Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 13 de noviembre de 2009.
Luego de escuchar al ministro Andrés Fernández tergiversando lo ocurrido en el escándalo que los condena a él y a Andrés F. Arias, se entiende por qué Monseñor Jaime Prieto Maya, el obispo de Cúcuta, escribió: “Agro ingreso seguro, cínico y descarado (…) Cuando se inició el escándalo uno de los grandes implicados decía ‘pero si todo está a la vista’. Pues claro que todo está a la vista. Su cinismo los exime de justificarse por ignorancia”. La misma reflexión que generó entre tantos la actitud de los hijos de Álvaro Uribe cuando abusaron de los medios de comunicación para “dar la cara” por sus negocios, es decir, la cara dura de la desvergüenza, de la desfachatez.
Aunque Fernández enredó sobre qué es un mediano productor, no pudo negar que hoy lo definen como el que posee activos agrarios entre $50 y $5.000 millones (!), a pesar de que el 18 de septiembre de 2007, en la Comisión Quinta del Senado, le dije a Andrés F. Arias que ese rango estaba calculado para manipular la estadística y meter de contrabando a grandes productores como medianos. Tampoco pudo negar que Coltabaco-Philip Morris recibió casi $30.000 millones en créditos AIS y mal le salió defenderlos diciendo que era para financiar campesinos, porque la plata del Estado no debe servir para que una trasnacional convierta en siervos a los tabacaleros. Le dio vueltas al caso de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero no se atrevió a decir que era falso que dos empresas bajo el control de este se quedaron con la tercera parte de los créditos AIS del departamento del Meta en 2007.
Tampoco pudo refutar que unos cuantos financistas de la campaña de Uribe y del referendo reeleccionista recibieron $56.000 millones de AIS, contando entre ellos al primer banquero del país, cuyas empresas a la postre recibieron $12.000 millones. Se hizo el loco sobre que a 161 personas les prestaron la misma plata que a 79.000 y que por ICR a 1.100 les dieron el mismo monto que a 75.000. Régimen plutocrático. Régimen plutocrático y de amigotes. Y con recursos para el agro escasos, porque no dijo ni mu sobre otro dato: AIS cubre unas cien mil operaciones al año y hay 2.7 millones de predios en el campo.
No contradijo que en la base del otorgamiento de varios subsidios para riego a una sola familia estuvo que así lo permitió la reglamentación definida por Andrés F. Arias, la cual señaló un tope de $600 millones por subsidio, pero no por predio, persona o familia, sino por proyecto, cuando se sabe que en una finca pueden montarse varios proyectos. Tan estaba en las normas la posibilidad legal de recibir varios subsidios por finca, que padre, madre y hermanos obtuvieron 2.200 millones para Campo Grande 1, Campo Grande 2, Campo Grande 3, Campo Grande 4 y Campo Grande 5. Tampoco pudo explicar por qué proyectos calificados como “no viables” se volvieron “viables” para recibir el subsidio, cambio que violó las normas. Y nada dijo sobre por qué se usó como intermediario para seleccionar estos proyectos al IICA-OEA, al que es imposible o muy difícil que lo investiguen Fiscalía y Contraloría, dada su naturaleza de ente internacional.
Escandaloso fue el intento de Fernández de descalificar las críticas por subsidios a burócratas y narcotraficantes, porque, según él, también ocurrieron en otros gobiernos. Y hasta en ridículo cayó cuando puso en duda la grave crisis agraria nacional y que Colombia tiene una de las peores concentraciones de la tierra rural en el mundo.
A Fernández, Arias y Uribe les ha faltado valor civil para defender de frente la política plutocrática que aplican, también demostrada en el caso Carimagua, donde intentaron entregarle a un magnate las 17.000 hectáreas que eran para centenares de campesinos. ¿No dijo Arias que Colombia debía imitar el modelo malayo, y no es Malasia una monarquía corrupta en el que el rey y sus amigotes disfrutan de haciendas promedio de diez mil hectáreas y hay un productor de palma con más de 200 mil hectáreas?
Los colombianos ignoran que Álvaro Uribe se lamenta porque la ley no le permite titular en los Llanos Orientales latifundios de “40, 45 mil hectáreas” y que busca que esas haciendas se conviertan en zonas francas que les permitan traer “toda esa maquinaria sin arancel ni IVA” y con una “tarifa de renta solamente de 15%; no de 33”, para las que “pienso –agregó–, la ley de Agro Ingreso Seguro es muy buen paso” (http://oacp.presidencia.gov.co/snerss/detalleNota.aspx?id=15903).
