Jorge Enrique Robledo Castillo
Manizales, 8 de mayo de 2003.
En reciente artículo publicado en varios periódicos, el ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, criticó mis posiciones en el debate que sostuvimos sobre el Alca y el agro en la Comisión Quinta del Senado. Pero como esta vez también evadió mis planteamientos, aquí los repito y sigo a la espera de sus respuestas.
Esta discusión no es nueva en Colombia. Ya se dio hace trece años y la perdieron los neoliberales, porque el “futuro” que ofreció Gaviria condujo a que las importaciones de productos agropecuarios, en dólares, se incrementaran hasta en 479 por ciento, con lo que se perdieron 150 mil empleos. Si lo importado no llegó a más fue por la hambruna que desató la apertura y porque se estableció el Sistema Andino de Franjas de Precios, que le puso a catorce productos un arancel promedio de 83 por ciento, calculado según el mayor anual para cada uno. Y como el Alca busca poner los aranceles en cero por ciento para el 2015, la mejor “negociación” apenas establecerá el orden en que se arruinarán los productores, con lo que los “vencedores” serán los que desaparezcan de últimos. De ahí que un campesino dijera: “Alca quiere decir: alca-ído, caerle”.
La causa última de por qué no se puede competir con los estadounidenses se explica por el respaldo que reciben de sus gobiernos. Mientras en Estados Unidos el presupuesto del Ministerio de Agricultura asciende a 100 mil millones de dólares al año, el de Colombia, en el 2003, llega a 61 millones, es decir, 1.639 veces menos, por lo que competir con ellos equivale a que alguien desafíe a un gigante de 410 pisos de alto. Y esa diferencia se ha acumulado por décadas, como lo muestra que por cada trabajador en el campo norteamericano haya 1.6 tractores, mientras que aquí hay uno por cada 155.
También quedó en evidencia la irresponsabilidad con la que el gobierno viene abordando lo que llama las “negociaciones” del Alca. Según dijo el ministro de Comercio, apenas ahora Planeación Nacional “está haciendo” un estudio sobre su impacto en el país, a pesar de que el ingreso al Alca ya lo tienen decidido y debe firmarse al terminar el 2004; no sabe a qué precios producen los países que le compiten a Colombia en cultivos tropicales, que según dice son los que reemplazarán a los que desaparezcan; y los que propuso para sustituir a los que se quiebren parecen una burla: café, algodón, banano, plátano, tabaco negro, papa, flores, frutales, hortalizas, yuca y cacao.
Botero se salió por la tangente al comentar por qué el gobierno de Colombia no piensa como el de Estados Unidos sobre la importancia de producir la dieta básica de la nación, tema que se explicó con una frase de George W. Bush: “Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden Ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Por eso, cuando hablamos de la agricultura (norte)americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”. Guardó silencio sobre la acusación que hizo la SAC en carta que le envió a su despacho: “No sobra recordar cómo el señor Ministro de Hacienda indicó que de querer garantizar recursos de financiamiento externo por parte de las entidades internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID, se requería desmontar la protección al sector agropecuario ante la fuerte presión de estos organismos al respecto”. Reconoció que habrá “ganadores y perdedores”, pero no explicó quiénes serán los primeros. Aceptó que los voceros de las trasnacionales asisten a la reuniones donde Colombia define sus posiciones sobre el Alca y que de estas pueden depender las concesiones del ATPDEA. Y no respondió a la propuesta de definir el ingreso a este acuerdo leonino mediante una amplia consulta popular, que sería lo obvio ante el calibre de la amenaza.
Su retórica acerca de que las mayores importaciones de comida favorecerán a los consumidores oculta que los que pierdan el empleo poco o nada comprarán, que la ruina del agro también empobrecerá a las zonas urbanas y, en especial, que la disminución de los costos de lo importado, por efecto del arancel de cero por ciento, será compensada por incrementos de los impuestos de la misma magnitud, lo que podría estar ya sucediendo de acuerdo con la decisión de ponerles IVA a los alimentos sin procesar a partir del 2005, impuesto repudiado por el propio Procurador General de la Nación.
