Por Jorge Enrique Robledo
Finlandia es un país de economía de mercado que posee la merecida fama de tener la mejor educación del mundo. Entre las razones de su éxito están un profesorado bien pago, que le permite a cada maestro llevar una vida digna dedicada a la docencia, al igual que las mejores condiciones laborales en libertad de cátedra, número de estudiantes por salón, horas de clase semanales, laboratorios, bibliotecas y demás instalaciones. Los finlandeses, además, han sido formados en la idea de que la docencia es una profesión respetabilísima, hecho que, sumado a las buenas condiciones de trabajo, atrae hacia ella a los mejores estudiantes del país, quienes se forman con excelencia, en pregrado y posgrado, en universidades públicas gratuitas de alto nivel, que son las mismas para todos los finlandeses. Y gozan de un grande y respetado sindicato con el que los gobiernos se relacionan con el profesorado.
Entonces, el sistema educativo de Finlandia no se parece en nada, ¡pero en absolutamente nada!, al de Colombia, donde los profesores son muy mal pagos y con exageradas horas de clase y estudiantes por aula, instituciones con pésimas instalaciones y dotaciones y cero respaldo para acceder a los costosos posgrados. Como si fuera poco, van décadas de una campaña de descrédito contra los docentes, presentándolos como indeseables y como los responsables de las graves fallas del sistema educativo.
A propósito del sistema educativo, diseñado por los gobiernos y no por el magisterio, este nunca se ha pensado para dotar al país de la mejor educación, sino todo lo contrario, como lo prueban unos ejemplos. Medio siglo se gastaron los gobernantes de Colombia en reconocer –y solo lo han hecho en el papel– que la doble jornada en los colegios públicos –unos van a clase por la mañana y otros por la tarde– le hizo y le hace un daño enorme a la educación. Porque al terminar sus estudios, los que asistieron a la doble jornada recibieron tres años menos de clases, ¡tres años!, que los que estudiaron todo el día. Y no fue casual que en estos diez lustros, y todavía ahora, los que pudieron pagar por la jornada única no sometieron a sus hijos a la formación de inferior calidad. También sirve de prueba reina que los gobiernos hayan convertido la educación privada –que puede existir–, no en la excepción, sino en la política oficial. Porque si bien la educación privada puede ser de alta calidad, solo lo logra la de matrículas muy caras, que por definición excluye a casi todos los colombianos, a los que se condena a la educación privada de garaje, de inevitable mediocridad.
Una última prueba: nadie puede refutar que el mejor sistema educativo debe tener como propósito la educación universal, es decir, para todos, y de alta calidad, ni que para que pueda ser universal tiene que ser gratuita y pagada por el Estado, el único que puede pagarla. Y es obvio que solo el Estado puede garantizar las mejores condiciones laborales para los docentes, claves en todo sistema educativo, objetivos que no significan implantar un país socialista o que no pueda haber educación privada de la mejor calidad.
¿Que por qué respaldo el paro del magisterio?, pregunta el santismo insidioso. Por la simple razón de que las maestras y los maestros tienen la razón, según aprendí en 26 años de profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Manizales, y porque con estas ideas llegué al Senado y no es de mi personalidad cambiar mi manera de pensar a cambio de la mermelada que reparten quienes malgobiernan a Colombia.
Coletilla uno. Se necesitaron los reclamos de la Procuraduría y la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca de parar la venta de Cafesalud, según demanda que interpusimos con Sofía Gaviria y José Roberto Acosta, para impedir que se cerrará este negocio oscuro, montado por el gobierno en favor de no se sabe con precisión quiénes y en qué condiciones, porque lo ocultan tras un pacto ilegal de confidencialidad (http://bit.ly/2suyJvw).
Coletilla dos. Nos dio la razón la Contraloría en el caso del crédito que el Banco Agrario le concedió, ilegalmente, a Navelena-Odebrecht, en el que se encuentran perdidos 138 mil millones de pesos, suma que en parte se destinó para favorecer, abusivamente, al Banco de Occidente, del Grupo Aval (http://bit.ly/2r7F64y). Y la Fiscalía investiga a ejecutivos de segundo nivel del Banco pero no a su junta directiva, que aprobó el crédito que no ha debido aprobar.
