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Contra la Corriente
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JULIO MARIO, LUIS CARLOS, CARLOS Y YO (2)
Jorge Enrique Robledo Castillo
En 1996 escribí: “El título de este artículo se refiere, como es obvio, a Julio Mario Santodomingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle y Jorge Enrique Robledo Castillo. Y no se piense que me coloqué de cuarto en la lista por un incontrolable ataque de arribismo o porque me convertí en candidato para una temporada en el manicomio. No. Los lectores que no pierdan la paciencia verán que figuro en el listado con todo derecho, porque tampoco se trata del caso de sumar factores de diferente calidad, lo que los docentes de matemáticas explican como el error de agregar, por ejemplo, papayas y aguacates.
En 1994, los enumerados tuvimos ingresos (ganancias ellos) así: Julio Mario, 254 mil millones de pesos; Luis Carlos, 146 mil millones de pesos; Carlos, 78 mil millones de pesos y yo… mejor no lo confieso, para no someter a escarnio el precario sueldo que recibimos en la Universidad Nacional de Colombia y para no facilitarle una sonrisa burlona a mis malquerientes. Sin embargo, no existe error en el título de este artículo, y no sólo porque los cuatro nacimos en Colombia.
Lo que permite colocar en la misma lista a tres de los mayores magnates del país y a un profesor universitario que vive exclusivamente de su trabajo, es que las viviendas que habitamos los cuatro pertenecen al Estrato Seis en las tablas de las tarifas de los servicios públicos, los gravámenes de valorización y el impuesto predial. Por obra y gracia de un truco casi mágico de quienes gobiernan a Colombia, fui elevado a la categoría de los poseedores de las chequeras mejor dotadas de la nación. No sé cómo agradecerles tan amabilísimo detalle. Apenas resta esperar que cuando me acerque a un banco a solicitar un crédito tan abultado como los que consiguen mis pares, el gerente se desviva en atenderme y no me exija garantía distinta a demostrarle que Julio Mario, Luis Carlos, Carlos y yo…”
Esta especie de refrito de un artículo viejo la hago porque lo dicho no sólo no ha perdido su vigencia sino que la ha aumentado, en la medida en que los magnates no han dejado de serlo, en tanto las capas medias del país sí se vienen convirtiendo en una especie en vías de extinción, realidad que no los exime de tener que pagar —en muchos casos con la plata de la comida, la educación y la salud de sus familias— unas tarifas de los servicios públicos confiscatorias, las cuales se justifican por el “crimen” de vivir en los estratos 5 y 6. Si algo requiere de un debate público y de una modificación profunda es el truco de las estratificaciones, uno de los pretextos usados para elevar hasta el absurdo las tarifas en las que se sustentan las privatizaciones neoliberales. ¿No es el modelo de estratificación definido por Planeación Nacional, según la orientación del Fondo Monetario Internacional, un auténtico adefesio? ¿Quién, con tres dedos de frente, puede atreverse a demostrar que por el simple hecho de vivir en el mismo barrio se tiene la misma capacidad de pago? ¿Qué pasa con quienes pierden sus empleos o sus negocios o se jubilan? ¿Con qué sentido de lo democrático puede justificarse que a los de los estratos 5 y 6 les hayan clavado un impuesto del 20 por ciento sobre el costo de sus facturas? ¿No es una forma solapada de notable empobrecimiento que las tarifas lleven más de una década subiendo por encima de la inflación general? ¿No se está demostrando que el mecanismo de defensa ciudadano de consumir menos agua, energía y teléfono sólo termina por facilitarles a los monopolistas los incrementos de las tarifas? ¿Hasta cuándo podrá sostenerse la política de convertir el elemental consumo de los servicios públicos en algo parecido a un lujo que debe ser castigado?
Y con las diferencias del caso —pero agravadas, por supuesto— puede analizarse la situación de los barrios de los estratos 1, 2, 3 y 4, en los cuales también las alzas en las tarifas están haciendo estragos, al quitarle a la gente —y no es una exageración— el pan de la boca.
Manizales, 15 de enero de 2001.
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Contra la Corriente
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LAS CAUSAS DEL DESASTRE ARGENTINO
Jorge Enrique Robledo Castillo
El descuadernamiento de Argentina viene de lejos, agravándose de crisis en crisis, cada una peor que la anterior. Sus problemas empezaron en la década de 1970, cuando, imitando al sanguinario dictador chileno, el gobierno de Maria Estela Perón abrió la economía del país. Antes de que lo nombraran ministro de Hacienda, Rudolf Hommes explicó lo ocurrido allá: “los mercados internacionales son oligopolios más competitivos y la primera víctima de la competencia internacional sería la industria nacional, como lo comprobaron Martínez de la hoz y los Niños de Chicago con grandes costos sociales para Argentina y Chile” (citado por Kalmanovitz, Salomón, 1990).
A partir de ese momento, en que también se decidió desproteger el agro, el Fondo Monetario Internacional impuso o prohijó cuanta política neoliberal pueda imaginarse, todas dentro de la concepción de golpear el ahorro y el trabajo nacional sustituyéndolos por los de los extranjeros, mediante el endeudamiento y las inversiones foráneas, la venta a menosprecio del patrimonio nacional y el empobrecimiento de las capas medias y el pueblo, en una orgía de corrupción y especulación financiera. Anunciando lo que vendría, en la crisis de los años ochenta, el gobierno asumió las deudas externas de los bancos privados en bancarrota, sometiéndose al chantaje de los prestamistas (Roddick, Jackeline, 1990).
La peor fase del proceso se inició con Carlos Menem, ese histrión convertido en Presidente que tan bien representa a los “héroes” de esta etapa de la historia latinoamericana. El sector público, uno de los mayores del continente, se ferió en tal mar de corrupción que sus telecomunicaciones se les entregaron a los monopolios extranjeros por 650 millones de dólares y, según Bussines Week, “¡que negocio!: el valor total de las dos compañías ha sobrepasado el monto de los nueve mil millones de dólares”. Para darle garantías absolutas al capital financiero foráneo, Domingo Cavallo, su ministro de Hacienda, igualó el valor del peso con el dólar, forma de dolarización copiada de las “juntas de divisas” que utilizaron los imperios europeos en sus colonias africanas (Krugman, Paul, 1999), la cual condujo a abaratar lo importado y empeorar la ruina de la industria y el agro. Es casi increíble que esa medida –propia de un cipayo, como es obvio–, la presentaran los neoliberales como una genialidad.
Al mismo tiempo, la deuda externa se llevó a 132 mil millones de dólares, en tanto las inversiones extranjeras alcanzaron 60 mil millones de dólares en los cuatro últimos años de la década de 1990. Es tanta la quiebra argentina, y ha llegado a tanto su aprovechamiento por parte de los especuladores, que sus últimos créditos los han ofrecido con tasas de interés –¡en dólares!– del 45 por ciento sobre las de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y es tan grande la desnacionalización de la propiedad, que Benneton posee 300 mil hectáreas de tierras rurales en ese país. Si tuviera razón el FMI, Argentina debería ser el paraíso terrenal, según son sus niveles de deuda e inversión extranjera.
Su reciente estallido social, con la cuota de muertos y heridos que produjo la represión del gobierno, es el resultado inevitable de los efectos de la aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional, las cuales han incluido –tenían que incluir– una runfla de medidas contra el pueblo: reducciones de los salarios y la pensiones, aumentos del IVA, despidos masivos en los sectores privado y oficial, disminución del gasto público, imposición del impuesto del seis por mil, pagos a los empleados no con pesos sino con unos papeles llamados “patacones” y congelamiento de los dineros de las cuentas bancarias. Y lo peor del caso es que ya se escucha a los sabelotodo del neoliberalismo pontificando que Argentina puede hacer cualquier cosa, hasta matar de hambre a cada uno de sus habitantes, menos modificar las políticas que la tienen postrada. ¡Que los colombianos, que vamos por el mismo camino, nos preparemos para lo peor!
Coletilla: no pudo haber escogido la coalición que manda en Caldas a un mejor gobernador para representarla. Prueba de ello, su decisión de no pagarles lo que les debe a los maestros y despedir a la mitad de los empleados del departamento.
Manizales, 27 de Diciembre de 2001.
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EL ACTO LEGISLATIVO Nº 012
Jorge Enrique Robledo Castillo
Por iniciativa del gobierno nacional, y con la alcahuetería acostumbrada, el congreso de la república ya aprobó en primera vuelta el Acto Legislativo Nº 012, dándole inicio al proceso de modificar los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución, procedimiento que esperan completar en los próximos meses. Esos artículos son los que les dan sustento a las ya insuficientes transferencias de recursos que el gobierno nacional les hace a los municipios y departamentos y que financian el llamado “situado fiscal” para salud y educación, a la par que constituyen la base legal que impide que disminuyan las partidas de la nación para las universidades públicas. Y la reforma también posibilita la eliminación de los aportes parafiscales que nutren al Sena, el Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación.
Con la cara dura que los caracteriza, los altos funcionarios de la administración Pastrana han intentado ocultar con galimatías lo que fraguan. Pero los documentos oficiales los condenan. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se establece que “el más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público” será la reducción de las transferencias del gobierno nacional. A su vez, la Federación Nacional de Concejales y Fescol calcularon lo que se va a perder: 19 billones de pesos en los próximos diez años, lo que se traducirá en “la limitación en 2.407.178 cupos en la expansión del régimen subsidiado de salud, equivalentes al 27 por ciento de su cobertura actual, y de 1.416.000 cupos en las escuelas públicas, reduciendo del 90 al 83 por ciento la tasa de cobertura esperada para el 2010”.
Además, al desaparecer el situado fiscal se acabarán los recursos de destinación específica para salud y educación, dejando las platas que queden para esos sectores sometidas a las arbitrariedades de los gobernantes de turno y a los cambalaches del Ejecutivo con los congresistas. Complementario con el recorte, el gobierno también alista una reforma tributaria que aumentará los impuestos departamentales y municipales porque, según dicen los sabihondos de las agencias internacionales de crédito, en las regiones es poco el “esfuerzo fiscal”.
La alternativa que se ofrece en salud ya se conoce: que cada enfermo que no tiene derecho a nada se las arregle como pueda, lo que, si bien le va, en muchos casos no pasa de ser consultarle a un yerbatero y ponerle la fórmula de la receta al Sagrado Corazón. Y en el caso de la educación lo que se busca es el “Nuevo Sistema Escolar”, típica política privatizadora. Con ella el gobierno le tirará a cada institución la escasa suma que resulte de dividir unos recursos cada vez más pequeños por el número de establecimientos que queden, a lo que se le agregará que los rectores ya no serán académicos sino “gerentes”, impelidos a amontonar niños como gallinas en cada aula, a conseguir profesores bien mal pagos y a destajo, a eliminar laboratorios y bibliotecas donde los hay y a cobrarles a los empobrecidos padres de familia cuanto puedan sacarles, es decir, bien “eficientes”, en la jerga neoliberal. Por primera vez en la historia de Colombia, el Estado quedaría sin la responsabilidad, formal y legal, de aportar lo que se requiera para educar a los colombianos (!).
La barbarie que significa recortar los gastos públicos en salud no hay necesidad de argumentarla, y menos cuando se sabe que los notables avances de la medicina están indisolublemente atados a prácticas y drogas cada vez más costosas. Y en educación de lo que se trata es de montar instituciones y cubrimientos tan subdesarrollados como subdesarrollado es el país que está imponiendo la globalización norteamericana. Nuevamente, queda al desnudo la demagogia sobre la “importancia de la educación” con la que se han dado tantos aires los tecnócratas neoliberales.
Y quien lea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional verá que las sumas recortadas ni siquiera se destinarán a otros aspectos del progreso del país. En tres ocasiones, allí se precisa que se deberá reducir cualquier gasto menos el pago de intereses, afirmación que se reitera para nadie dude que los colombianos no se gastarán en salud y educación lo que está destinado a seguir engordando al capital financiero.
Manizales, 13 de marzo de 2001.
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TELEVISIÓN A PRECIO DE ORO
Jorge Enrique Robledo Castillo
Como en el resto del país, hasta hace unos años, en Manizales apenas entraban dos canales de televisión. Después, mediante parabólicas, asociaciones de vecinos les llevaron a miles de familias señales vía satélite, y apareció Cable Unión, empresa comercial con un cubrimiento menor. Poco a poco, la oferta creo el mercado de la televisión extranjera, pues ya quienes no la tenían sentían que algo les faltaba. El proceso se facilitó porque en la ciudad hay muchos barrios y zonas en las que, por falta de suficientes antenas repetidoras, los canales públicos no entran o lo hacen de manera deficiente y porque el servicio de las parabólicas sin ánimo de lucro se prestaba a un precio relativamente módico, del orden de cinco mil pesos mensuales por vivienda.
Entonces, Empresas Públicas de Medellín —que controla Emtelsa, la antigua telefónica de Manizales— montó EPM-TV y decidió convertir en un excelente negocio lo que era más un servicio del que disfrutaban los manizaleños de todos los sectores, incluidos los de los barrios populares. Así, se dio a la tarea de comprar las redes que pudiera y especialmente las que habían construido las comunidades mediante organizaciones sin ánimo de lucro, lo que hasta motivó reclamos de los afectados porque no les consultaron las ventas de sus propiedades. A paso seguido, y como era obvio, donde el mercado fue monopolizado por EPM-TV y Cable Unión las tarifas subieron a 18 mil pesos mensuales para los estratos 1, 2 y 3 y a 25 mil pesos para los demás, incrementos que hasta quintuplicaron los pagos. Si en la Comuna Cinco todavía hay tarifas de diez mil pesos fue porque esa comunidad, antigua propietaria de la comunitaria Satelco-Monteleón, protestó y porque reciben menos canales. Y se sabe que la tendencia es llevar las tarifas a niveles de cuarenta mil pesos y más ¿La explicación? Que hay que pagarle impuestos al gobierno nacional y regalías a las señales extranjeras codificadas, a lo que le suman la tesis de que “este es un negocio y no un servicio”, el cual, por lo demás, no tiene ningún control oficial.
Casualmente, en el mismo momento en que EPM-TV se abalanzaba sobre el mercado, el monopolio que controla los canales internacionales codificados les canceló las suscripciones a las tres organizaciones comunitarias que se negaron a vender sus redes, con lo que éstas quedaron en obvia desventaja, padeciendo, además, porque la Comisión Nacional de Televisión les ha puesto trabas para otorgarles su reconocimiento. Y a la hora de escribir estas líneas, avanza el proceso de Cable Unión de quedarse con la parabólica de los vecinos del barrio La Enea.
Como se sabe, cualquier monopolio privado que logre constituirse se aprovecha de esa condición para disparar sus ganancias, y más si, como sucede en este caso, el Estado no le controla las tarifas. Y este hecho, de por sí negativo, se agrava en Manizales, donde —hay que repetirlo— las señales públicas no entran en miles de televisores, con lo que pagar el cable al precio que sea más que una opción es una imposición. ¿Cómo justificar que para ver, por ejemplo, los noticieros colombianos haya que desembolsar hasta 300 mil pesos anuales? ¿Y quién es capaz de defender que esto se les imponga a los estratos uno, dos y tres? ¿No es una vergüenza que en el siglo XXI no entren en cada hogar de la capital de Caldas las señales públicas de la televisión, señales que no son realmente gratuitas porque las paga todo el mundo mediante las propagandas que emiten, y así no las pueda ver?
Resolver este problema —en especial urticante porque se trata de un medio que es casi la única distracción que tienen tantos manizaleños— exige tres avances: que la ciudadanía consiga algún tipo de control sobre las tarifas de la televisión por cable, que puedan seguir funcionando sin problemas los canales comunitarios y que el alcalde logre que el gobierno nacional ponga en Manizales cuantas antenas repetidoras sean necesarias para que todas las señales públicas entren perfectamente bien en cada vivienda de la ciudad o que tome la decisión de instalarlas por cuenta del municipio.
Manizales, 29 de marzo de 2001.
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LA CRISIS DE TELECOM
Jorge Enrique Robledo Castillo
La revista Semana llama a los contratos de “riesgo compartido” de Telecom con seis transnacionales “el peor negocio de la historia”. Y no es para menos, porque en una operación en la que la empresa no debía aportar ni un peso –pues los aportes y ganancias de los inversionistas se pagarían con las ventas y las tarifas de las líneas telefónicas que se instalaran-, puede terminar pagando entre 800 y 1.855 millones de dólares, cifra que habrá que agregarle a los 203 millones de dólares que ya aportó. Además, cada una de las líneas instaladas le costará entre 1.222 y 2.172 dólares, precios que contrastan con los cerca de 500 dólares en que se consiguen en el mercado. Para darse una idea de la plata en juego, digamos que el negociado de Dragacol gira en torno a 11.5 millones de dólares y el de TermoRío a 61 millones.
Este gran descalabro financiero, con cara de negociado, tiene origen en 19 contratos de Riesgo Compartido (joint ventures) que la empresa firmó, entre 1993 y 1997, con las transnacionales Alcatel, Nortel, Ericcson, Siemens, Itochu y Nec. Según la teoría de este negocio, típico de la privatización neoliberal, y con el argumento de que los monopolios extranjeros arriesgaban sus inversiones y ganancias, se pactaron condiciones de fábula para éstos: invertirían 1.527 millones de dólares y sacarían 2.368 millones, es decir, 55 por ciento de utilidades en dólares, porque se les aceptó una Tasa Interna de Retorno del 12 por ciento, cuatro puntos por encima de la tasa de interés de la Libor, o sea 50 por ciento más costosa que un crédito internacional. Como se ve, incluso aceptando que el riesgo de los inversionistas privados existía, el negocio era pésimo para Telecom y el país.
Pero en la letra de los contratos los acuerdos eran peores, pues casi todo el riesgo, que se supone era compartido con las transnacionales, lo asumió Telecom. Si las tarifas, el número de llamadas y los cargos de conexión disminuían en relación con lo calculado al firmarse los negocios, pagaba Telecom; si la devaluación aumentaba, pagaba Telecom; y si la cartera crecía, también pagaba Telecom. Incluso, en los dos primeros pactos se estableció que si las líneas instaladas no se vendían, de todos modos las pagaba Telecom. Estas cláusulas leoninas son las que explican por qué la empresa está dispuesta a pagarle a los inversionistas un precio de rescate de 800 millones de dólares, los cuales se les agregarían a los 1.143 millones que ya han recibido por facturaciones y por aportes de Telecom. Mas como éstos alegan que en todos los contratos Telecom se comprometió a asegurarles las ganancias acordadas, así cayeran los ingresos y las líneas instaladas no se vendieran, entonces exigen que el rescate llegue a 1.855 millones de dólares.
También son motivo de sospecha las cifras en las que se basaron los contratos, como se deduce de que se contrató la instalación de 1.800.000 líneas, pero, ante la ausencia de compradores, las instaladas se redujeron a 1.590.000 y de éstas hay más de 413.000 sin vender. Y “errores” parecidos ocurrieron con los ingresos calculados por tarifas y conexiones, los cuales se sobrestimaron en 72 por ciento.
La “solución” del gobierno a hechos de tanta gravedad consiste en aceptar que la deuda no es menor a 800 millones de dólares, plata que, como no la tiene Telecom, se conseguiría a partir de un crédito externo de 600 millones de dólares, el cual se garantizará mediante la pignoración al gobierno nacional de la telefonía local de la empresa, que alcanza 1.6 millones de líneas, lo que abre el camino de su pérdida y posterior privatización. Y, con el pretexto de “solucionar” la crisis de Telecom, también se les está exigiendo a sus trabajadores que entreguen sus derechos en salarios, pensiones, estabilidad laboral, primas, etc.
Va una década de medidas en contra de Telecom, las cuales empezaron con el intento del gobierno de Gaviria de vender la empresa, siguieron con la entrega a los particulares del negocio de la telefonía celular, avanzaron con la imposición de dos competidores en la telefonía de larga distancia y concluyeron con los contratos de joint ventures. Definitivamente, el neoliberalismo no se detendrá ante nada con tal de entregarle las telecomunicaciones de Colombia al capital extranjero.
Manizales, 18 de abril de 2002.
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Y SE SUPO…
Jorge Enrique Robledo Castillo
En la mitad del siglo XIX, Charles Darwin planteó su teoría sobre el origen común de las especies, explicó las diferencias y similitudes entre ellas como el producto de la evolución y señaló el parentesco de los seres humanos con los primates. Como era obvio, un enorme revuelo se formó en la cúpula del imperio inglés, el cual, como todos los de su género, justificaba sus tropas de ocupación colonial y sus intercambios comerciales leoninos por la supuesta superioridad racial de los británicos. En medio del escándalo, la señora del arzobispo anglicano de Worcester le escribió a su esposo: “Querido, ¡descendemos del mono! Esperemos que no sea cierto; pero, si lo fuera, recemos para que no se entere todo el mundo”.
Pero lo planteado por Darwin no solo resultó cierto sino que también se supo. Durante más de siglo y medio, incontables restos fósiles hallados en toda la tierra confirmaron las hipótesis del genial naturalista, hasta el punto de poder elaborar los mapas que relacionan a todas las especies entre sí y confirman que los seres humanos modernos evolucionamos desde el mismo homínido que le dio origen a nuestros parientes más próximos: los chimpacés, gorilas, orangutanes y gibones. Y en el proceso de estas investigaciones también se concluyó que los más remotos antepasados del hombre son oriundos del África.
La más reciente confirmación de estas tesis —la que podría llamarse “la prueba reina”— acaba de ser aportada de manera definitiva por los estudios sobre el ADN que permitieron dilucidar el genoma humano. Según éstos, la humanidad comparte el 70 por ciento de su material genético con los ratones, el 50 por ciento con la mosca del vinagre y el 20 por ciento con las lombrices de tierra y la levadura, por ejemplo. También quedó establecido que todos los seres humanos compartimos el 99.8 por ciento de nuestros genes y que personas de diferentes grupos étnicos pueden ser más similares entre sí que individuos dentro de la misma etnia, ratificando la irrelevancia de particularidades tan superficiales como el color de la piel. Y el cuadro se completa con la afirmación de la revista científica ‘Nature’ de que “todos somos africanos”, titular con el que sintetizó las últimas investigaciones realizadas sobre el ADN mitocondrial y que de manera inapelable demostraron que los hombres modernos aparecieron en ese continente 171.500 años atrás (con un margen de más o menos 50.000 años), desde donde emigraron hacia el resto del globo hace unos 52.000 años (con un margen de más o menos 27.500 años).
Entonces, no obstante la importancia mayúscula de los recientes avances genéticos con respecto al tratamiento de las enfermedades humanas y la manipulación de vegetales y animales, eso no es lo más digno de resaltarse. Lo principal resulta ser que han quedado derrotadas para siempre las concepciones que intentaron explicar las diferencias de desarrollo entre las naciones a partir de teorías racistas, bien fuera que esas ideologías se expresaran de maneras tan burdas como lo hicieron los nazis o como las más sutiles que “explican” el menor desarrollo económico latinoamericano porque la mezcla con los negros y los indios “dañó” la calidad superior de la “raza” blanca.
En adelante todos, exceptuando ignorantes y fanáticos, tendremos que coincidir en que las diferencias evolutivas entre las naciones no tienen origen en los respectivos equipajes genéticos sino en sus evoluciones económicas, sociales, políticas y culturales, las cuales, a su vez, dependen de las orientaciones que hayan recibido de sus clases dirigentes y particularmente de definir de manera autónoma su propio destino, el requisito insustituible del desarrollo de los pueblos.
Que los que han mal dirigido a Colombia por tanto tiempo dejen de echarle la culpa a los genes de la nación de los muchos problemas país y que a la hora de buscar a los responsables de lo que ocurre, simplemente, se miren en el espejo.
Manizales, 14 de Abril de 2001.
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¿INDEPENDIENTES DE QUÉ?
Jorge Enrique Robledo Castillo
Hace unas semanas, en el programa del senado en la televisión, salió Juan Gabriel Uribe opinando sobre cualquier tema. Y en la parte baja de la pantalla apareció un letrero que decía: “senador independiente”, a pesar de que, como se sabe, éste es un pastranista Triple A.
En medio del enorme descrédito que toda razón acompaña a los viejos caciques liberales y conservadores, aparecer como independiente en política se volvió un buen negocio. No obstante, en muchos de esos casos ese rótulo apenas intenta ocultar que la autodenominada independencia es solo un truco que se esgrime para adquirir ventajas en la lucha política por el poder burocrático local y nacional, pues, en los asuntos de fondo, en los que le determinan el rumbo a la nación, unos y otros son pájaros de la misma pajarera.
La independencia, en sí misma, no constituye ninguna virtud. Por ejemplo, Pablo Escobar fue independiente de la policía, y no por ello se hizo merecedor del respaldo ciudadano. Y lo mismo puede afirmarse de quienes no tienen ninguna relación de dependencia con el concienzudo estudio de los problemas nacionales, o con el patriotismo o el valor civil. La independencia clave en la Colombia de hoy es la que se asuma frente a la políticas neoliberales que destruyen el país, medidas que tienen indiscutible origen en imposiciones del Fondo Monetario Internacional que violan de manera flagrante la soberanía nacional, es decir, la capacidad que debemos tener los colombianos de decidir sobre lo que mejor le conviene a nuestros asuntos, sin injerencias externas.
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Cuando, hace un año, Unidad Cafetera y Salvación Agropecuaria anunciaron su marcha nacional a Bogotá, el ministro de Agricultura le opuso a su propuesta de condonar las deudas el llamado Pran Cafetero para refinanciarlas. Luego, a mitad de año, en medio de la preparación del Paro Nacional Agropecuario, el personaje volvió y habló, para estorbar su realización, del Pran Cafetero. Después, el día en que Pastrana anunció el subsidio del Estado al precio interno que ganaron con su lucha los caficultores, también presentó el ya famoso Pran. Y en octubre del 2001, para calificar como sin razones el Congreso Nacional Agropecuario, el gobierno nacional volvió a vociferar sobre la misma medida. Pero hoy, después de un año, mientras los intereses bancarios se comen lo poco que les queda a los productores endeudados, el Pran Cafetero todavía no se aplica, en tanto el ministro de Hacienda ya anunció el recorte del subsidio al precio del café. Ahora, con doce meses más de razones, hay que insistir en la lucha por ganar que el Estado respalde con generosidad el precio interno y condone las deudas bancarias de los cultivadores del grano.
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No cesa la arremetida contra la educación de los colombianos. Por iniciativa del Ejecutivo, el año pasado el Congreso aprobó el Acto Legislativo 012 y la Ley 715, que apuntan a privatizarla, empeorar su calidad y golpear los derechos salariales y prestacionales del magisterio. Lo que sucede en escuelas y colegios, más las cada vez mayores protestas de los alcaldes engañados por la propaganda oficial, demuestra que las denuncias de Fecode sí eran ciertas. Además, el 31 de diciembre pasado, de manera subrepticia, el gobierno expidió el Decreto 2912, el cual, al golpear de varias maneras los derechos del profesorado, también atenta contra la educación de los colombianos.
Y, en el colmo de los colmos, el Ministerio de Educación acaba de sacarse de la manga una disposición que señala que en los colegios de Colombia no más de dos estudiantes de cada curso pueden perder el año lectivo, medida que nos tiene indignados a los directivos y profesores de las instituciones públicas y privadas de educación del país, pues estimula el facilismo y la mediocridad de todos los estudiantes. Si no se conocieran los propósitos del neoliberalismo, cualquiera pensaría que se trata de un error.
Manizales, 22 de febrero de 2002.
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NO MÁS PRETEXTOS: QUE PAGUEN LO QUE DEBEN
Jorge Enrique Robledo Castillo
Presionado por sus afanes electorales, en carta publicada en La Patria el pasado 6 de enero, al senador Víctor Renán Barco le tocó salir a exculparse y a exculpar al gobernador de Caldas por su decisión de no pagar los 21 mil millones de pesos que el departamento les debe a los educadores por trabajo ya realizado. Según él, la culpa la tienen el ministro de Educación, quien se “negó de manera enfática” a ordenar el pago de los salarios, y una sentencia de la Corte Constitucional que Barco interpreta como opuesta a la cancelación de la deuda y que le dice a su gobernador debe acatar con toda mansedumbre.
Poco le luce a Barco responsabilizar a la administración Pastrana de este golpe a los maestros, porque en su carta, y en los hechos, está claro que se coludió con ella para utilizar la retención de los salarios como un instrumento en contra de la lucha del magisterio; porque, y él tiene que saberlo, el ministro de Educación no puede ordenar ese pago, dado que el único ordenador del gasto en Caldas es su gobernador; y porque la sentencia de la Corte Constitucional lo que dice es que no puede pagarse el tiempo no laborado, y aquí sí se trabajó. Por lo demás, hay un hecho que los condena sin atenuantes: 27 gobernadores de Colombia ya les pagaron a los maestros. Lo positivo de su alegato es que no insiste en el cuento de sus pupilos de que no pagaban por causa de las “palabras disonantes” de un directivo del sindicato de educadores. Y a propósito, ¿qué hicieron con la plata que deben en este pleito?
Con su conocido estilo, Barco también me echó su puya para que el debate lo demos en “campos más propicios” –para sus contradictores, habrá que suponer. Pues bien, peor que no pagarles a los maestros lo que sin duda con responsabilidad ganaron, es que, con el respaldo de La Coalición que mangonea a Caldas desde hace 30 años, el gobierno arremetió contra la educación pública mediante el Acto Legislativo 012. Está comprobado hasta la saciedad que esa reforma constitucional sí era un proyecto privatizador, el cual, además, recortó el presupuesto de educación y salud en más de nueve billones de pesos. Y con la reforma de la Ley 60, también aprobada por ellos, se pavimentó el camino para aumentarles los pagos en las escuelas y colegios a los padres de familia, deteriorar aún más la calidad de la enseñanza y golpear de manera sistemática los derechos laborales de los docentes. A lo anterior se le suma que su gobernador en Caldas aplicó el “convenio de desempeño” que le suscribió al gobierno nacional, pacto que desarrolla la idea neoliberal de que a los pobres se les debe asegurar una educación “apropiada” para ellos, es decir, bien pobre.
Y estas posiciones no deben sorprender a nadie que esté al tanto de cómo se ha votado en el Congreso, porque con los votos de los senadores y representantes de La Coalición se aprobaron todas las exigencias del Fondo Monetario Internacional de la última década. Por ejemplo, respaldaron la Ley 50 contra los derechos laborales, la Ley 100 que golpeó la salud y las pensiones al convertirlas en un vulgar negocio del capital financiero, la Ley 142 que impuso la privatización a menosprecio de las empresas de servicios públicos y disparó sus tarifas, la Ley 99 que les clavó el llamado impuesto por contaminación a los cafeteros y la Ley 617 que definió la masacre laboral en las alcaldías y gobernaciones. Además, Barco terminó convertido en el “senador estrella” porque casi todos los años ayuda a estrellar a los colombianos contra una nueva reforma tributaria.
El secreto de los clientelistas de Caldas reside en que, mediante sus procedimientos, se consiguen los votos necesarios para llegar al Congreso y, una vez allí, se someten a cualquier política que el Fondo Monetario Internacional le fije al poder Ejecutivo, venias que les pagan con los puestos, auxilios y contratos que requieren para aceitar su maquinaria. Y las gentes ignoran cómo y quiénes deciden en Bogotá en su contra, con lo que sus desgracias no tienen responsable conocido en las regiones, en tanto sí conocen el nombre, la foto y el número del tarjetón de quienes en cada elección les hacen demagogia y les tiran un tamal y un carnet del Sisben.
Manizales, 9 de enero de 2002.
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EL ALCA: EL PUNTILLAZO
Jorge Enrique Robledo Castillo
Una vez Colombia empezó a sentir la baja de sus aranceles a las mercancías extranjeras impuesta por la apertura, las importaciones superaron a las exportaciones en un promedio de dos mil quinientos millones de dólares anuales. Y si en 1999 se igualaron fue porque lo importado cayó en picada, dada la brutal reducción del consumo generada por el hundimiento de la economía nacional. En la lona está el agro, de donde desaparecieron ochocientas mil hectáreas de cultivos transitorios bajo el peso de más de siete millones de toneladas de productos importados al año, y sufrió muchísimo la industria, aunque sus dirigentes gremiales lo callen, como lo ilustra que su producto disminuyera 12.8 por ciento en 1999. Todos los restantes males económicos que nos azotan tienen origen en que el país no pudo competir contra los grandes capitales y subsidios foráneos y en que para “atender” ese desastre —que estaba anunciado— los neoliberales convirtieron a Colombia en un paraíso de la especuladores financieros, empezando por los de allende las fronteras.
No obstante lo anterior —o mejor, precisamente por ello— la administración Pastrana decidió someter el país al Área de Libre Comercio de las Américas —ALCA—, el acuerdo que deberá terminar de “negociarse” el 31 de diciembre del 2004 y que apunta a crear un sólo gran mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, lo que significa agravar aún más la desprotección del mercado nacional, incluso reduciendo los aranceles por debajo de los establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Pero antes de continuar, es bueno advertir que toda la producción agraria e industrial colombiana sobreviviente tiene, frente a países diferentes a Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, algún tipo de protección por aranceles o por cuotas de importación, con lo que, por ejemplo, el arroz, el azúcar y los automóviles importados tienen que pagar impuestos del 72, el 46 y el 30 por ciento, siendo esos gravámenes los que explican por qué esos productos no han desaparecido de la producción nacional.
Como la mayor apertura que busca imponer el ALCA es con todos los países del continente, unos nos golpearán por sus desarrollos y otros por sus pobrezas. Entre los primeros aparecen Estados Unidos, obviamente, y Canadá y México, este último simple maquilador de los monopolios gringos que exportan desde allí, aunque también son de temer Brasil y Argentina, con establecimientos industriales y agropecuarios más poderosos que los colombianos. Y en el segundo grupo están los demás, fuertes competidores en razón de sus miserables condiciones laborales, como lo vienen demostrando las crecientes importaciones a Colombia de productos del Ecuador, incluidas las de café. Pero, de lejos, las grandes beneficiadas con el ALCA serán las transnacionales norteamericanas, así algunas decidan instalarse en otros países del continente a la caza de mano de obra barata y de acuerdo con los “intereses nacionales” estadounidenses, como en cada decisión que toman les gusta refregarlo a sus presidentes. Tan peliagudas aparecen las cosas que, en El Tiempo del 2 de febrero de 2001, Myles Frechette advirtió que Bush escogerá los acuerdos “que sean más provechosos para E.U.” y preguntó: “¿Estará listo el sector privado para competir con los productos norteamericanos antes del 2004?”.
Claro que los colombianos que trabajan con las transnacionales que operan en el país y la tecnocracia neoliberal criolla ya salieron con la baratija de que todo el problema se limita a “saber negociar” el ALCA, como si no se supiera que fueron precisamente ellos los que “negociaron” los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio que desquiciaron la industria y el agro nacionales y los que “negociarán” los que vienen, y como si alguien dudara que las suertes de estos personajes están atadas a las de sus patrones y socios y a los puestos que logren conseguir en las agencias internacionales de crédito.
Ante la decisión de insistir en africanizar a Colombia, más allá del cansancio habrá que repetir que la globalización sin el tamiz de las soberanías nacionales —que garanticen intercambios internacionales de beneficio recíproco— no pasa de ser una simple reedición del colonialismo, como ya lo sugirió Juan Pablo II.
Manizales, mayo 22 de 2001.
EL SECRETO DEL LAS UPAC
Jorge Enrique Robledo Castillo
Hay gravísimos problemas en el sistema Upac. Es cada vez más difícil encontrar quien sea capaz de adquirir vivienda, lo que arruina a muchos constructores y entraba el flujo entre los recursos que captan las corporaciones y los capitales que deben colocar. Pero lo que es peor, ha crecido la cartera morosa a niveles nunca vistos y ya muchos deudores -en trance de perder hasta los ahorros de todas sus vidas- buscan formas organizativas que les permitan conseguir del gobierno salidas a sus dolorosas realidades. Como otra evidencia de lo que ocurre, abundan los análisis y propuestas al respecto y ya la propia Superintendencia Bancaria tuvo que tomar medidas sobre el problema, aunque lo hiciera de manera a todas luces insuficiente para resolverlo.
En estas circunstancias el momento es propicio para explicar cómo funciona el sistema Upac, una forma de financiación tan común como incomprendida en el país. Para empezar a dilucidar el enredo debe saberse que aunque los deudores suelen emplear amortizaciones con cuotas crecientes, también pueden acogerse a pagos fijos. Lo que inclina la balanza en la decisión es que los pagos que crecen empiezan con un monto bastante inferior a los que permanecen iguales. Por ejemplo, en un préstamo de un millón de pesos e intereses totales del 29 por ciento (23 por ciento de corrección monetaria y 6 por ciento de interés) el plan de cuota creciente puede empezar con un pago de $10.600, en tanto que el de abono fijo debe cancelar $22.780. Claro que la cuota número 180 del primero (a los 15 años) será de $124.570, mientras que la última cuota del segundo será de los mismos $22.780. En este ejemplo, en el plan de cuota fija el préstamo se pagará cerca de cuatro veces; en el de cuota creciente, alrededor de ocho.
Como es notorio, además de la masa total de dinero que se termina pagando, la diferencia reside en que con el sistema de cuota creciente más familias pueden acceder al crédito que con el de pagos fijos, aunque sus ingresos al momento de endeudarse sean iguales. Esto es posible porque al deudor que paga con amortizaciones crecientes le prestan el capital y, además, le dan en crédito por un tiempo parte de los intereses que no podría pagar y sobre los cuales, a su vez, también le cobran intereses. Por razones obvias, el éxito del sistema de pago creciente exige que el deudor aumente sus ingresos durante los 15 años en que cancela la deuda y que los intereses totales no suban demasiado.
El sistema Upac fue inventado para estimular la industria de la construcción mediante un truco financiero que permite aumentar los compradores sin mejorarles sus ingresos, en un momento en que el gobierno decidió convivir con tasas de interés bastante más altas que las que regían antes de la constitución de las corporaciones de ahorro y vivienda. La división de la tasa de interés en “corrección monetaria” e “interés” es en lo fundamental un manejo semántico que evita el anatocismo, porque permite “cobrar intereses sobre intereses sin violar el Código del Comercio en lo que se refiere al cobro de intereses sobre intereses”, como se explicara en el libro del BCH “El sistema colombiano de ahorro y vivienda”.
Si el sistema funcionó sin mayores contratiempos en los años anteriores fue porque siempre se tuvo el cuidado de no usarlo para financiar a sectores populares, ajenos por definición a la estabilidad laboral y a los ingresos crecientes, y porque la tasa de interés total (“corrección” más “interés”) se movió en los niveles del ejemplo atrás anotado. Pero en esta etapa de la vida nacional, cuando esos intereses se ubicaron alrededor del 40 por ciento y cuando a ello se sumaron la pérdida de los empleos y los menores ingresos de las capas medias, es apenas natural que muchos no puedan cancelar sus deudas.
Cuando las economías de mercado se hunden, como le está ocurriendo a la colombiana, primero se quiebran los deudores, azotados también por las altas tasas de interés, y después empieza el viacrucis de los banqueros, favorecidos en el inicio de la crisis. Pero también suele suceder que, en ese segundo momento, los Estados acudan al “rescate” del sector financiero, en la conocida figura de la “socialización” de la pérdidas, como ocurrió en la última crisis mexicana, en la que el gobierno ha comprado deuda de alto riesgo por 17 mil millones de dólares, pero una vez legiones de deudores quedaron en la inopia. ¿No será más razonable darle marcha atrás al modelo neoliberal, que de manera evidente desbarata la economía nacional, y que el gobierno haga el “rescate” de los entrampados antes de su ruina?
Manizales, 18 de mayo de 1997.
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Contra la Corriente
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LA NUEVA DESPLUMADA
Jorge Enrique Robledo Castillo
Las concepciones democráticas sobre impuestos dicen que los tributos no deben caer sobre el trabajo sino sobre el capital, gravando con tasas menores a los capitales más pequeños y con tasas superiores a los mayores. También señalan que no deben existir impuestos indirectos —de conocida estirpe feudal—, pues éstos discriminan en contra de los trabajadores y castigan por igual a los que ganan mucho y a los que ganan poco. ¿Cómo justificar que paguen el mismo impuesto por un jabón un obrero y Bill Gates o que tengan igual tasa impositiva los capitales monopolistas y los no monopolistas?
Entonces, la última reforma tributaria de la administración Pastrana es evidentemente regresiva. El grueso de las nuevas exacciones, que suman 3.5 billones de pesos, tendrá origen en los gravámenes indirectos: entre el dos por mil y los aumentos del IVA, el incremento del recaudo llegará a 2.3 billones. De otro lado, se aumentará en un billón de pesos la retención en la fuente, que castiga los sueldos y honorarios. Pero su articulado también establece la rebaja del impuesto de renta del 35 al 32 por ciento, con un costo de 213 mil millones de pesos, medida que, según lo prueban los detalles de la norma, tiene como objetivo principal favorecer a los monopolios y particularmente a los extranjeros. E igual sucede, como es obvio, con la propuesta de eliminar por diez años el impuesto de remesas a las utilidades de las transnacionales que se instalen en el país.
Pero en el colmo del populismo, el ministro de Hacienda salió a decir que las nuevas medidas son contra “los ricos”, porque les imponen IVA a las ventas de casas y carros usados y a las tarifas de los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, les aumentan los impuestos a los sueldos de más de un millón y medio de pesos y empiezan a gravar las pensiones de más de dos millones. Y en la reforma también se le abre camino al alza del impuesto de industria y comercio a partir del 2002, la cual será presionada por el recorte de las transferencias municipales. Por obra de la demagogia neoliberal, las capas medias colombianas fueron elevadas al nivel de los magnates del mundo. El truco es obvio: mientras en silencio se favorece a la cúspide del poder económico, a los poseedores de pequeños patrimonios y de sueldos que no son de hambre se les imponen nuevos gravámenes, y a los colombianos más pobres y paupérrimos se les amplía el pago de IVA, aplicándoselo a nuevos productos y haciéndoselo pagar en los que ya lo tenían pero que no cobraban los pequeños negocios, que ahora sí tendrán que hacerlo obligados por la implantación del Régimen de Impuesto Sustitutivo (RIS).
Y que tampoco se diga que los nuevos impuestos tienen como propósito principal estimular la economía, porque casi todos ellos terminarán en el barril sin fondo de la amortización de la deuda externa e interna del gobierno nacional, que ya se traga el 40 por ciento del presupuesto del país, y porque golpean la producción al deprimir la capacidad de compra de las gentes. Pero además, en una decisión incalificable, la reforma tributaria se dirige de manera precisa contra la competitividad del agonizante sector agrario colombiano, al imponerle IVA del 15 por ciento a los concentrados para la alimentación animal, a los abonos de todos los tipos, a los insecticidas, fungicidas y herbicidas, a las palas, azadones y machetes, a los costales y a las guadañadoras, ordeñadoras y tractores. Entre tanto, una misión oficial del gobierno norteamericano acaba de estar en Bogotá ofreciendo 20 millones de dólares en créditos para facilitar la importación de más productos del agro de ese país (La República, 28.X.00).
En su libro “La crisis del capitalismo global” (p.143), George Soros explica la relación entre impuestos y transnacionales: “el poder del Estado para mantener el bienestar de sus ciudadanos se ha visto gravemente reducido por la capacidad del capital para eludir los impuestos y las onerosas condiciones del empleo, trasladándose a otro lugar… En otras palabras, la carga de los impuestos ha pasado del capital a los ciudadanos”. Afirmación que podría complementarse señalando que de eso se encarga el Fondo Monetario Internacional, según lo confirma el acuerdo firmado con el gobierno de Andrés Pastrana.
Lo que resta es saber cuál será el manejo del proyecto en el Congreso, de forma que los neoliberales logren lo dicho por su ponente en el senado: “al ganso hay que saberlo desplumar, para que no chille demasiado”.
Manizales, 12 de octubre de 2000.
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Contra la Corriente
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UNIDAD EN DEFENSA DE LA CHEC
Jorge Enrique Robledo Castillo
En La Patria del 23 de febrero de 2001, la Corporación Cívica de Caldas publicó un artículo titulado “El verdadero problema de la Chec”, el cual no puede dejarse pasar por alto dados sus notables desenfoques. Lo primero es que menosprecia dos hechos que golpean en materia muy grave las finanzas de la empresa: los más de 100 mil millones de pesos que por subsidios le adeuda el gobierno nacional (!) y el famoso PPA de Termodorada, que le significa a la Chec tener que pagar más de 30 mil millones de pesos anuales por una energía que no consume (!). Con respecto a la deuda de la nación, incluso, la Corporación señala que cobrar esa suma es carecer de “real politik” y ladrarle a la luna. Ver para creer. ¿Cuántas empresas pueden soportar que les impongan malgastar lo que se malgasta en el PPA y que les birlen deudas como esas?
También descalifica a la Chec por haber perdido varios de los grandes consumidores de la región, pero silencia que esa pérdida ha sido con las llamadas “distribuidoras de maletín”, que son empresas de papel que pueden vender energía más barata porque no tienen que atender las ventas domésticas por las que sí tiene que responder la Chec y mucho menos llevar el fluido a las zonas rurales del departamento. Los caldenses debemos oponernos a que haya normas nacionales diseñadas para lesionar empresas como la Central Hidroeléctrica de Caldas y que presionan, como se sabe, su crisis y privatización.
Luego señala que Empresas Públicas de Medellín, “para poder ser competitiva tiene que buscar un socio estratégico” y que si eso le pasa a “una empresa grande y competitiva, qué diremos entonces, de las pequeñas e inviables”, como en párrafo anterior había definido a la Chec. Blanco es, gallina lo pone… Aunque desde hace rato no lo decía, y ahora tampoco lo afirma abiertamente, es claro que la Corporación sigue estando por la privatización de la Chec.
Y el sustento principal de su propuesta lo reitera en por lo menos cuatro veces en el artículo y se resume en que la Chec “es una empresa inviable. Lamentablemente ha estado sitiada por un grupo político, cuyo interés en Chec no pasa del monopolio de las clientelas y los contratos”. Para cerrar con broche de oro, también se declara ofendida porque, “ahora sí, la ciudadanía, es llamada a un consenso y alianza a favor de la energética”(!).
El presidente de Barclays Capital, una de las principales firmas financieras del mundo dice: “la globalización fracasó, si es que se concibió para nuestro beneficio, pero también para el de los países en desarrollo” (Portafolio, 23 de febrero de 2001, p. 21). Y en Colombia, ¿cuánta más pobreza habrá que padecer para que se acepte que la apertura fracasó como política para desarrollar al país? ¿Hasta dónde tendrá que llegar la destrucción del aparato productivo y la pérdida de la capacidad de acumulación de riqueza interna para repudiar al neoliberalismo? ¿A qué nivel deberán llegar las tarifas de los servicios públicos para entender que ese es uno de los principales propósitos de la venta a menosprecio de los haberes del Estado? ¿Para qué insistir en la tesis fácil, y falsa, de que el clientelismo constituye casi que la única causa y la fundamental de los problemas económicos de la nación? Es obvio que tener opinión política es un derecho democrático que en sí mismo no genera problema alguno. Pero reemplazar con sectarismo político los análisis sobre los hechos puede lesionar en materia grave el interés público. Y que coste que esto lo dice quien tiene con los que dirigen a la Chec contradicciones bastante más profundas que las que ha expresado la Corporación Cívica.
Entonces, en Caldas sí hay que propiciar la más amplia unidad en defensa de la Chec, porque ese es el principal patrimonio del departamento, porque constituye una de las más importantes fuentes de acumulación de riqueza de la región y porque lleva la energía a más del 95 por ciento de sus habitantes, incluidos los de las zonas rurales más remotas, ventajas que se encuentran amenazadas por la exigencia del Fondo Monetario Internacional de que la empresa se venda a precio de ganga. Y esa unidad debe empezar por lograr que la Chec se administre bien, obvio, pero también por oponernos a su privatización, por la capitalización de todos los aportes regionales y porque el gobierno nacional le pague lo que le debe y asuma de sus recursos el desmonte del PPA de Termodorada, sin modificar la composición accionaria de la empresa.
Manizales, 24 de febrero de 2001.
