En 1995 se le impuso a la Triple A asociarse a Inassa, socio extranjero al que se le otorgó el mando de la empresa con el cuento de que manejaría muy bien el servicio. Esto no sucedió, pero sí se quedó con el 43 por ciento de las acciones, mientras que la participación de la Alcaldía bajó del 85 al 50 por ciento.
Empezando el siglo XXI, la concesión de la Triple A se amplió de 2013 a 2033 y la participación de la Alcaldía se redujo, primero, al 35 por ciento, cuando Inassa pasó a controlar el 60 por ciento. Y una vez Canal Isabel II se quedó con Inassa, los extranjeros se adueñaron del 82 por ciento de la Triple A y Barranquilla terminó con el 14 por ciento.
Hoy está probado que en la Triple A los españoles cobraron 329 mil millones de pesos por una “asistencia técnica que no se hizo”, evadieron impuestos y no invirtieron “ni un solo euro”. Sus “ganancias” las obtuvieron repartiendo sobornos a españoles y colombianos.
LAS PRUEBAS DEL SAQUEO
S egún la Justicia española, Ignacio González, jefe de Canal Isabel II, dirigió una organización en la que hubo “prevaricato, concierto para delinquir, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental”.
Edmundo Rodríguez, presidente de Inassa, aceptó que cobraban “por una asistencia técnica que no daba, (…) mensualmente, como unos dos millones de dólares”. Y Ramón Navarro, gerente de Triple A, confesó contratos falsos por 29.300 millones de pesos.
La Fiscalía de Colombia inició la extinción del dominio de las acciones de Inassa en la Triple A, la Procuraduría demandó el contrato de asistencia técnica y la Sociedad de Activos Especiales constató que en la Triple A hubo “contratación sin vigilancia y control”.
Es cierto que las empresas públicas de Barranquilla operaban mal. Pero, con la trampa de presentar a la Triple A como la panacea, unos vivos extranjeros y criollos se la tomaron para saquearla. Y esta privatización fue exigida por el Banco Mundial, poder global que en 2000 les indicó a los de Canal Isabel II: vayan al Caribe colombiano que allá hay un buen negocio.
El “entramado criminal”
Fiscalía y Procuraduría han documentado cómo en Inassa y la Triple A se montó un “entramado criminal” para tumbarse medio billón de pesos, cobrando por una asistencia técnica que nunca prestaron, por contratos ficticios y maniobras con los subsidios a las tarifas.
Fue tal el mal manejo de la Junta Directiva de la Triple A, que una firma inglesa de auditoría encontró, solo entre 2012 y 2016, contratos “irregulares” por 97.500 millones de pesos. También debe investigarse cómo fueron los contratos que por 295 mil millones de pesos firmó la Triple A con algunos de sus accionistas menores.
E Inassa cuenta como suyos 237 mil millones de pesos de los activos de Triple A, suma que podría no revertirse a la Alcaldía en 2033. Además, el conocido William Vélez ha recibido 496 mil millones de pesos por el contrato de aseo, el cual se ha renovado, sin licitación, cuatro veces. Si las investigaciones en Colombia van al fondo, es seguro que encontrarán más esqueletos dentro de los armarios.
El “pelotazo” de los 70 millones de dólares
En España se le llama “pelotazo” al hecho de enriquecerse rápida y fácilmente, igual a lo que se dio en torno a la Triple A. Ocurrió cuando, en 2000, el español y exgerente de la Triple A, Francisco Olmos, y los encopetados barranquilleros Enrique Gerlein, Luis Cárdenas Gerlein y Luis Nicolella, entre otros, compraron por siete millones de dólares el control de Inassa, empresa que mandaba en la Triple A. Y solo doce meses después le vendieron el 81 por ciento a Canal Isabel II por 73 millones de dólares, ¡multiplicando por diez lo que pagaron!
Un torcido evidente que la Justicia española está intentando desenredar, pues hicieron “la vuelta” con una compañía radicada en Panamá, país con una legislación que facilita la corrupción. Sin haber salido a luz todos los detalles, la plata que se perdió es de los barranquilleros y de los colombianos.
Alcalde Char: Termine la concesión de la Triple A
Los barranquilleros deben unirse contra los pillos que los han robado y poner el agua y el aseo al servicio del progreso de la ciudad, manteniendo lo bueno y arreglando lo malo. Como lo exige la Procuraduría, el alcalde Char debe acabar con el falso contrato de asistencia técnica. Debe también extinguirse el dominio de las acciones de Inassa en la Triple A, porque el crimen no puede otorgar derechos.
Pero lo principal es que el alcalde Char –que puede hacerlo– dé por terminada la concesión de la Triple A, para que el acueducto y el aseo vuelvan a manos de la ciudad, y sus utilidades, de 72 mil millones de pesos anuales, se usen para bajar las tarifas o para invertirlas en el progreso de Barranquilla.
Esto, que es correcto y factible, es lo mejor para los sectores populares, las clases medias y el empresariado. Lo prueba Medellín, donde EPM le gira a la ciudad más de un billón de pesos anuales.
