Una noticia que se esperaba desde cuando empezó la apertura terminó por aparecer en la prensa del país: «Acerías Paz del Río entró en concordato». Ante su incapacidad para funcionar adecuadamente y atender deudas que superan los cien mil millones de pesos, a Colombia le tocó asistir al proceso concordatario más grande de la historia del país. Y está por verse si esta medida logrará impedir la declaratoria de la bancarrota, la cual convertiría en chatarra centenares de miles de millones de pesos en activos, eliminaría 3.437 puestos de trabajo directos y mil indirectos, amenazaría la subsistencia de 10.000 pensionados y liquidaría una base industrial fundamental para el desarrollo del país.
De acuerdo con los directivos de la empresa, tres fueron las causas principales de la crisis: baja de los aranceles a las importaciones, revaluación de la moneda y contrabando, es decir, el conjunto de la política aperturista, porque la desprotección de la industria nacional y el libre ingreso de los capitales foráneos que abaratan artificialmente el peso son sus consecuencias inevitables. Y el contrabando se facilitó en mucho por el debilitamiento de las aduanas decidido por la administración anterior al calor del dogmatismo neoliberal, a pesar de que, cuando se decidía «someter a la industria nacional a los gélidos vientos de la competencia internacional», el presidente de la Junta Directiva de la Andi advirtió sobre los riesgos de concederle patente de corso a los contrabandistas, quienes, con una importación legal, justifican los matutes posteriores.
Pero la crisis de la principal siderurgia del país no debe verse sólo como un problema que afecta a los accionistas de la empresa, a sus asalariados y a quienes en Boyacá viven de la actividad económica que de múltiples formas genera Paz del Río. Aquí lo que está juego es si Colombia persistirá en el esfuerzo iniciado en la década de 1950 de crear una industria del hierro y el acero propia que le sirviera de fundamento al desarrollo nacional, o si más bien, renunciará definitivamente a ella, acomodándose a la suerte de un país de tercera.
Si se analiza la historia de las potencias es imposible encontrar alguna que haya renunciado a la producción de hierro y acero, la base insustituible de la industria pesada, el fundamento de cualquier desarrollo Industrial y agropecuario de valor estratégico. Inclusive, si se estudia el caso de naciones que se encuentran lejos de la vanguardia universal, pero han tenido avances notorios en las últimas décadas, en ellas también puede demostrarse el importantísimo papel de la siderurgia en su progreso. Nombres como Hyundai, Samsung y Daewoo serían desconocidos si el gobierno coreano no hubiera creado -siguiendo la experiencia japonesa, y al costo de 3.600 millones de dólares!- a Posco (The Pohang Iron and Steel Company), a la cual además, la protegió con aranceles a las importaciones, la financió con bajas tasas de interés, la eximió de pagar la energía más cara del mundo y le subsidió el 40 por ciento de sus transportes ferroviarios, el 50 por ciento de sus costos portuarios, el 30 por ciento de sus gastos de acueducto y el 20 por ciento de las tarifas de gas.
Paz del Río no es la primera víctima de la política de apertura económica y, sin duda, tampoco será la última. Basta con mirar el martirologio mejicano para saber lo menos que nos espera. Lo que sí valdría la pena que explicaran los aperturistas es si, dada su insistencia en apostarle al fracaso, estamos ante una orientación de origen humano o sobrenatural.
El conjunto de la política aperturista fue la causa del desplome de Acerías Paz del Río
