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Ayer, apoderado-cliente. Hoy, fiscal-investigado
Por Cecilia Orozco
José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, corporación socia de Odebrecht en la concesión Ruta del Sol II que fue adjudicada a cambio de un soborno de alrededor de $13 mil millones de pesos (US 6,5 millones) en 2009, aceptó pagarle esa coima al exviceministro de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, de quien dependía la selección del ganador. También aceptó que Corficolombiana “dividiera los ‘costos’ (del soborno) a lo largo del proyecto” con la firma brasilera. Las afirmaciones anteriores no son mías. Fueron pronunciadas por el fiscal tercero anticorrupción Juan Alberto Delgado quien sustentó, con estas y otras frases, la imputación que, por varios delitos, le formuló al exfuncionario García ante al juez 26 penal de Bogotá, en enero pasado. Como lo publicó Noticias Uno en su momento, en la audiencia el fiscal Delgado dijo: “Luiz Antonio Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia) también contactó al doctor José Elías Melo para informarlo acerca de dicho compromiso (la coima) y este autorizó actuar en la forma requerida por el doctor Gabriel Ignacio García Morales”.
El compromiso penal de Melo en esa operación criminal es tan profundo que 15 días después de la audiencia contra García Morales, el expresidente de Corficolombiana fue llamado a interrogatorio por la propia unidad anticorrupción de la Fiscalía. Después de esa cita, cero: nada se ha sabido sobre el proceso contra el prominente abogado que, antes de pasar al sector privado fue superintendente bancario, viceministro de Hacienda y ministro de Trabajo, entre otros cargos. Es decir, pertenecía al círculo selecto de personajes del mundo económico y político del país. Allí debió conocer al litigante Néstor Humberto Martínez. Por eso les resultó tan fácil trabajar del mismo lado para estructurar la estrategia de defensa con que pretendían ganar el largo pleito que se desató entre Hoteles Estelar S.A., —filial de Corficolombiana—, y varios grupos de copropietarios del Hotel Almirante, de Cartagena.
Simplifico el cuento: los dueños del hotel le entregaron, mediante un contrato por diez años, la administración y operación de su edificio, a Estelar S.A. Al entrar en conflicto con este conglomerado, los ciudadanos quisieron terminar el contrato de tal manera que avisaron a Estelar-Corficolombiana con suficiente anticipación. Estelar se negó a devolver el hotel hasta cuando el asunto llegó, en marzo de 2010 y por petición de su apoderado Néstor Humberto Martínez, a un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Quienes demandaban la devolución de su propiedad, ciudadanos del común, terminaron demandados. Melo y Martínez Neira argumentaron que su representada —Estelar S.A.— no había sido notificada dentro de los términos; que, por tanto, el contrato se prorrogaba automáticamente por otros diez años y que no todos los reclamantes estaban de acuerdo en pedir de vuelta la edificación. Un año y medio después los tres árbitros, ante quienes me quito el sombrero, sentenciaron que los propietarios del Almirante tenían toda la razón. En cambio, le dieron un durísimo regaño al dúo Melo-Martínez Neira por “la violación del principio de buena fe en la ejecución de los contratos…”. Describen cómo Melo (o con su autorización) penetró, durante el proceso de arbitraje, al grupo de ciudadanos enfrentados a Estelar, haciendo parecer como si fueran parte de estos, a unos empleados del Comité de Cafeteros del Valle siendo ficticio. Con esta maniobra Melo y Martínez Neira pretendían romper la unidad de su contraparte y enterarse, anticipadamente, de sus decisiones. La conclusión de los árbitros es unívoca: “Compulsar copias del expediente y del presente laudo a la Fiscalía General de la Nación (dirigida, en 2011, por Viviane Morales) para que investigue la eventual presencia de las conductas tipificadas en los artículos 453 (inducir a error a un servidor para obtener sentencia contraria a la ley) y 454-B (alterar medios de prueba judicial, ocultar o destruir material probatorio) del ordenamiento penal…” (pág. 125). Como suele suceder, con esta compulsa de copias no pasó nada antes y… ¡Ahora, menos! Hoy el fiscal general es Néstor Humberto Martínez y en el banquillo de los acusados está José Elías Melo. Martínez Neira no se ha declarado impedido ni lo hará si nos atenemos a lo que ha hecho y dicho a lo largo de su prolífica carrera.
