Por un modelo agrario de tipo dual

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 2 de marzo de 2012.

Dice José Félix Lafaurie, Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán): “La pobreza en nuestra ruralidad es una de las más altas de América Latina con 50,3% –17 puntos por encima de las cabeceras. El ingreso per cápita real de los hogares en el campo es 67% menos que en las ciudades. El 42% de la población no tiene agua potable y la cobertura de alcantarillado no alcanza al 6%. Un escaso 3% del crédito comercial llega al sector primario. La formación bruta de capital fijo en el sector no pasa del 2%, y la participación sectorial en el PIB nacional es de 6,3%”. Y agrega: “Seguimos, por tanto, ante el fracaso del modelo predominante en los últimos 40 años” (El Heraldo, Feb.22.12).

Por su parte, Rudolf Hommes escribe sobre la “crítica (…) situación de la pobreza rural”, señala la “elevadísima concentración de la tierra en Colombia” y de cómo, no obstante, “la producción campesina contribuye con el 50 por ciento de la producción agropecuaria”, de donde concluye que “es difícil, entonces, hacer el argumento de que los predios de menor tamaño son menos productivos” y declara la conveniencia de promover una “clase media rural” (Portafolio, Feb.20.12).

El diagnóstico se completa señalando que la producción interna viene siendo reemplazada por las importaciones –hasta de café–, de manera que en Colombia ya no se sabe qué hacer con la tierra rural ni con las manos, la inteligencia y los recursos económicos de quienes pueden ponerla a producir. Y este problema se agravará con los TLC en los que se empeña el presidente Juan Manuel Santos, quien, además, no le concede importancia a la economía campesina ni a la de los pequeños y medianos empresarios, mientras usa su poder para montar una estructura agraria todavía más excluyente, a favor de banqueros, monopolios y trasnacionales.

Con todo propósito, empecé este artículo citando a dos personas que se encuentran lejos de militar en el Polo Democrático Alternativo, pero que plantean un debate, que a mi juicio debe darse, sobre qué hacer con el sector agropecuario, a partir de reconocer la gravedad de la crisis que lo acosa. Lo que sigue puede llamarse mi case en una discusión en la que se juega el futuro del país como un todo, porque no puede superarse el atraso y la pobreza general si el agro no sale de esa condición, verdad que prueba la experiencia universal.

En otras ocasiones, y en los debates sobre Carimagua y Agro Ingreso Seguro, expliqué que era partidario de un modelo agrario de tipo dual, es decir, de campesinos e indígenas, por un lado, y de empresarios y obreros agrícolas, por el otro, siempre en el entendido de que a todos les vaya bien y que las contradicciones entre lo campesino y lo empresarial y el capital y el trabajo se traten de manera democrática y civilizada y pensando en el progreso del país como un todo. Es seguro que en Colombia pueden prosperar los dos sectores.

Nadie que esté en el poder en Colombia pone en duda la importancia de la producción de los empresarios del campo. Y no seré yo el que introduzca esa duda, porque, por ejemplo, sería absurdo parcelar o lesionar los ingenios azucareros o hacerles daño a otras formas de economía empresarial. Pero en cambio sí se asume una posición dogmática y excluyente al negar lo mucho que la economía campesina le ha aportado al país y lo más que puede aportarle, y no solo por mejorar las condiciones de vida de tantos compatriotas, sino porque un campesinado próspero también jalona el progreso industrial y urbano, por la vía de ampliar el irremplazable mercado interno. Y ojo: en no pocas ocasiones, lo campesino logra lo que lo empresarial no puede, porque puede producir con recursos menores y resistir condiciones más adversas. Basta con mirar la historia del café.

Otro aspecto del debate tiene que ver con la importancia decisiva de fortalecer el mercado interno y proteger el agro. Esto también lo prueba la experiencia global. Y la de los últimos veinte años en Colombia, donde han retrocedido los sectores enfrentados a las importaciones subsidiadas, han perdido o ganado poco las exportaciones y el mayor avance lo han logrado los cultivos para agrocombustibles, a los que el Estado les creó el mercado y los respalda de otras maneras.

El peor modelo agrario del mundo

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, octubre 10 de 2014

Es viejo el debate sobre cuál debe ser el modelo agropecuario de un país: que si producción campesina e indígena, que si empresarial con obreros agrícolas, que si más o menos tecnificada, que si con el agro arrinconado o no por la competencia internacional, que si con mayores o menores subsidios, que si solo con empresarios monopolistas y extranjeros, que si con campesinos libres o como aparceros del siglo XXI… El Polo propone un modelo de tipo dual, de indígenas y campesinos libres, por un lado, y empresarios y obreros agrícolas con derechos laborales, por el otro, con la protección estatal necesaria para garantizar que en Colombia exista un agro fuerte, en el que les vaya bien a todos sus sectores, así se irriten Estados Unidos y todos los que buscan reducirlo al mínimo para obligarnos a importar sus productos, compras que ya van en diez millones de toneladas de productos del campo que pueden producirse en el país.

En estas controversias nadie negará, por lo menos en público, que el peor modelo agropecuario que pueda existir es el que no utiliza la tierra para producir bienes agrícolas y pecuarios. Porque si al suelo rural no se le saca todo su potencial productivo, se pierde una palanca irremplazable para la generación de riqueza, ingresos y empleos, así como para el logro de un mercado interno fuerte, que jalone la industria, el agro y el resto de la economía. Pero en la práctica, que es lo que cuenta, sí existen políticas y prácticas en las que el negocio no consiste en usar la tierra como factor de producción agropecuaria, sino de especulación inmobiliaria. Es decir, para adquirirla y esperar a que se valorice, de manera que al venderla rinda una fuerte ganancia. Es usarla igual que los “lotes de engorde” urbanos, que enriquecen a sus propietarios pero entraban el progreso social.

Y lo peor de esta historia es que en Colombia lo que ha predominado, y más con el libre comercio neoliberal y los TLC, es el suelo rural como “lote de engorde”, según lo comprueba la estadística. En efecto, de los casi 21 millones de hectáreas con vocación agrícola –sin contar la Altillanura– apenas se cultivan 5.3 (http://bit.ly/1xCuyHG), mientras que las restantes se encuentran en ganadería de bajísima productividad, con unas cuantas reses cuya verdadera función consiste en crear la ficción de que la tierra sí se explota adecuadamente, mientras llega la hora de venderla valorizada, y no porque se haya invertido en ella sino porque el simple crecimiento de la población y la inversión pública regional acrecientan su precio y las ganancias. A tanto pueden llegar las utilidades especulativas, que en los últimos diez años la SAC ha reportado valorizaciones de 2.900 por ciento en Puerto Gaitán (2013). Con enriquecimientos así, “qué importa el negocio agrícola o ganadero”, dirán algunos, mientras que otros ironizan sobre lo mucho que estorban sus altos precios: “con estos costos de las fincas, para que las vacas sean rentables tienen que dar leche condensada”.

Dos verdades irrefutables. Es mentira que el agro colombiano no produce más porque no hay tierras cultivables, pues ahí están, en la Costa Norte, las riberas del Magdalena, los altiplanos, etcétera –sin la Altillanura–, 15.7 millones de hectáreas subutilizadas, listas para ser aprovechadas de la mejor manera. Además, la evidencia prueba que las propiedades rurales más grandes no generan, automáticamente, mayor producción. Porque Colombia tiene un Gini de concentración de tierras de .87, uno de los más altos del mundo, y desaprovecha el suelo agrícola. Y esto no cambiará por entregarles las tierras a los extranjeros e imponer haciendas de decenas de miles de hectáreas, abandonando a su suerte y a la quiebra al campesinado y a los empresarios pequeños y medianos. Porque la extranjerización del suelo rural incluye de forma dominante el negocio de usarlo para la especulación inmobiliaria y financiera (http://bit.ly/1vPbQwg).

La Ley Santos-Urrutia-Lizarralde que acaban de presentar no solo no apunta a cambiar el modelo agrario, sino que lo consolida, al “legalizar” las compras ilegales de tierra en la Altillanura y promover aún más su concentración y extranjerización a costa de los campesinos, a quienes busca convertir en nuevos siervos de los intermediarios mediante la fórmula leonina que Indupalma copió de Cargill (http://bit.ly/1yQcEW9), todo bajo el ambiente asfixiante de los TLC, que imponen reemplazar la producción y el trabajo nacionales por los de los extranjeros. Y a propósito de la Altillanura, se necesita frescura para decir que el agro debe irse para esas lejanías tan difíciles de poner en producción porque no hay tierra en el resto de Colombia y para negarle el carácter de especulación inmobiliaria al principal de los negocios que se promueve allí.

Sobre cómo sacar a Colombia de la trampa del actual modelo agropecuario, el peor imaginable, producto de décadas de malas orientaciones, debería promoverse un gran debate y un amplio acuerdo nacional.

 

EL LIBRE COMERCIO SÍ ACABA CON EL AGRO COLOMBIANO

 

Jorge Enrique Robledo

 

Entre 1990 y 2014, las importaciones agrarias a Colombia costaron 76 mil millones de dólares de hoy y pesaron 151 millones de toneladas. Todas ellas, por razones de clima, tierras, aguas y productores, pudieron producirse en Colombia y, peor aún, entraron al país destruyendo agro nacional. Porque en 1990 se importaba apenas el diez por ciento de los 10.3 millones de toneladas que hoy se compran en el exterior, equivalentes al 27 por ciento del total de alimentos que se producen para el consumo interno (SAC), con gravísima pérdida de la soberanía alimentaria.

 

Por el libre comercio decidido por los banqueros globales para reemplazar producción y trabajo nacional por foráneo, promovido por César Gaviria y por sus sucesores en la Presidencia, desaparecieron más de dos millones de hectáreas de cultivos transitorios.

 

En una posición muy desairada quedaron quienes justifican el libre comercio tras la falacia, oportunamente desenmascarada, de que el objetivo era aumentar las exportaciones. Los hechos demuestran que Colombia sigue vendiendo en el exterior lo mismo de antes de 1990: café, banano y flores, más cantidades insignificantes de productos tan exóticos que muy pocos en el mundo saben que existen. Los neoliberales nos presentan como una genialidad importar lo que comemos los colombianos y a cambio bregar a venderle una uchuva a un japonés. Nos tratan como a idiotas.

 

¿Cuánta ruina y atraso productivo, cuánto desempleo y pobreza significan unas importaciones absurdas? ¿Cuánta capacidad de generar ahorro interno –campesino, indígena y empresarial– han destruido y dilapidado tras la estrategia engañosa de cacarear sobre unas exportaciones que no se han dado en 25 años, ni van a darse, para ocultar que las importaciones sí ocurren indefectiblemente porque poderes descomunales las apalancan con prácticas que de libres no tienen nada (http://bit.ly/1JuuaCw)?

 

Y esta masacre productiva empeorará porque el arrasamiento del agro apenas va en su primera etapa. Hace poco empezó la segunda, la definitiva, que rematará a los sectores agonizantes y acabará también, reducirá a poco o golpeará duro la producción de arroz, azúcar y panela, agrocombustibles, lácteos, oleaginosas y cárnicos –res, cerdo y pollo–, cuya desprotección crece cada año, de acuerdo con lo pactado en los TLC.

 

Mientras que algunos ingenuos esperan que los criollos defensores del TLC con Estados Unidos pidan excusas, van saliendo las cifras sobre el aumento de las importaciones: arroz: 2.557 por ciento; maíz, 98; soya: 65; carne de res y cerdo: 62; lácteos: 186; oleaginosas: 108 por ciento, según el Departamento de Agricultura gringo. De otra parte, y para sacrificar más a los productores agropecuarios, se plantea la eliminación del precio de sustentación de la leche y acabar con el Sistema Andino de Franjas de Precios, medida que, según se dice, Santos aspira tomar. Y la Misión Echavarría, siguiendo el artículo 2.17 del TLC con Estados Unidos, propone acabar las instituciones cafeteras, con lo que las trasnacionales podrán esquilmar más a los productores del grano.

 

Como si no fuera evidente lo que pasa, crearon otra falacia: que el gobierno debe dedicarse a las muy lejanas y difíciles tierras de la Altillanura y olvidarse de lo que pasa en el resto del campo, donde hay 15 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizadas, a la espera de una política agraria que permita trabajarlas (http://bit.ly/1o9asEL). El debate no reside en si se desarrolla o no la Orinoquia. El punto es que no usen esa posibilidad para tapar y justificar el crimen del libre comercio y para, contra la Constitución, entregarles más el país a los monopolistas extranjeros, mientras se les niega a los pequeños y medianos productores nacionales, campesinos y empresarios, su derecho a producir en toda Colombia y en esa región. A propósito, una investigación de las universidades de los Llanos y la Javeriana publicada por Oxfam demuestra que en la Altillanura sí son rentables la pequeña y la mediana producción (http://bit.ly/1eNdT0f).

 

Coletilla: se quedaron con los crespos hechos los que le apostaron a la división del Polo. Los delegados al IV Congreso, elegidos por 418 mil ciudadanos, definieron todo por consenso, incluida la candidatura de Clara López Obregón a la alcaldía de Bogotá. Bienvenidos colombianos de todos los orígenes a ganar un país diferente.

 

Bogotá, 5 de junio de 2015.

 

El TLC-TPP contra el azúcar y la demás producción

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, agosto 14 de 2015

Por fin se supieron las verdaderas razones de la andanada de los formadores de opinión neoliberales contra las medidas que defienden el azúcar colombiano de la ultra protegida competencia extranjera, ataque que, como siempre, silencia los respaldos oficiales que reciben los productores foráneos, en tanto descalifica de plano los nacionales.

Según Rudolf Hommes y Guillermo Perry, Colombia tiene que hacer parte del TPP (Trans-Pacific Partnership), otro TLC diseñado por Estados Unidos en su agresiva estrategia de dominación global. Pero para hacerlo, explica Hommes, “se requiere desgravar el sector agropecuario y exponerlo a la competencia de naciones que son líderes en sectores como el azúcar, por ejemplo (…) otros sectores que se verían afectados serían la producción de oleaginosas y biocombustibles”.

Hommes explicó además que su artículo se inspiró en un documento que le entregó el gobierno, “que llega también implícitamente” a la conclusión de la necesidad de Colombia de ingresar a dicho acuerdo (http://bit.ly/1MljFDd), necesidad que por supuesto ni Hommes ni el gobierno demuestran y que despachan con las mismas simplezas que han esgrimido desde 1990, a pesar de que estas han sido refutadas una y otra vez por las grandes pérdidas provocadas por el libre comercio.

En el debate en el Senado sobre los sesgados ataques neoliberales a la protección de la agroindustria azucarera colombiana pudo demostrarse que Hommes no se equivoca cuando dice que él y el gobierno coinciden a favor del TPP. En efecto, aunque en dos ocasiones la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, se negó a darle a este senador el informe que sí le entregó con facilidad a Hommes, a la postre le tocó hacerlo y de su lectura se concluye que el gobierno sí anda en el plan de inscribir a Colombia en el TPP (http://bit.ly/1IOJre9). Y en sus respuestas confesó que en 2102 Santos intentó incluir al país en las negociaciones del Tratado, pero que allí no lo recibieron, lo que no quita que pueda terminar en él por adhesión, como en la OCDE, de regalado.

Por las fortalezas de los países que hacen parte del TPP y de los que ingresarán luego, Colombia no puede competir con Malasia e Indonesia en palma de aceite, con Nueva Zelanda en lácteos, con México y Australia en azúcar, con Tailandia en arroz y con Vietnam en café, país este último que también amenaza, dice el propio Ministerio de Comercio, “las confecciones y otras manufacturas livianas”, al igual que lo hace Japón con las industriales. Y el documento oficial menciona más “riesgos”, que en realidad son certezas de pérdidas, en propiedad intelectual, servicios, solución de controversias, libre flujo de capitales e industria automotriz.

Además de la viveza y mediocridad con la que los ministros intentaron negar en el debate lo que se cocina contra el agro, la industria y el país todo, fue notorio que ni uno solo de los senadores de los diferentes partidos que intervinimos les dio el pase a cambios en el Fepa y en el Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFP, que lesionen la producción azucarera y panelera, actividades de las que, según el Dane, viven 2.5 millones de colombianos. La molestia oficial por esta notoria soledad política debió de influir en el matoneo de Gabriel Silva Luján y Cecilia Álvarez contra el presidente de la Andi, porque este dijo verdades conocidas sobre los grandes daños del libre comercio a la industria nacional. Ante la inocultable destrucción agraria e industrial que le han provocado a Colombia las orientaciones de Washington, la Casa de Nariño, lejos de corregir, se desespera y manda a callar.

Semana se declaró sorprendida porque yo, vocero del Polo en el Senado, defendí la producción azucarera y no hice de “verdugo” de sus empresarios. Pero lo que debe sorprender es que ignore que el Polo no propone acabar con la propiedad privada y que defiende todas las formas de producción, incluida la empresarial. Y que tampoco sepa que esa es mi posición de toda la vida, enfatizada desde cuando el libre comercio inició su obra destructora (http://bit.ly/1f7WKOd). Es más: los polistas saludamos la unidad de trabajadores y patrones en defensa de las empresas azucareras. Y se entiende fácil por qué. Ese sector -y el país- es como un gran barco en el que hay camarotes de diferentes categorías, con naturales diferencias entre sus pasajeros. Pero si se hunde el buque, como quieren algunos, se hundirán todos sus ocupantes.

CENSO AGRARIO Y LEY URRUTIA

 

Jorge Enrique Robledo

 

El Censo Agropecuario confirmó lo sabido: que avergüenza ante el mundo la enorme pobreza y miseria rural, la gran concentración de la tierra y el escandaloso atraso tecnológico. Pero más apena que confirme que Colombia tenga el peor modelo agrario del mundo, dado que el 70 por ciento de las tierras con potencialidad agrícola –sin contar la Altillanura– no se destina a la producción sino a la especulación inmobiliaria, como lotes de engorde. Y a la par se importa el 30 por ciento de los alimentos que consumimos, de acuerdo con la política de reemplazar a los productores nacionales por los extranjeros.

 

Como era obvio, ya salieron Santos, los jefes de los partidos políticos tradicionales y los formadores de opinión neoliberales a darse sus consabidos y farisaicos golpes de pecho y a hacerse los locos, como si no fueran ellos los causantes de lo que pasa. ¿O no han respaldado o hecho parte de todos los gobiernos, y en particular de los de 1990 hacia acá? Y se sabe que estos personajes, lejos de corregir, seguirán en lo mismo y le echarán la culpa a los que sí producen, como campesinos o como empresarios.

 

De ahí que Santos ande manipulando las cifras del Censo para convertir en aún más malo el peor modelo agrario del mundo, convirtiendo en ideal montar haciendas de decenas y centenares de miles de hectáreas y convertir en siervos del siglo XXI a los campesinos y a los empresarios comunes y corrientes, de acuerdo con el modelo de “sociedades” entre zorras y gallinas que Indupalma copió de Cargill, la mayor trasnacional agrícola del mundo. A la par imponen el TPP, otro TLC con los gringos, que exige golpear el azúcar y la panela, según el proyecto de decreto de los ministros Cárdenas, Álvarez e Iragorri.

 

En desarrollo del paradigma de ultra concentración de la tierra, y a favor de los extranjeros, la Unidad Nacional y el Centro Democrático ya aprobaron en la Cámara un proyecto de ley para crear unas zonas especiales –las zidres–, calculadas, en primer término, para darles apariencia de legalidad a las ilegalidades de los clientes de Carlos Urrutia en la Altillanura, a quienes también defiende Néstor Humberto Martínez, ese otro abogado “sofisticado” y también muy amigo de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras.

 

Las zidres además significan el primer paso para despojar al campesinado del derecho que la Constitución le otorga, en exclusividad, sobre las tierras baldías del Estado colombiano. Para ello, la ley en trámite establece que los baldíos no se entregarán en propiedad, en áreas menores y solo a pobres del campo, como establece hoy, sino en concesión hasta por 30 años renovables –a perpetuidad, realmente–, a magnates nacionales o extranjeros y en cualquier extensión –veinte, cincuenta, cien mil o más hectáreas. Necesitarán de una Corte Constitucional muy alcahueta para coronar tal viveza. Mientras esto ocurre, la Superintendencia de notariado acosa con procesos jurídicos, para quitarles las tierras que poseen desde hace décadas, a los “viejos llaneros”, tras la falacia de que ni campesinos ni empresarios que no sean muy poderosos pueden producir en la Altillanura.

 

Semejante despropósito lo justifican con la insinuación falaz de que el agro no prospera porque no se utilizan las tierras de la Altillanura, como si no existieran en el resto de Colombia quince millones de hectáreas de mejor calidad subutilizadas, más baratas de cultivar y bastante más cercanas de los centros de consumo nacionales y de los puertos. Decía un veterano empresario llanero: “con cada metro que se aleje de la cordillera Oriental, hacia Venezuela, crecen en grande las dificultades para producir: por la inevitable adecuación de los suelos, los duros inviernos y veranos, los fuertes vientos, las ausencia se vías e infraestructura, la falta de mano de obra… por todo. Allí hay un potencial agrícola –cosa que comparto–, ¿pero hoy?”, concluyó. En el mismo momento en que el agro sufre por una profunda crisis y Santos le recorta su escaso presupuesto en el 48 por ciento, ¿cómo justificar que anuncie descomunales inversiones y subsidios para la Altillanura, una de las regiones más despobladas del país?

 

¿Puede Rudolff Hommes, tan entusiasta con la Altillanura y quien exige una excelente carretera a Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela, a 971 kilómetros de Bogotá y a 1.487 de Buenaventura, demostrar en su artículo en El Tiempo que si se puede producir en esas lejanías y competir con éxito en los mercados de Bogotá y de exportación?

 

Bogotá, 12 de septiembre de 2015.

 

 

 

CRISIS AGRARIA Y PLAN COLOMBIA

Jorge Enrique Robledo Castillo

Senador de la República de Colombia

 

Este artículo de publicó en abril de 2001, cuando su autor era Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia y directivo de las organizaciones gremiales Unidad Cafetera y Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Se reproduce brevemente editado, por considerar que mantiene su vigencia, al comentar una faceta poco conocida del Plan Colombia y ayudar a comprender lo que pretende Estados Unidos con el TLC, pacto en el que los productores estadounidenses mantendrán sus grandes subsidios oficiales y los colombianos perderán los aranceles que los protegen de las importaciones.

 

Pocos conocen a cabalidad el Plan Colombia, el acta de compromiso que el gobierno de Andrés Pastrana le suscribió al de Estados Unidos a cambio de que éste le concediera mil trescientos millones de dólares de “ayuda”. Los análisis se han centrado de manera excluyente en cuánto gasto militar (70 por ciento) y en cuánto “gasto social” (30 por ciento) se financiará con el Plan o, como dijera la Secretaria de Estado norteamericana, Madelaine Albrigth, en qué proporciones se repartirá la zanahoria y el garrote. Pero el convenio no determina solamente el aumento de la injerencia militar norteamericana en los asuntos internos del país. Además define cómo se gastarán cuatro mil setecientos millones de dólares del presupuesto nacional –que la propaganda oficial presenta como si también fueran aportes de los gringos– y, más digno de mirar con atención aún, señala el rumbo de toda la economía colombiana en los próximos años.

 

Al respecto del agro, el Plan Colombia señala: “En los últimos diez años, Colombia ha abierto su economía, tradicionalmente cerrada… el sector agropecuario ha sufrido graves impactos ya que la producción de algunos cereales tales como el trigo, el maíz, la cebada, y otros productos básicos como soya, algodón y sorgo han resultado poco competitivos en los mercados internacionales. Como resultado de ello –agrega– se han perdido 700 mil hectáreas de producción agrícola frente al aumento de importaciones durante los años 90, y esto a su vez ha sido un golpe dramático al empleo en las áreas rurales”. Y concluye: “La modernización esperada de la agricultura en Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que los cultivos permanentes en los cuales Colombia es competitiva como país tropical, requieren de inversiones y créditos sustanciales puesto que son de rendimiento tardío” (subrayado en este texto). Nada más, pero tampoco nada menos.

 

Es evidente que el Plan Colombia ni siquiera hace demagogia sobre recuperar las 700 mil hectáreas de cultivos transitorios perdidas o impedir la ruina de la producción cerealera sobreviviente y toda la que no resista la muy dura competencia que se da en el mercado mundial, a pesar de reconocer que el gran debilitamiento de esos sectores ha lesionado en materia grave la producción y el empleo rural. Y es notorio también que lo pactado somete al país a especializarse en cultivos tropicales, especies que por causa del clima no pueden producirse en las zonas templadas, donde se localiza Estados Unidos. Lo leonino del compromiso salta a la vista: los estadounidenses “renuncian” a producir lo que no pueden cultivar y los colombianos aceptamos no sembrar buena parte de lo que sí podemos cosechar.

 

La pérdida de los cereales y la de los otros productos que ratifica el Plan Colombia –y lo confirma el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI)–, quiere decir que el país pone en grave riesgo su seguridad o soberanía alimentaria, con lo que queda en condiciones de ser sometido a una hambruna por parte de los países localizados en las zonas templadas y las transnacionales que comercializan la comida en el mundo. El abandono de los cultivos que no pueden competir con los enormes subsidios estatales de los países desarrollados además significa que tienden a desaparecer los sectores mecanizados de la agricultura colombiana, donde se han aclimatado los mayores desarrollos tecnológicos del agro nacional. Y con éstos también se perderán los avances industriales y sociales que se dieron en torno a esos productos, con lo que se empuja al conjunto de la nación hacia un atraso peor que el que ha padecido.

 

Como si lo anterior fuera poco, especializar al país en cultivos tropicales es pernicioso por otras varias razones, además de la naturaleza evidentemente colonial de esa especialización. En la medida en que todas las naciones localizadas en el trópico sean cada vez más sometidas a producir lo mismo, la natural tendencia de esos cultivos a producirse en exceso y a los bajos precios se acentuará, con esa tendencia agravada por la acción de los países desarrollados y sus transnacionales, según lo ilustran sus estímulos a las grandes siembras de café en Asia. Como casi todos los productos tropicales no hacen parte de la dieta básica de los pueblos, con mayor razón sus precios podrían bajar hasta la insignificancia, y más en la medida en que los graves problemas de la economía norteamericana acentúen la crisis que padece la del resto del mundo. Dedicarse a lo que no puedan producir los países desarrollados también significa que se convertirán en rastrojos miles y miles de hectáreas de tierras agrícolas que de ninguna manera podrán pasarse a cultivos tropicales, sobre todo si contra la leche y la carne se aplica una mayor apertura, amenaza que está implícita en la creación del ALCA. Y que los cultivos tropicales sean de muy difícil o imposible mecanización conlleva que los colombianos solo podrán competir en el mercado mundial si son capaces de funcionar con campesinos y jornaleros tan miserables como los de los países tropicales más pobres de la tierra.

 

Los casos del banano y el café, cultivos tropicales por excelencia, muestran los estrechísimos límites que impone la especialización en esos productos. Los últimos pleitos entre los compradores norteamericanos y europeos de banano volvieron a dejar sentado que los cultivadores son algo así como la lechuga en el sándwich de sus disputas. Y los precios impuestos por el llamado “libre mercado” cafetero escandalizarían al mundo si no se estuviera en la globalización neoliberal. De acuerdo con la Federación de Cafeteros de Colombia, mientras en las década de 1970 los países productores recibían al año, por 56 millones de sacos, el equivalente a 19.000 millones de dólares del año 2000, durante el 2001 recibirán 5.200 millones por 80 millones de sacos.

El capitalismo es un sistema de competencia, tanto en las relaciones entre los individuos como entre las naciones. Y de competencia feroz. De ahí que no tengan futuro aquellos países que le entregan a sus competidores la orientación de sus economías, luego de ceder la principal palanca del desarrollo nacional: el cabal ejercicio de la soberanía política, que es la potestad de definir lo que mejor le conviene a sus intereses, lo que significa defender la producción para el mercado interno como la fundamental y dejar que las exportaciones jueguen un papel complementario.

 

La partidocracia colombiana

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, septiembre 25 de 2015

¿Cuál es la relación entre la clase política y los determinadores de la fracasada orientación económica nacional, fracasada en el sentido de un capitalismo que apenas crea 5.300 dólares percápita al año (dólar a $3.000) y genera extrema desigualdad social? Según Alejandro Gaviria, “Desde los años sesenta al menos, un arreglo pragmático, un pacto implícito, ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia: los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía a cambio de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, a cambio de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos. Para bien y para mal, el clientelismo ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo” (http://bit.ly/1G7xq2v). Y Rudolf Hommes: “El clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites, y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos” (http://bit.ly/1KDEW68).

Entiéndase por “populismo” lo que contradiga a los tecnócratas que determinan la macroeconomía que les conviene a “las élites”. ¿Quiénes conforman esas élites? Imposible demostrar que de ella haga parte el conjunto del empresariado industrial y agropecuario, dado el profundo atraso del país y la quiebra a la que lo han sometido desde 1990. Pero eso sí, nunca han faltado los banqueros, los grandes importadores, la alta burocracia estatal y, sobre todo, las trasnacionales. Y a tecnócratas solo pueden aspirar quienes estén dispuestos a bailar la música que tocan los creadores del Consenso de Washington.

El “arreglo” no podía ser más perverso. La clase política aprueba hasta el peor engendro que conciba el gobierno y este le paga otorgándole el derecho a usar el gasto público –contratos y burocracia– para obligar a los electores a respaldarla. Componenda tan vitanda tenía que sabotear el potencial de desarrollo del país y corromperlo hasta la médula. Porque por causa de ella, además, tenían que llegar a la competencia electoral enormes recursos privados, legales e ilegales, para poder disputarse el poder con los que controlan la mermelada. Una vez entrados en gastos ¿por qué habrían de pararse en pelillos para recurrir a todas las formas de fraude y corruptelas políticas y electorales? Y que no quede duda de que el Presidente es el capo de todos los capos del clientelismo, al igual que el jefe de la tecnocracia, con la que comparte su adicción a servirle a la “élite”.

Colombia quedó bajo el control de quienes montaron un “arreglo” en el que sus miembros separan su suerte personal de la suerte de la nación, de forma que a ellos les va bien aunque al país le vaya mal, y logran que, por ejemplo, las gentes del agro voten por ellos, a pesar de que los sacrifican con los TLC. Y como parte del contubernio, la crítica a la archiconocida corrupción política y electoral no se les presenta a los colombianos como un problema estructural de la partidocracia, sino como el caso de unas manzanas podridas que en cada elección genera el rito de estigmatizar a un par de chivos expiatorios, dentro del espíritu gatopardista que el mismo “arreglo” le ha impuesto al país.

De esta manera, la llamada democracia colombiana es algo así como el engendro que saldría de sacarle una cría con plutocracia, partidocracia y cleptocracia. Lo nuevo desde 1990 es que excluyeron de “la élite” del “arreglo” a los que ya no caben dentro de las fórmulas de libre comercio definidas por Washington, es decir, a los empresarios industriales, agrícolas, de servicios y de todo tipo que no posean talla monopolística, al igual que a los productores urbanos y rurales de bienes transables, por grandes que sean, que hayan determinado producir en países diferentes a Colombia.

Ante la realidad de este “arreglo” monstruoso, contra el que, con todo honor, se creó el Polo Democrático Alternativo, cuán grotesca resulta la campaña en contra suya en Bogotá y en Colombia por parte de quienes, abierta o solapadamente, participan en la manguala que despoja al país de toda posibilidad de prosperar en serio.

Coletilla: los problemas de movilidad son graves en todo el mundo. Por ello el Estado la reglamenta en todas partes. Y ahora sale Uber a imponernos como falsa solución la piratería entre los taxis –disfrazándola de legal porque usa internet, tarjeta de crédito y a una trasnacional–, lo que puede arruinar a decenas de miles de familias y llevar al caos a las ciudades. Hay que atender los problemas del tránsito, pero legalmente y con el concurso de pasajeros, propietarios de taxis y conductores (ver análisis técnico: http://bit.ly/1UZ4Igi).

EL EMPRESARIADO Y UN PROYECTO DE UNIDAD NACIONAL

Jorge Enrique Robledo

Si Colombia se compara con los países que debe compararse, es decir, con los capitalistas que han salido de la trampa del atraso productivo y la pobreza generalizada, está muy mal. Tanto, que de seguir así, arrastrando un desarrollo inicuo por lo muy escaso y porque beneficia solo a unos pocos, quedará presa de una economía en la que coexisten pequeñas lagunas de modernidad vinculadas a monopolios y trasnacionales y océanos de economía del rebusque, con un corolario inevitable con tendencia a agravarse: más plutocracia y menos democracia y más corrupción y más violencia como mecanismos insustituibles de ascenso económico, político y social.

La enorme distancia que separa a Colombia de los países desarrollados la ilustran su ingreso per cápita diez veces menor y una pobreza que cubre al 60% de sus habitantes, en tanto en aquellos afecta al 10%. Hay otra diferencia que incluso puede considerarse peor: crece el abismo que nos separa de las naciones que se hallan en la vanguardia científica y tecnológica. A tal punto ha llegado el desastre que teniendo tierras de sobra dependemos cada vez más de la comida importada, van dos décadas de cierres de industrias mientras las nuevas brillan por su ausencia y la economía se desnacionaliza y tiende a especializarse en la minería de las trasnacionales. ¡A especializarse en minería! ¡Y extranjera! ¡Como en la colonia española, de cuya Independencia se supone empiezan las conmemoraciones! Es evidente que un país así carece de un futuro siquiera medianamente respetable.

El desastre se agiganta cuando se sabe que ha empeorado en los gobiernos de Álvaro Uribe, a pesar de que este disfrutó de un crecimiento excepcionalmente alto de la economía mundial, crecimiento que ya colapsó y al que, en el mejor de los casos, le seguirá un largo período de mediocridad económica. Es mucha la experiencia que demuestra que las justificaciones del “libre comercio” podrán servirles de taparrabos ideológico a las medidas que se toman en Washington para beneficiar a las trasnacionales y a unos cuantos criollos, pero no sacarán al país de la encrucijada en que se encuentra.

¿Está Colombia, entonces, condenada a ser una plutocracia empobrecida, corrupta y violenta? Por supuesto que no. El país posee los dos recursos claves para la prosperidad de las naciones: enormes riquezas naturales y un pueblo inteligente, creativo y trabajador como el que más, según se reconoce en los países donde tantos colombianos han tenido que irse a trabajar porque en su patria esa posibilidad elemental les es negada por un régimen que distribuye la riqueza de la peor manera y, peor aún, entraba la posibilidad de crearla. Colombia empezará a resolver sus problemas cuando desde la dirección del Estado se impulse un proyecto de unidad nacional que tenga como propósito supremo el progreso de toda la nación y no solo el de los pocos que logren separar su suerte personal de la de sus compatriotas, de manera que a ellos les vaya bien mientras que al resto de país le va mal.

 

Para ese proyecto deberá defenderse, primero, la producción industrial y agropecuaria, desde la pequeña hasta la del empresariado, pues de ella depende el avance de un país como el nuestro. Segundo, las mejores condiciones de vida y de trabajo de los colombianos, porque estas deben ser el objetivo de toda política económica y porque sin ellas la nación no puede prosperar como un todo. Tercero, alcanzar la democracia, pero la auténtica, es decir, la que responde a la idea de gobernar para la inmensa mayoría y mediante criterios democráticos, concepción que incluye rechazar la lucha armada en Colombia como manera de tramitar las diferencias sociales y políticas, según lo hemos planteado desde hace décadas. Y cuarto, lo principal: la soberanía, que significa que debemos relacionarnos con todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, pero no con relaciones de mula y jinete, sino con intercambios de respeto mutuo y beneficio recíproco.

En lo político, hay que construir una unidad tan amplia como amplia es la unidad social que se propone, que va desde los obreros y los campesinos hasta los empresarios no monopolistas, pasando por las capas medias de todos los sectores. El Polo Democrático Alternativo constituye una buena base, porque se trata de un proyecto unitario, de puertas abiertas. Pero habrá que unir todavía más: a todo el espectro político que considere que el país está demasiado mal, pero que puede salir adelante y que para lograrlo se requiere organizar un gran proyecto de unidad y progreso nacional como el esbozado.

Bogotá, 8 de enero de 2010.

¿QUÉ HACER CON LOS EMPRESARIOS NACIONALES?

 

Jorge Enrique Robledo

 

El 15 de mayo entra en vigencia el TLC con Estados Unidos, la peor decisión de la historia de Colombia desde la Independencia de España. Lo único positivo del suceso es que demostrará que la razón la teníamos quienes advertimos que esa era una pésima manera de relacionar el país con Estados Unidos, así como con la Unión Europea y Corea. Las cosas se han puesto tan mal desde el inicio del libre comercio en el gobierno de César Gaviria, que cabe la pregunta del título de este artículo. Porque además del obvio detrimento de las condiciones de vida de los sectores populares y las capas medias, una constante del neoliberalismo es la crisis de los empresarios nacionales, en particular de los no monopolistas, quienes, si bien les va, pierden sus empresas con las trasnacionales y terminan de simples rentistas, casi que como desechables. La tragedia se presta para hacer algo de historia sobre un tema decisivo para el país.

 

Hace cuatro décadas, en medio del auge de las ideas de izquierda en Colombia y el mundo, hubo varios debates relevantes. Uno, sobre la lucha armada, práctica que tuvo tantos militantes y simpatizantes que generó cinco grupos guerrilleros principales. Pero también es verdad que no fuimos pocos los que la rechazamos, en la teoría y en la práctica. Otra discusión se dio en torno a si para ganar el cabal ejercicio de la soberanía nacional frente a Estados Unidos, y con ello desatar las enormes fuerzas productivas de la nación paralizadas o anquilosadas por sus políticas, cabía invitar a los empresarios nacionales –nacionales para distinguirlos de los intermediarios de los intereses foráneos– o si había que descartarlos porque sus intereses eran los mismos que los de las trasnacionales.

 

Hoy, cuarenta años después, hay un veredicto sobre esos debates: el programa del Polo Democrático Alternativo contempla la solución política de un conflicto armado que mucho daño le hace al país, pero también rechaza el uso de la violencia para tratar las contradicciones económicas, sociales y políticas. Y cree en la idea de relacionar a Colombia con todos los países, incluido Estados Unidos, mas no en acuerdos de mula y jinete sino de unos con intercambios de beneficios recíprocos y el respeto a las soberanías nacionales, concepción que defiende la producción urbana y rural de los campesinos, los trabajadores por cuenta propia y el empresariado.

 

En este lapso también se confirmó que someterse a los ucases de Washington enriquece a reventar a unos cuantos nativos pero mantiene en el atraso a la nación y condena a legiones al desempleo y la pobreza. Más grave aún: si se analizan las cosas con rigor se concluye que hoy la estructura económica de Colombia es más mediocre que la de hace medio siglo, y con tendencia a empeorar en relación con los países capitalistas desarrollados, pues crece su rezago científico y productivo y el país se especializa en minería, y de capital extranjero, como en la Colonia española.

 

Tras un siglo de intentar desarrollar a Colombia por la vía de la deuda externa y la inversión extranjera, no concebidas como respaldo al esfuerzo de la nación y a su capacidad de acumular riqueza internamente sino como su supuesto reemplazo, y en la práctica impidiendo el trabajo propio o reduciéndolo a poco, se consolida la desnacionalización de las principales empresas, cuyas utilidades se exportan, y hasta terminaron por sobrar los colombianos, el principal valor del país. Sobran el pueblo raso y las capas medias, que emigran por millones o se quedan en el desempleo y el rebusque improductivo, y hasta sobra, quién lo creyera, el empresariado urbano y rural, al que hasta 1990 la banca internacional le permitió una papel económico muy secundario pero de cierta relevancia.

 

La Colombia que hay que construir deberá ser el fruto del esfuerzo conjunto de los trabajadores, el campesinado, las capas medias y el empresariado, quienes, sin distingos políticos, tendrán que diseñar un proyecto de unidad nacional que le sirva a toda la nación.

 

Coletilla: muy mal les está yendo a los países que hace poco iniciaron TLC con Estados Unidos. Porque se les dispararon sus importaciones, según muestran las balanzas comerciales. (En millones de dólares) Chile: entre 2004 y 2011, de 1.126 a –6.804; Perú: entre 2007 y 2011: de 1.152 a –2.083; Honduras: entre 2006 y 2011: de 30 a –674 y República Dominicana: entre 2004 y 2011: de 169 a –1.939. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar.

 

Bogotá, 10 de mayo de 2012.

 

Por un desarrollo para la producción, democrático y ordenado de la Altillanura

 

Lo que hay es más un modelo de especulación inmobiliaria que de producción agropecuaria

 

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, Comisión Quinta del Senado, 3 de septiembre de 2013.

 

Si Colombia tuviera conciencia de los mal que se gobierna este país, los juanmanueles hacía mucho no gobernarían. Según la FAO, el 80 por ciento de las inversiones en extranjerización de la tierra son especulativas. El Polo está por un modelo agrario de tipo que dual, que combine producción campesina y empresarial. Qué hacer con la Altillanura debe debatirse con seriedad. Es difícil desarrollar la Altillanura. En el Piedemonte Llanero hay mayores facilidades. El desarrollo de la Altillanura no debe servir de pretexto para hundir el agro del resto de Colombia.  Hay muchas falacias sobre la Altillanura. En ningún país hay agro sin protección del Estado. En el ambiente de los TLC no habrá agro. No hay parecido con lo del Cerrao brasileño. ¿El futuro de la palma africana está en la Altillanura?  La fragilidad ambiental de la Orinoquia. La propuesta del Polo. No puede haber agricultura en la Altillanura si no hay agro en Colombia. El caso de la cal.

 

Aun cuando sea un debate sobre la Altillanura y la Orinoquia, no voy a repetir el debate ya hecho con el representante Wilson Arias en torno a la ilegalidad de la acumulación de tierras en la Altillanura. Para mí está claro que hay en marcha una enorme operación calculada por grandes firmas de abogados y grandes empresas dedicadas al oficio lamentable de violar la ley. Digamos de paso que el doctor Urrutia sigue en Washington. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno? Urrutia renunció por su responsabilidad en estos horrores y el doctor Santos le aceptó la renuncia, pero lo dejó en Washington. Y ahora escogió para reemplazarlo a don Luis Carlos Villegas, el anterior presidente de la Andi, a quien le premiaron no haberse dado cuenta de que la industria se estaba acabando, porque el TLC también arrasa con la industria. Ojalá todos los colombianos leyeran un artículo de ayer del doctor Luis Prieto Ocampo en El Tiempo. Él fue presidente de la Andi y explica lo sucedido con la industria nacional y cómo los distintos gobiernos la han liquidado de manera inmisericorde. Y a quien no vio esa tarea destructiva lo despachan para Washington a que haga llave con el doctor Urrutia.

 

El debate tampoco versa sobre el modelo agrario nacional, que amerita análisis aparte. Solo voy a decir que el modelo agrario nacional es un desastre. Uno de los escollos que más perturban en esta controversia es la soberbia con la que quienes gobiernan hablan del agro. Si con un desastre de esta magnitud se pavonean como pavos reales, cómo sería si el agro funcionara bien. Y ay de quien se atreva a afirmar que no funciona, porque de una vez le caen a aplastarlo. Lo del agro nacional es tan grave que Colombia tiene 21 millones de hectáreas de tierras agrícolas de buenas calidades, no me estoy refiriendo a la Altillanura, y apenas se cultivan cinco. Colombia no sabe qué hacer con su agro. Una vaca de vez en cuando, un arbolito. Me explicaba alguien que los propietarios ponen ahí la vaca y el arbolito para que no les invadan la tierra. El negocio de las grandes propiedades no es agrario, es un negocio de especulación inmobiliaria. El truco consiste en que usted se compra un buen pedazo de tierra, le pone una vaca o media vaca por hectárea, tres arbolitos, un guachimán y espera a que algún día esa tierra valga un montón de plata para venderla y sacar una enorme utilidad.

 

Y al mismo tiempo estamos importando casi diez millones de toneladas de productos del agro que podríamos producir en Colombia. Es el drama de este país. Nos echan cuentos. Llevan 25 años echándonos el cuento de que vamos a convertirnos en grandes exportadores. ¿Exportar qué? Desde las flores, hace como 40 años, no se crea un nuevo renglón de exportación agrícola en Colombia. Y ya ni café, porque el café está también arruinado. Colombia está importando el café del consumo nacional. Si Colombia tuviera conciencia de lo mal que se gobierna este país, los juanmanueles hacía mucho rato que no olerían gobierno ni de lejos.

 

Es el modelo agrario que estamos padeciendo. Y a él le va a sumar el gobierno la extranjerización. A la especulación inmobiliaria le van a meter el ingrediente de traer a los gringos a que ayuden a especular en el casino. En algún sitio de la Costa Caribe me decía hace unos años un senador, hoy ausente, mire, senador Robledo, las tierras aquí son tan caras que para que una vaca sea rentable, se necesita que dé leche condensada. Y se ha creado un círculo vicioso. Con el país inundado de importaciones y la tierra carísima, producir se vuelve costosísimo y más difícil. Es un problema de una gravedad inaudita. Y cuando de encima nos meten a los gringos, como ya está ocurriendo, solo va a empeorar. Porque ya hay estadísticas de la FAO, según las cuales el 80 por ciento de las inversiones en extranjerización de la tierra son en especulación inmobiliaria, no en producción agrícola.

 

El Polo propone un modelo agrario de producción. Hay que poner a producir la tierra, obvio. Cómo podemos progresar si no ponemos en juego los factores de producción. Si nuestra gente del agro no puede emplearse productivamente y nuestra tierra no produce, cómo desarrollamos el país. Los polistas defendemos nuestra economía campesina e indígena y lo hacemos de frente, porque tenemos pruebas para demostrar que es muy importante, muy productiva, y podría ser todavía mucho mejor si el Estado la respaldara. Pero no nos oponemos a la producción empresarial, nunca lo hemos dicho. Por ahí hay unos mentirosillos aduciendo que el Polo se opone a la producción empresarial. Y en ese sentido los llamo a la seriedad. Uno no puede abusar de los medios escritos de comunicación y argüir que el Polo se opone a la producción empresarial. Los mismos que lo dicen saben que es falso. Aquí lo ratifico: no nos oponemos. Ahora, si me obligan a escoger entre Cargill, con 100 mil hectáreas, y Pedro Pérez y Juan Rodríguez, empresarios comunes y corrientes, creo que debemos hacer un esfuerzo para hacerlo con empresarios comunes y corrientes. Pero tampoco me opongo a que haya grandes. Nunca hemos propuesto que se acaben los ingenios azucareros del Valle del Cauca, y miente el que lo afirme. Quienes van a acabarlos son los que defienden el libre comercio y los TLC. 300 mil toneladas de azúcar entraron el año pasado a Colombia. Está amenazada de muerte la industria azucarera del Valle del Cauca, y con el TLC vienen las importaciones de jarabes de maíz, que son miedosos.

 

Debatir con objetividad lo de la Altillanura

 

Qué sí es este debate. Este debate sí es por sobre todo un esfuerzo que tenemos que hacer todos para que se conozca el tema de la Altillanura y para que se debata, pero con objetividad. No pueden seguir los grandes medios de comunicación, Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol, todos, metiéndonos propaganda sobre los grandes negocios de la Altillanura como si fueran información. El mínimo derecho de un país que se precie de elementalmente democrático es que los medios informen, y cuando sea publicidad pagada, que le pongan entonces el letrerito respectivo, como sucede en las campañas electorales. Pero no puede ser que nos metan unos ladrillos de supuesta información sobre la Altillanura y uno mira y es pura publicidad. La chispa de la vida, la felicidad, el mundo se salvará con la Altillanura y no sé qué más cuentos.

 

El primer propósito de mi intervención es bregar a mostrar ciertos hechos de qué es lo que pasa allí en realidad. Desde ya digo que el Polo Democrático Alternativo está por el desarrollo de la Altillanura, que quede claro. Estamos por el desarrollo de la Altillanura, pero el debate es cómo, quiénes, cuándo. Es el mismo lío con el libre comercio. Nosotros no nos oponemos a las relaciones económicas internacionales, pero sí exigimos que se nos diga cómo son. ¿Vamos a volver a la Colonia española por cuenta del libre comercio? No. El Polo Democrático Alternativo no está de acuerdo.

 

En la Altillanura debe haber desarrollo pero con cinco criterios mínimos. Uno, desarrollo para la producción agraria, no para la especulación inmobiliaria. Dos, desarrollo democrático, es decir, socialmente diverso, de modo que puedan estar los grandes, pero también el resto del país, los pequeños y medianos, los empresarios comunes y corrientes, los campesinos y los llaneros. Cómo así que “los nuevos llaneros” y llegan los “cacaos” a los Llanos sacando a todos los llaneros. Ese no puede ser el desarrollo de la Altillanura. Tampoco el Polo está de acuerdo. Tres, cuidadoso con el medio ambiente. Si la tarea se hace mal, la región se vuelve un desierto. Y cuando digo diverso, también estoy haciendo referencia a una abrumadora realidad sobre la que me acaba de insistir Wilson Arias. Allí hay desde hace miles de años una cantidad de comunidades indígenas. También hay que contar con ellas. Cuatro, debe ser un desarrollo ordenado, no el caos, qué partes primero, qué partes después, cómo, para hacerlo bien hecho. Y cinco, debe ser dirigido por el Estado. Se trata de un tema muy complejo. No pueden ser don Luis Carlos Sarmiento ni don José Leibovich organizando todo, como si estuviéramos todavía en el Medioevo.

 

La senadora Maritza Martínez ya ha analizado varios temas muy importantes que no voy a repetir. Quiero empezar mostrando un mapa (http://db.tt/YehAYbBY) para ubicar al país. Lo que está en verde es lo que llamamos la Orinoquia. La parte más alta es Arauca y Casanare, que no es exactamente Altillanura. En la Altillanura hay áreas distintas, pero no voy a entrar en mucho detalle para no aburrirlos. A la izquierda del mapa, lo azul es el Océano Pacífico, al norte el Océano Atlántico y a la derecha está Venezuela. Entre lo verde y el Océano Atlántico hay una distancia enorme. Esa es la Altillanura. Está situada en la parte oriental de Colombia. En la siguiente figura (http://db.tt/GOcQgN2e), y vean las enormes distancias, lo amarillo es la Altillanura. Desde La Primavera, un municipio en el centro de la Altillanura, en el Vichada, hasta Buenaventura hay 1.159 kilómetros, dato muy importante en el debate, porque La Primavera está lejísimos. Está a 550 kilómetros de Bogotá, a 500 kilómetros de Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela. Y de Puerto Carreño al Océano Atlántico atravesando toda Venezuela hay 1.200 kilómetros.

 

El centro de la Altillanura en el telón es muy grande. Puerto López está mucho más acá. Lo que quiero enfatizar es que la Altillanura está lejos de los océanos y lejos de Bogotá. Y por qué lo enfatizo. Porque produciendo allí agricultura, y repito, me interesa es la producción, tienen que vender en alguna parte. En el Vichada solo viven 130 mil personas, luego el consumo departamental es muy escaso. Bogotá es el mercado clave. El lío es que como estamos en los tiempos del libre comercio y de la apertura, a la capital de la República le entran los bienes agrarios importados por Buenaventura. Si estoy entonces en La Primavera, a 500 kilómetros de Bogotá, compito es con los gringos, desde Buenaventura y en la misma distancia a Bogotá. No es fácil, porque los precios de los fletes de mar, en cierto sentido, son despreciables. Uno calcula cuánto vale el flete de una pechuga desde Estados Unidos hasta Buenaventura y es despreciable. Pero ojo. La Primavera está a 559 kilómetros de Bogotá, la mitad por carreteras absolutamente intransitables cinco meses del año, porque los inviernos allí son diluvianos.

 

Ante este enorme obstáculo, los publicistas nos han dicho que vamos a sacar la producción de la Altillanura por el río Meta hasta Puerto Carreño y desde allí por el Orinoco, atravesando toda Venezuela, hasta el Atlántico. Ya aclaró la senadora Maritza Martínez con toda precisión que no existe proyecto de navegación por el río Meta. Existen unos de esos monitos de servilleta que hace la gente al final de los almuerzos, y eso da una cierta idea, pero hacerlos realidad vale toda la plata del mundo. Bueno, llego a Puerto Carreño y todavía me quedan 1.200 kilómetros al mar, y de ellos, 800 no navegables. En conclusión, lo primero que hay que aterrizar es cómo vamos a resolver el problema de producir en la Altillanura y vender, y, repito, no me opongo a que se produzca allí, pero contando con las realidades.

 

La siguiente figura nos detalla las cosas en un color más azul (http://db.tt/yNDocJPY). Ahí el rio Meta, en el extremo, a la derecha, Puerto Carreño, en la otra punta se alcanza a ver a Villavicencio, y aquí están las distintas poblaciones, La Primavera, Santa Rosalía, Puerto Gaitán y Carimagua. En el mapa (http://db.tt/mIWA1UY7), lo que está en amarillo al lado derecho es Puerto Carreño, el área más cercana a Venezuela pero también lo más lejano y difícil de desarrollar. Hacia la izquierda está Villavicencio y una serie de municipios, en lo que llamamos el Piedemonte Llanero, con posibilidades agrícolas muy importantes, con tierras mucho mejores que las de la Altillanura y que necesitan todo tipo de respaldo del Estado. Si estamos en política, nosotros tenemos que ser gentes de Estado. No podemos plantear soluciones ajenas a la realidad nacional. Cualquier proyecto que se haga en cualquier sitio de Colombia genera una contradicción de si se hace ahí o se hace en otro sitio, porque los recursos son insuficientes y no tenemos plata para gastar indefinidamente en cuanto nos pase por la cabeza. Las tierras del Piedemonte Llanero, en los Llanos Orientales, les llamo la atención, cuentan con enormes potencialidades agropecuarias. Y si llega a haber proceso de paz, y ojalá lo haya, y es probable que lo haya, muchas de las tierras hoy con dificultades graves de orden público se van a abrir por completo y allí podría haber unos factores de desarrollo supremamente grandes.

 

Montar agricultura en la Altillanura, un desafío complicado

 

En contraste, las tierras de la Altillanura, y de la Orinoquía en general, tropiezan con ingentes dificultades. Me lo explicaba un llanero, una persona honrada y con criterio científico, muy conocedor del tema: mire, senador, párese en el Piedemonte Llanero, en las estribaciones de la Cordillera Oriental que caen sobre los Llanos, y mire hacia Venezuela. Y cada kilómetro que usted se aleje de la cordillera es más difícil producir, no solo porque la calidad de los suelos empeora, sino también porque los inviernos y los veranos son más difíciles de manejar. Allí hay un régimen de lluvias y de sequías bastante complicado. Y me hacía esta reflexión: ahí hay un proyecto de desarrollo, pero surge una pregunta clave, cuándo y cómo. Es decir, de qué plazo estamos hablando: ¿5, 10, 20 o más años? Debería ser a mi juicio un desarrollo por etapas para ir avanzando en la geografía y en el territorio nacional.

 

En la Altillanura propiamente dicha, sin contar Arauca y Casanare, según los últimos datos de Planeación Nacional, son más o menos utilizables unas 3.5 millones de hectáreas, aun así, repito, de calidades complicadas. La infraestructura sí que es bien difícil. En el Vichada, por ejemplo, apenas hay 2.500 kilómetros de carreteras. De ellos, en la red secundaria hay 1.600 y en invierno apenas son transitables el 25%. Por ellas solo se atreven en invierno, y conozco la región, los corredores de deportes extremos. En estos días hubo un Rally de Villavicencio a Puerto Carreño y apenas llegó la mitad de los vehículos. Y la red terciaria apenas es transitable en invierno el 15%.

 

Cuál es el lío con los suelos. Me lo ilustraba también este llanero. En la Altillanura no hay árboles, solo unas cuantas matas de monte y unas sabanas inmensas cubiertas con un pastico de muy exigua capacidad de sustentación para ganadería. Y me decía, senador, en esas tierras no hay árboles, no porque los hayan tumbado, sino porque nunca los hubo, por la calidad de los suelos. Se puede montar agricultura ahí, me explicó, pero es un desafío complicado. Entonces, cuál es el lío que enfrentamos. Desde el punto de vista físico las tierras son muy buenas, casi todas planas, pero la química, no. No es que sea imposible, pues con solo encalar las posibilidades aumentan. Lo cierto es que ahí está la paradoja. Creo que la Altillanura no se ha desarrollo no es por falta de vías, sino por el problema de los suelos, porque si los hubiera buenos, la colonización habría entrado, como ha pasado en otros sitios, y las vías vendrían detrás.

 

Lo de la Altillanura está montado sobre falacias

 

Pero ojo, aun siendo tan difícil el problema de los suelos, soy enfático en señalar que no es cierto que solo los puedan desarrollar los magnates nacionales y extranjeros. Es una falacia. Esto de la Altillanura está montado sobre un poco de falacias. Primera, que en Colombia no hay tierra y por eso hay que irse para la Altillanura. Falso. En Colombia sí hay tierra, ya di las cifras. La Altillanura sería un área de más, y repito, no me opongo a que se desarrolle. Pero no nos digan que no hay tierras. Aquí la senadora Maritza Martínez mostró unas cifras muy complicadas, como para meditarlas, sobre los costos de producción en la Altillanura, en relación con el resto del país. Y deben de ser costos del lado de acá de la Altillanura (al occidente), senadora, porque del lado de allá (al Oriente) no hay. No es lo mismo estar en Puerto López, incluso, en Puerto Gaitán o más acá, que estar de Santa Rosalía y de ahí para allá. Entonces en Colombia sí hay tierras y hay que aprovecharlas. Las tierras de Córdoba son de una calidad 1A y están lamentablemente en ganadería extensiva, porque en Colombia no es rentable el agro. ¿Las tierras están en la especulación inmobiliaria por culpa de los propietarios, refractarios a utilizarlas en agricultura, o porque la macroeconomía impide utilizarlas en agricultura? Tiendo a pensar que es lo segundo. En Colombia, el que haga agricultura se quiebra. No faltará el excéntrico que no quiere utilizar la tierra, pero en general a la gente le gusta ganar plata. Tiendo a pensar más que no se van a la agricultura y se quedan en ganadería extensiva es porque el ambiente nacional y el país que tenemos no les permite funcionar.

 

Otra falacia. Desde la Altillanura vamos a abastecer a Colombia y al mundo. No digo que no pueda suceder algún día, pero hoy, en el corto plazo, a 10, 20 años, francamente les digo que no lo creo factible, sobre todo si el gobierno se empeña en no cambiar las políticas de libre comercio. Porque si al país le establecemos un sistema de protección de pronto podemos agilizar el desarrollo de la Altillanura sobre la base de protecciones por aranceles, barreras en frontera, ¿pero en libre comercio? ¿Navegación por el rio Meta? ¿Navegación por el Orinoco? ¿Cuándo? Me dice el representante Wilson Arias que si las abren, de pronto va a ser para que entren los productos de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero además hoy no lo veo. Son de esos proyectos de servilleta que sí, algún día, de pronto, podrán ser realidad.

 

¿Centrar allí el gasto del Estado? No niego que haya que atender la región y hacerlo de mil maneras, pero el país tiene que mirar hacia dónde encauza prioritariamente el gasto público. Nos alegan también que solo se puede desarrollar la Altillanura con grandes capitales privados, el sofisma con el que algunos quieren tapar sus ilegalidades, porque mientras nosotros denunciamos que lo que hicieron con las tierras es ilegal, ellos se obstinan en que es el progreso. El progreso no se puede montar sobre la base de violar la ley, es lo primero que se debe aclarar. Pero además nos han metido el cuento de que los pobres no pueden estar en la Altillanura –y dentro de los pobres incluyo empresarios comunes y corrientes–, porque solo los magnates tienen la plata para hacerlo. Aquí voy a decir algo que es de fondo en este debate: no hay agro en el mundo que se pueda desarrollar sin la protección del Estado, incluida, ojo, la gran producción.

 

¿Me van a alegar que los grandes agricultores de Estados Unidos y Europa trabajan sin subsidios? Pongámosle seriedad al debate. ¿Me van a aducir que en Brasil laboran sin protección, sin el Estado ayudándoles? Pero además, miren aquí en Colombia unos datos que encontré: los señores de Cargill tienen en la Altillanura como 60 mil hectáreas, de las que solo dedican unas pocas a la agricultura, pero recibieron 33 mil millones de pesos de créditos Finagro. ¿No dizque ellos no necesitan respaldo del Estado? CIF, Certificados de Incentivo Forestal, a empresas en la Altillanura, no a personas naturales, 22 mil millones. ¿No dizque no necesitan respaldo? Claro, agrego yo, si el Estado no se mete en la Altillanura, no hay como desarrollarla ni para pequeños ni para medianos ni para grandes. Cuántas son las exenciones tributarias de que gozan los monopolios, cuántos los ICR, que no nos metan cuentos. Es más, les hago un llamado de atención a los empresarios que echan cuentos: caballeros, no se terminen disparando a sí mismos con sus teorías, porque en Colombia está haciendo carrera la idea de que no debe haber protección al agro. Y si no la hay, se acaba todo el agro, incluyéndolos a ustedes. No se puede entender la agroindustria azucarera del Valle del Cauca sin la protección del Estado. No se puede entender el cultivo del arroz sin la protección del Estado. Ahora me voy a detener en la palma, pero desde ya afirmo: sin la protección del Estado no habría ni una palma sembrada en Colombia, y si se la quitan, se acaba. Pido entonces más seriedad en el debate. Es muy difícil encarar un debate montado a punta de cuentos.

 

Que hay un gran desarrollo actual en la Altillanura, dicen. También mirémoslo para ver en qué van las cosas. Son 3.5 millones de hectáreas útiles según Planeación Nacional, y hay cultivadas 92 mil, en los municipios de la Altillanura de Meta y Casanare. No hay entonces ningún gran desarrollo en la Altillanura. Podría haberlo, pero hoy no lo hay. Nos dicen que en palma de aceite hay mucho, 19 mil hectáreas, según cifras de Planeación Nacional del 2011, y pónganle que haya subido un poco. Ahí lo que se vaya a hacer está por hacerse. Cómo lo vamos a hacer, pero hagámoslo bien.

 

Nos han echado otro cuento. Que lo que se está haciendo en la Altillanura fue lo que hicieron los brasileños en El Cerrao. Y como Brasil exporta mucha comida, entonces en la Altillanura vamos a exportar mucha comida. En el colegio le enseñaban a uno que había silogismos engañosos: de premisas ciertas, conclusiones falsas. Lo primero es que lo que se está haciendo aquí en la Altillanura no se parece en nada a los que hizo en El Cerrao. Lo del Brasil sí que es un buen ejemplo de un Estado con su poder bregando a desarrollar una región. Es más, cambiaron la capital del Brasil y la pasaron para allá, hoy Brasilia. Imagínense el tamaño del proyecto. Movieron a 250 mil familias para que ocuparan la región, adelantaron descomunales inversiones en infraestructura desde 1970, crearon Embrapa en 1973, y no quiero referirme de mala manera a lo que puedan hacer en Corpoica, solo digamos que Corpoica, nuestro gran centro de investigaciones, es una especie de pigmeo al lado de Embrapa. No es un problema de los funcionarios, no quiero maltratar a nadie. Y me dicen que lo que se hacen en la Altillanura es lo mismo que hicieron los brasileños, paja. Les doy otro par de datos: en 1999, Brasil creó un Ministerio de Desarrollo Agrario especializado en la pequeña producción agrícola, porque tampoco es cierto que en El Cerrao solo haya grandulones. El 84% de las fincas del Brasil, incluido El Cerrao, son fincas familiares como las llaman allá, en manos de pequeños productores. El 38% del total de la producción sale de los pequeños. Más datos: el 87% de la yuca de Brasil la producen los familiares, lo mismo el 70% del frijol, 59% de la cría de cerdo, 58% de los lácteos, 50% de la cría de aves, 46% de maíz, 38% del café, 34% del arroz, 30% de la cría de bovinos, 21% del trigo, 16% de soya. Por qué ocultan estos datos los medios de comunicación, por qué no se los cuentan al país. Estoy reclamándoles a los medios de comunicación que cumplan con el deber de informarle con seriedad a este país. Entiendo que los medios son de ellos, pero hay deberes mínimos que se deben cumplir.

 

El futuro de la palma africana ¿está en la Altillanura?

 

Lo que voy a contarles es una de las historias más escabrosas. Estoy seguro de que no hay colombiano que, tras haber leído la publicidad que sale en los medios sobre el desarrollo de la Altillanura, no esté convencido de que el futuro de la región es la palma africana, la palma de aceite. Durante el famoso debate de Carimagua, me dijo Jens Mesa, el presidente de Fedepalma, senador Robledo, no hay paquete tecnológico para la palma en la Altillanura. No acababa de creerle. La sorpresa fue inmensa. Pues bien, hablemos un poco de la palma. No hay negocio en grande de la palma aceitera en Colombia sin la protección del Estado. Aprovechemos este debate para aclararlo de una vez por todas. ¿Por qué? Porque una parte muy grande de la producción de palma se va al consumo interno de agrocombustibles, o alcohol carburante y biodiesel, como es también llamado.

 

El biodiesel de palma de aceite es la protección hecha persona. Primero, nos obligan a los colombianos a mezclar el biodiesel con el ACPM de hidrocarburos. Usted no puede llegar a una estación de servicio y decir que le vendan ACPM sin biodiesel. Y es el Estado colombiano el que le fija el precio para que el negocio sea rentable. Ahí no hay libre competencia. El biodiesel es más caro que el diesel de hidrocarburos. El negocio funciona porque nos obligan a consumir, sin derecho a discusión, y para que el negocio no sea tan escandalosamente encarecedor de los costos de los combustibles, el Estado les quita los impuestos al biodiesel y al alcohol carburante que sí pagan los originados en hidrocarburos. Dice el doctor Salomón Kalmanovitz, antaño miembro de la junta directiva del Banco de la República, que los subsidios vía exenciones y pagos de los ciudadanos al negocio de los agrocombustibles vale 452 mil millones de pesos al año. Tomen nota. No estoy ni siquiera haciendo un juicio de valor, sino tan solo dando la información. 343 mil millones de pesos valen las exenciones del gobierno nacional, o sea, lo que pierde; 108 mil millones de pesos vale lo que pierden los departamentos y 71 mil millones pagamos los ciudadanos de nuestro bolsillo, según información de Fedesarrollo. Que nos vengan entonces a echar cuentos y a decirnos que los subsidios son un crimen. Si el arrocero pide subsidios y protección es un criminal, pero en los de la palma sí está muy bien. Hagamos un debate franco.

 

Pero ojo, viene lo más grave. Qué pasa con la palma africana en la Altillanura. Aquí muestro una carta que le envió el presidente de Fedepalma al presidente de la junta directiva de Riopaila, una de las empresas de estos últimos debates y que posee en La Primavera 40 mil hectáreas, que no sé muy bien qué van a hacer con ellas en semejantes lejanías. Miren la historia. En una reunión celebrada en la Casa de Nariño, y aquí los detalles son importantes, con el presidente de Santos a bordo –y había más gente–, el doctor Jens Mesa plantea sus dudas sobre qué pasa con la palma en la Altillanura y expone una serie de riesgos sobre el negocio. Eso irritó bastante al presidente de la junta directiva de Riopaila, el doctor Alfonso Ocampo Gaviria, y ahí mismo, delante de Santos, le hizo el reclamo a Jens Mesa. Y entonces Jens Mesa, a la semana siguiente, ni corto ni perezoso, le mandó esta carta al presidente de Riopaila. Voy a leer algunas frases: “Debo confesarle que nos hemos sorprendido con las molestias o incomodidades de muchas personas frente a los argumentos válidos que Fedepalma ha presentado en varias reuniones y foros, especialmente, sobre los requerimientos de todo tipo que se necesitan para producir palma en la Altillanura”. Se me pasaba mencionar un detalle. Lo que molestó tanto al presidente de Riopaila es que el presidente de Fedepalma le insiste en que producir palma en la Altillanura es muy riesgoso. Que le echen ojo porque pueden terminar perdiendo plata. Cabría preguntarse, agrega el doctor Mesa, cuál es el interés que muestran algunos en no estudiar detenidamente y debatir abiertamente toda una información, válida tanto a escala nacional como internacional, primero, que la palma de aceite es un cultivo de trópico húmedo, y no de altillanura. Que si la palma de aceite se cultiva exitosamente en regiones del trópico húmedo, en otras regiones más secas enfrenta limitaciones productivas y competitivas, por lo que se requieren inversiones cuantiosas para tratar de subsanar las brechas de la oferta ambiental. Si bien en Colombia hay mucha tierra disponible para el cultivo de la palma de aceite, no toda es apta para el desarrollo productivo y competitivo de esta actividad agroindustrial.

 

Segundo, “las condiciones naturales climáticas de la Altillanura son un limitante de la productividad de la palma de aceite”. Ya le va al almendrón del debate. Le dice: “la experiencia y la literatura muestran que la oferta ambiental del lugar donde se desarrolla el cultivo de palma de aceite condiciona de manera muy importante la productividad del mismo. Es bien conocido que los suelos de la Altillanura en general presentan baja fertilidad y que el comportamiento estacional de las lluvias de esa región determina un déficit hídrico alto durante aproximadamente cinco meses al año”. Las palmas pueden morirse en esos cinco meses o deteriorarse en grado sumo.  “Lo cual permite prever productividades en muchos casos inferiores al 50% de su potencial”. Precisa: “En la Federación –Fedepalma– hemos recibido información que los promotores de estos proyectos le apuestan a que si bien van a tener bajos rendimientos aspiran a tener bajos costos amparados supuestamente en los relativos bajos precios que pagaron por la tierra”. Aceptan los promotores que sí es muy difícil, pero que como la tierra es barata, el negocio se puede hacer. Es justamente lo que está cuestionando Jens Mesa.

 

Tercer punto: “La competitividad de la palma de aceite en la Altillanura enfrenta muchas dificultades. La baja productividad esperada de muchos cultivos en la Altillanura puede ser un limitante para su competitividad económica. Una estrategia para reducir costos es incrementar la producción”. Jens Mesa explica que eso no es suficiente, y miren lo que agrega, que es al punto adonde más quería llegar: parte del lío que tenemos con este proyecto de la palma en la Altillanura es que Colombia ya hoy cuenta con palma suficiente para cubrir el 10% que se le añade a la mezcla del ACPM. Se habló de aumentar la mezcla al 20%, pero lo cierto es que el gobierno no ha tomado la decisión. Empieza entonces a aparecer un excedente de aceite. Miren lo otro que le dice Jens Mesa: con la información que tenemos de la siembra de palma en los últimos años, es posible señalar que las palmas necesarias para producir incluso el aceite requerido para ese incremento de mezcla de 10 a 20 por ciento, ya están sembradas. Y por consiguiente, le remarca, quien siga sembrando palma en Colombia va a tener que salir a venderla al mercado mundial. ¿Y sí es factible? Todos sabemos que Colombia no es competitiva en el mercado mundial ni con Malasia ni con otros de los países productores. Espero por lo menos haber dejado planteada la duda, de cómo las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen y de cómo es deber del Estado y de quienes asumimos con seriedad estos problemas mirar a fondo los asuntos.

 

Y está el caso de La Fazenda, una de las fincas que ha desarrollado con más insistencia tecnológica la producción en la Altillanura. Salió a bailar también ahora, porque está acusada de compras ilegales de tierras. Me quiero referir a que esa finca, y conozco en detalle el proyecto, ha generado una agricultura de precisión con todas las tecnologías del mundo. Pero cuál es el problema –y son averiguaciones del día de mi oficina–, qué es lo que hacen en La Fazenda. Sembrar soya y otros productos para engordar cerdos, una cosa muy bonita tecnológicamente. Pero cuando se miran los precios en Bogotá de la carne de cerdo de La Fazenda y los compara con los precios del cerdo importado, La Fazenda no está siendo competitiva. En el lomo hay una diferencia de menores precios a favor de La Fazenda, pero la costilla sí es bastante más costosa que la importada. El país se está inundando de carne de cerdo importada, como lo han reconocido los propios dirigentes de la organización de porcicultores. Y no está entrando más porque todavía hay barreras de protección. Surge entonces la duda de qué va a pasar con este proyecto.

 

Se desata la especulación

 

El otro asunto puede ser lo que descifre el acertijo. Hay que ver cómo se desarrolla la Altillanura, y hay que hacerlo con seriedad, cosa nada fácil, porque de entrada hay unos problemas de competitividad muy complicados. Por Buenaventura está entrando de todo y con subsidios desde Estados Unidos y desde todas partes. Es el problema que afrontamos y que se complica aún más porque las tierras de la Altillanura están sujetas a un desatado proceso de especulación inmobiliaria y cada vez son menos baratas las tierras, lo que hace más difícil hacer agro ahí. Ahora, para los que están en el negocio de comprar las tierras baratas y revenderlas caras, es una maravilla. Miren los datos, de 2009, Banco de la República: la hectárea en la Altillanura pasó de 400 mil pesos a 3 millones de pesos, es decir, se valorizó 750 por ciento. Son ganancias como de mafioso. Creo que ni el narcotráfico da tanta ganancia. Según elpais.com, 2007, la tierra aumentó su precio en el 500 por ciento en 5 años. La SAC, 2013, un dato escalofriante: hace diez años una hectárea de tierra valía 42 mil pesos. Hoy vale 1,2 millones de pesos, una valorización del 2.900 por ciento. El que hizo ese negocio se ganó toda la plata del mundo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, año 2009: la tierra en Puerto Gaitán, no sobre vía pavimentada, se ha valorizado en 500 por ciento. Añade el mismo informe que Manuelita –también con tierras ilegales y además con enredos graves de paramilitarismo– reconoce valorización del 500 por ciento. Y Manuelita, puntualizan los gringos, reconoce que la valorización se está volviendo un obstáculo productivo. Cargill, otro escándalo bochornoso, porque también hizo compras ilegales de tierra partiendo las compras en pedazos para ocultar que hay acumulación, y el gobierno de Juan Manuel Santos lo sabe, aun cuando uno sabe qué es lo que está sucediendo, compró un predio en 10 millones llamado Aguazul. El intermediario de Cargill, como parece ser, le compra a alguien un predio en ese valor, y ese intermediario se lo vende a Cargill al mes en 3.100 millones de pesos. ¡Al mes! Otro, El Moralito, de 10 millones a 3.094, al mes. Otro, en dos meses, de 10 millones a 2.800 millones de pesos. Las cifras parecen mentira, pero las da Black River, fondo tras del cual opera Cargill.

 

Aquí surge la pregunta que tengo el deber de formular: ¿qué es lo que hay de verdad en la Altillanura? Toda esa propaganda, toda esa publicidad, todos esos grandes poderes nacionales repitiendo que es el paraíso terrenal, el futuro de la Humanidad, salve usted, fulanito, a Colombia y al mundo, páginas y páginas y páginas en los medios de comunicación, en la televisión, avisos en papel brillante, ¿son para qué? ¿Para un montaje agrícola o para un negocio de especulación inmobiliaria? Es la pregunta que los colombianos tenemos derecho a hacernos. Porque tengo la preocupación muy grande, que no la certeza, de que ahí lo que hay sea una ruleta especulativa. Ahora, quiero ser muy preciso, no en todos los casos, y hay mil distintos. La Altillanura es una región muy diversa, como ya lo explicó la senadora Maritza Martínez. Se ve incluso en calidades de tierras, y no es lo mismo tener la carretera cerca que lejos, estar o no al lado del río Meta. La gente que está invirtiendo ahí es muy diversa, desde viejos llaneros, gente nueva que ha llegado, grandes magnates y gente más común y corriente. Pero por todos los datos que les estoy dando, tengo la idea de que aquí hay unos cuantos muy poderosos que están en el negocio de la especulación inmobiliaria. En la legalidad. No voy a decir que es un crimen que usted compre un terreno, le infle como pueda el precio y luego lo venda. Pero socialmente no es positivo, porque mucha gente a la que embarcan en estos proyectos, por ejemplo, en el de la palma de aceite, sin saber las limitaciones, puede estar al borde de perder hasta la camisa, gente que entró al negocio creyendo que si el doctor fulano está metido en él es porque tiene que ser muy bueno, y resulta que el doctor fulano sí sabe para dónde va y el otro no.

 

Repito, la gente que está en el negocio especulativo se gana un montón de plata, pero ¿es bueno para el país, para el Meta, para la propia Altillanura? ¿Qué pasa si sucede lo de siempre, que los precios se inflan y se inflan y se inflan hasta que llega un momento en que viene la destorcida, y un montón de gente pierde la plata. No es la primera vez que ocurre. Uno estudia la historia de los terrenos de La Florida, antes del crac de Wall Street de 1929, y esa es la historia. Tierra en La Florida a la orilla del mar y usted iba a mirar y quedaba a 30 kilómetros de la carretera y en medio de pantanos, pero como el que compraba lo hacía solo para vender más caro le importaba un pepino. Y qué sucedió, que los precios subieron y subieron y un día, plum, se vinieron a pique y la gente se quebró. Quiero insistir en que nosotros los del Polo estamos profundamente interesados en que lo de la Altillanura se desarrolle y en que el Meta funcione, y no solo la Altillanura, la Orinoquia toda, porque hay que mirar también hacia Casanare y hacia Arauca. Incluso es curioso que solo se hable de la Altillanura, porque buena parte de los desarrollos agrícolas de la zona se están haciendo más hacia Casanare, por ejemplo, en el caso del arroz. Me temo que haya mucha tela de donde cortar.

 

Fragilidad ambiental

 

Dejé aparte este punto porque es muy importante y es la preocupación que embarga a los estudiosos del tema ambiental en la Altillanura, por ejemplo, el doctor Manuel Rodríguez y otros muchos, quienes han venido haciendo ver la fragilidad ambiental de la Orinoquía. En ese sentido hay que moverse con pies de plomo. Si la tarea se hace mal, la catástrofe ambiental puede ser de proporciones descomunales. Se llegaría algo así como a matar esas tierras.

 

La propuesta del Polo

 

Cuál es la propuesta del Polo para el desarrollo de la Orinoquia y de la Altillanura. Enfatizo que es una propuesta, porque nuestros enemigos de cabecera siempre nos acusan de no proponer. Estoy tomando entonces un seguro a prueba de bobos: voy a hacer una propuesta y que quede registrado en el acta, señora secretaria, que es una propuesta. Método a prueba de vivos o de bobos, normalmente más vivos que bobos.

 

Lo primero, no puede haber agricultura en la Altillanura si no hay agro en Colombia. No me van a meter ese cuento, porque donde es más difícil es allá. Se acaba el agro en Córdoba, en el Magdalena Medio, en el Valle del Cauca, en el Tolima, ¿y en la Altillanura si va a haber agro? Uno pediría que en los debates fuéramos respetuosos con la inteligencia de los demás.

 

Lo segundo, no puede haber agro si no hay protección del Estado. Es un debate que hay que hacer con toda claridad. La producción empresarial, particularmente, necesita protección. En ciertas circunstancias son más resistentes a la crisis los campesinos pobres que los empresarios. El campesino siempre tiene la posibilidad de hacer las cosas como en Boyacá. Los pobres solo comen papa, los peluquea la señora, nunca van al médico. Entonces pensar en agro y pensar en modernización, ministro, lo primero que hay que hacer es renegociar los TLC. O que el doctor Juan Manuel Santos diga de frente que aquí no va a haber agro. Voy a repetir un cuento que he relatado mil. El doctor Jorge Humberto Botero, el ministro que negoció el TLC con Estados Unidos, me dijo, senador, por qué Colombia tiene que producir alimentos si dispone de minería y con eso los paga. Lo escribió después en La República y me lo volvió a decir hace unas semanas en un congreso de estudiantes de economía en Medellín, ante mil muchachos. Ahora, no es que el doctor Botero esté loco, aunque lo parezca. No, es la teoría económica de las ventajas comparativas, que dice que los países se especializan en lo que puedan, una falacia, claro está, pero esa es la teoría.

 

Es lo que hay que aclarar y preguntarle al doctor Santos: ¿usted quiere que haya agro en Colombia? Pues métase en el proteccionismo, porque sin protección no hay agro, la protección lo es todo. Lo demuestran los costos de los insumos, el crédito suficiente, oportuno y barato, los precios de sustentación, la infraestructura, la ciencia. Este es el único país del mundo en el que los funcionarios le echan a uno el cuento de que va a haber agro sin ciencia. En Estados Unidos aparece un bicho y llegan ahí mismo diez mil científicos. Aquí aparece uno y el campesino tiene que rezarlo a ver si se muere.

 

Cuál es la propuesta específica. En ese ambiente, en un país que protege su agro, ver qué hacemos con la Altillanura. ¿Para qué? Primero, para el desarrollo agropecuario y para producir donde se pueda, no para especular. Segundo, tiene que ser un desarrollo democrático, socialmente diverso. Puede haber uno que otro grandulón, no digo que no, pero también campesinos. Es mentira que no puede haber economía campesina. Paja, esas tierras con un poco de cal se mejoran muchísimo, no le pongan tanto misterio a las cosas. Y hay mil prácticas. El día del debate de Carimagua me enviaron de la Universidad del Llano un documento grandísimo con todas las posibilidades de desarrollo agrícola en Carimagua, que es Altillanura. Buena parte del desarrollo que se está haciendo en la zona del Piedemonte y hacia adentro son producciones de 100, 200, 300 hectáreas, de empresarios. Se puede hacer desarrollo con cooperativas de verdad, no falsas cooperativas. Es que un grandulón coge a un poco de campesinos-siervos para clavárselos el día de la crisis y a eso lo llaman una cooperativa. Socialmente diverso, con los llaneros a bordo, empezando por los propios indígenas. Este es un caso especial que hay que tratar con juicio. El colmo de la desproporción es que a uno le digan que vamos a desarrollar los Llanos Orientales y la primera idea sea sacar a los llaneros porque llegaron los nuevos llaneros. Nos lo presentaron en una revista con foto grande de portada, casi poniéndoles veladora a los nuevos llaneros. Tiene que ser una tarea ordenada, por etapas. El Estado colombiano carece de músculo financiero para desarrollar la zona en un solo día. No hay vías, no hay electricidad, salvo unas plantas pequeñas en unos cuantos pueblos, no hay nada. Hay que hacer un Conpes de verdad, que no sea un truco para que don fulano ponga a su amigo ahí para inventarse un cuento. Tiene que ser un desarrollo cuidadoso con el medio ambiente. Y por supuesto, tiene que ser dirigido por el Estado.

 

Hay prácticas tan simples como la de echarles cal a las tierras. He hablado con gente como Eudoro Álvarez, que conoce los Llanos de toda la vida. Con solo echarles cal se puede pasar de sostener una vaca cada diez hectáreas, a poner varias, nada del otro mundo, porque no tiene que ser cal al cien por ciento.

 

Pero miren cuál es el lío que hay con la cal. Parece mentira. Primero, es muy extraño que en toda el área de la Orinoquia no haya sino una mina de cal. En medio país, como 500 mil kilómetros cuadrados, y no hay sino una mina de cal. Y miren la casualidad. ¿Saben de quién es? Entiendo que es de los Carranza. Claro, esa cal vale más que el oro. ¿Acaso no debería intervenir el Estado para garantizar que la mina estuviera de verdad al servicio del desarrollo y para que se le vendiera a la gente la cal a precios módicos? A cualquiera se le ocurriría que fuera así, pero a este gobierno no. Supe por ahí que, por el contrario, cuando empezó este bum, alguien pensó en comprarle la mina a Carranza, para que no fuera Carranza el que hiciera el negocio sino otro más distinguido. La otra cal que hay en el país está en un municipio del sur del Huila, tal vez Gigante o Garzón. Y algo también tan elemental como hacer una carretera del Huila a los Llanos directamente sigue en veremos y se va a echar tal vez cien años. La cal del Huila pasa por Bogotá para seguir hacia los Llanos Orientales. Que no me vengan entonces a echar cuentos de que el gobierno está de verdad por el desarrollo agrícola de la Altillanura, con este par de historias que acabo de contar.

 

Concluyo resumiendo lo que he dicho. El Polo Democrático Alternativo no se opone al desarrollo de la Altillanura, pero plantea todos estos interrogantes, sobre los cuales, si alguien me da un argumento mejor, estoy dispuesto a mirarlo, porque son temas que tienen sus complejidades técnicas y sus realidades. Pero hagámoslo en un debate serio, con razones, con argumentos, y miremos entre todos qué hacer. Los criterios que estamos plantando son sanos, democráticos.

 

Termino insistiendo en que no nos esponjen más las narices quienes han malgobernado a Colombia. Cuento mucho una historia. Éramos un grupo de amigos y alguno de ellos era de una soberbia y un pretencioso enormes, aunque era pobre como el resto. Hasta que uno le dijo, ole, qué tal que usted fuera rico. Parecido les digo a quienes gobiernan a Colombia: qué tal que hubieran gobernado bien, si gobernando tan mal casi que no dejan ni hablar y el que se atreva a decir algo en desacuerdo queda satanizado y lo menos que le dicen es que es un terrorista.

 

Insisto en que se está hundiendo el país, senadora Maritza Martínez. Uno no puede tener un país en donde el negocio agrario central no sea agrario, sino de especulación inmobiliaria. Estoy convencido que la explicación principal no es un problema de mala actitud ni siquiera de quienes tienen las tierras, sino de hacer agricultura o ganadería en Colombia es una actividad de altísimo riesgo. Y no solo por la violencia, aunque la violencia cuenta. En Boyacá no ha habido violencia y les acabaron con el trigo y la cebada. Las cafeteras son zonas más bien tranquilas y se están arruinando. Si siguen las importaciones de azúcar se quiebran los ingenios azucareros y es una tierra controlada por el Estado.

 

Es un problema del modelo económico, un modelo de sustitución del trabajo nacional por el trabajo extranjero. De eso se trata este rompecabezas. Aquí hay unos que creen que son genios y otros que ganan diciendo que mejor lo extranjero que lo nacional. Y cada vez que se quiebra un agricultor o un ganadero aplauden, porque, dicen ellos, se quebró otro ineficiente, otro enemigo del progreso. Y creo que en esa lógica estamos metidos en la Altillanura. Es en resumen lo que hay que modificar.