser el papel del Estado frente al problema de fondo. Por lo menos en teoría, y en público, nadie propone el “sálvese el que pueda”. Dados los inmensos impedimentos estructurales que tienen muchísimos productores para lograr aumentos en la productividad de sus cafetales o el cambio de sus fincas hacia otros renglones agrícolas, las agremiaciones cafeteras parecen coincidir en que esas políticas deben respaldarse con una vigorosa financiación gubernamental, so pena de que, en los hechos, el papel de la Nación se limite a ver como se hunden millares de productores.
Resta precisar el papel del Estado en la atención de los líos que sufren cada uno de los diversos sectores de cafeteros, pues habrá que suponer que ninguno será exceptuado de esas acciones. ¨Se permitirá que el precio interno descienda hasta cualquier nivel? ¨Con qué garantías contar n los m s productivos para mantenerse en esos niveles? ¨Cómo se respaldar n los aumentos de la productividad de los que deben elevarla? ¿Cuáles son los productos que sustituir n los cafetales “no viables” y con qué facilidades financieras y de comercio se hará la sustitución? Y, sobre todo, ¿qué va a pasar con m s de 200 mil familias minifundistas, imposibilitadas para aumentar la productividad del café y para sobrevivir con otros cultivos? Ojalá que lo que esté en mente para estos últimos no sea que, como son campesinos, pues que se aprieten otro punto el cinturón que ya tienen apretado desde hace décadas, en tanto se van desgranando sin que se note hacia las áreas de miseria de las ciudades.
Coletilla: A pesar de que el Artículo 282 de la Ley 223 de 1995 autorizó al gobierno para suspender en todos los bancos las ejecuciones judiciales contra los caficultores, los empleados de la Caja Agraria, por órdenes de sus directivas nacionales, están pasando al cobro judicial a los deudores. ¿Demagogia legislativa o altos funcionarios que tienen la prerrogativa de violar la letra y el espíritu de las leyes.
