Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, plenaria del Senado, 25 de abril de 2017, en el debate sobre Odebrecht y la corrupción.

 

Verdad o tapen-tapen, justicia o impunidad. Nunca se habían visto tantos poderes comprometidos en un escándalo. Irrebatible: Odebrecht sobornó en Colombia. Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento Angulo, involucrada. Hubo sobornos en los gobiernos de Uribe y Santos. La plata de Odebrecht en las campañas presidenciales de 2010 y 2014. Las visitas de ciertos intermediarios a la Casa de Nariño. El Consejo Electoral carece de la capacidad técnica para investigar a estos linces. El fiscal ha debido declararse impedido desde el principio, por su estrecha cercanía con Sarmiento Angulo y porque contrató con Navelena y Ruta del Sol, es decir, con Odebrecht. En los corrillos se oyó: “Sarmiento Angulo quedó con fiscal propio”. Todo el Consejo de Ministros incurrió en prevaricato. El escabroso affaire de Navelena. Prevaricaron quienes firmaron el otrosí para la vía Ocaña-Gamarra y quienes aprobaron, meses después, el Conpes 3817. Ante el incumplimiento del contrato y la corrupción, ¿qué hizo la ANI? Nada. Al final, el gobierno firmó un acuerdo deshonroso con el consorcio. En Colombia hay una corrupción sistémica, que tiene 50 años desarrollándose.

 

Empiezo por saludar muy especialmente a la Presidencia de la Corporación, a los colegas del Senado, a quienes nos acompañan en las barras y a los muchos colombianos, yo sé, que nos están escuchando por la televisión. A todos ellos mis saludos y también a los ministros presentes.

Empiezo por lamentar que el doctor Néstor Humberto Martínez, el señor Fiscal, no haya venido. El no está obligado a venir. Yo lo invité por un gesto de cortesía y hubiera sido bueno que le diera la cara a Colombia, porque estamos hablando de hechos muy graves en los que él tiene mucho que decir. Lamentemos que el señor Fiscal le saque el cuerpo a un debate tan serio.

Hemos llamado a este debate “La verdad total sobre el caso Odebrecht”. ¿Por qué digo la verdad total? Porque es evidente que siempre en estos debates, y particularmente en este, se mueven poderosísimos intereses que hacen esfuerzos por imponer lo que Gaitán llamaba el tapen-tapen. O sea, que no se sepa la verdad o apenas fracciones de la verdad. Voy a hacer entonces un esfuerzo grande por presentar los hechos con la mayor amplitud y profundidad, incluso para informar al país, porque a estas alturas ya hay mucha confusión en torno al asunto, porque la prensa saca y saca noticias y a la gente le queda difícil saber qué es lo que está pasando. Buena parte de mi trabajo va a ser entonces recopilar los hechos para que el Senado y los colombianos participen en el debate, cada uno con la posición que quiera, pero que por lo menos haya un conocimiento mínimo sobre lo que aquí está sucediendo.

He utilizado la figura del elefante por razones obvias. Ustedes recordarán a monseñor Rubiano cuando, en el famoso caso del Proceso 8.000 y al escuchar al presidente afirmando que no se había dado cuenta de nada, él salió a responderle: “Pero, no vio el elefante que se le paseó por el jardín”. Aquí estamos un poco ante lo mismo. Es que hay mucha ceguera y algunos no ven los elefantes que se les pasean por delante.

Espero, señor presidente, que usted me tenga paciencia. He resumido bastante, pero si se tratara de decir todo lo que hay que decir, necesitaría por lo menos tres o cuatro horas. Aquí voy a dejar como constancia buena parte de las pruebas a las cuales me voy a referir en el debate. Y por razones del tiempo no las voy a citar con el nivel de detalle que quisiera.

En estos debates siempre hay responsabilidades legales y responsabilidades políticas. Voy a ir señalando cuándo hablo de responsabilidades políticas y cuándo de responsabilidades legales. La pregunta que se hacen los colombianos es si en este caso habrá justicia para castigar esta corrupción pavorosa que ha ocurrido o si va a prevalecer la impunidad. Porque la historia de Colombia es en buena medida la historia de la impunidad, que cuando salen bien las cosas, fritan por ahí a un pez de menor cuantía y con eso hacen la demagogia de que sobre los crímenes o los desfalcos cayó todo el peso de la ley.

Y lo mismo sucede con la responsabilidad política. ¿En este caso va a haber responsabilidades políticas o todos los responsables políticamente le van a sacar el cuerpo arguyendo que no se dieron cuenta de nada? ¿Vamos a repetir la historia de que en Colombia la justicia es como un perro bravo que solo muerde a los de ruana y a los débiles? ¿O de pronto sí va a ser posible que, por primera vez en la historia de este país, logremos que los hechos se aclaren con el nivel de seriedad que se merece la ciudadanía?

Todos los grandes poderes, involucrados

Ustedes saben que he hecho muchos debates sobre corrupción. Diría que este es el más importante. Y lo es porque nunca en la historia de Colombia habíamos visto tantos poderes involucrados en un escándalo. Vemos a una poderosísima trasnacional. Vemos al primer banquero de Colombia, al ciudadano más rico, al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Vemos a las presidencias de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos metidas hasta el cuello. Vemos también tocadas a las dos últimas campañas presidenciales del 2014. Vemos a toda la Unidad Nacional y al Centro Democrático. En resumen, a la casi totalidad de las dirigencias políticas que han mandado en Colombia desde hace por lo menos un siglo. Todo anda ahí junto y revuelto. Y tenemos tocado, y bastante, al que seguramente es el Fiscal más poderoso de Colombia por su capacidad para intrigar y manipular. Fíjense entonces cómo es aquí de ardua la batalla entre la verdad total y el tapen-tapen.

A qué me refiero cuando menciono al señor Fiscal. Es el primer abogado y el primer consejero del colombiano y el banquero más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, involucrado en este caso. Le ha pagado Odebrecht, le ha pagado Navelena, le ha pagado Corficolombiana. La plata de Odebrecht suena en los bolsillos del señor Fiscal, Néstor Humberto Martínez. Es socio de DLA Piper, la primera o segunda trasnacional de abogados más poderosa del mundo. Santos lo puso en la Fiscalía, es un fiscal de Santos, fue una terna de uno, todos lo sabemos. Cuenta con el respaldo del Centro Democrático, como lo han expresado el doctor Óscar Iván Zuluaga y varios de sus dirigentes. Y es un hombre de Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical. Como lo ven, estamos hablando de un personaje bien poderoso.

Es enfrentando todos estos poderes como se hace el debate, pero particularmente frente al señor Fiscal. Al ponerlo allí Juan Manuel Santos fue como si nos dijera en tono retador a los colombianos, y es que ustedes no saben quiénes somos nosotros, ustedes no saben quiénes mandan en este país, ustedes no saben que podemos nombrar un fiscal así de poderoso y en una lógica no democrática, sino plutocrática. La democracia se refiere al gobierno de la gente, mientras que lo plutocrático se refiere al gobierno de las minorías más poderosas. Y esa ha sido precisamente su conducta a todo lo largo de este debate, como lo voy a demostrar.

La estrategia que han esgrimido los grandes poderes en la batalla entre la verdad total y el tapen-tapen les está funcionando. Ustedes miran las informaciones de la última semana y es evidente que han logrado que haya en los medios una preponderancia sobre toda clase de temas distintos a este de Odebrecht. Montaron una escandola para resaltar supuestas genialidades de un fiscal con el señor Otto Bula, pero a nadie le explicaron que el caso no tenía nada que ver con Odebrecht. Cualquiera pensará que sí hace parte de este debate y no es verdad. Se trata de un caso completamente distinto.

Y el señor Fiscal, el viernes, reconoció que le tocaba declararse impedido, por lo menos en un caso, y al hacerlo, le reconoció al país que había prevaricado como ministro en el caso del otrosí de la Ruta del Sol para el contrato Ocaña-Gamarra. Pero esta es la hora en que el hecho no ha sido noticia en ninguna parte. Confesado por él, un fiscal prevarica e induce al prevaricato al Consejo de Ministros y al Presidente de la República y eso no es tema.

Esa la lucha en la que estamos, por la verdad total, por la justicia, por la dignidad de este país, porque es un debate en últimas por el país. Porque si estas atrocidades continúan sucediendo, senadores y colombianos de todas las vertientes, Colombia no tiene futuro. No hay ninguna posibilidad de que las cosas funcionen si se siguen permitiendo actos tan graves.

Irrebatible: Odebrecht corrompió en Colombia

Paso a establecer los hechos, que no tienen discusión posible. El primero, Odebrecht es una trasnacional profundamente corrupta, una especie de asociación para delinquir, con una división llamada de “operaciones estructurales”, la de los sobornos, encargada de comprarse a los gobiernos y corromper partidos y dirigentes políticos. Había establecido un modus operandi en el mundo entero, porque, recordémoslo, ha confesado sobornos en 12 países por 800 millones de dólares. ¿Cuál era su modus operandi? Sobornar gobiernos enteros, de presidentes para abajo, y sobornar partidos políticos utilizando en muchos casos el pago en especie, una práctica sistematizada que llegó hasta cobrar carácter científico en la corrupción. El consorcio utilizaba personas en puertas giratorias del sector público al privado y adicionaba los contratos, como en el caso de la Ruta del Sol II, en el que van ya diez adiciones, y esgrimía los tribunales de arbitramento como mecanismo de extorsión y de corrupción. Primer hecho. Irrebatible.

Segundo hecho: Odebrecht corrompió en Colombia. También irrebatible, porque los señores de Odebrecht confesaron ante la justicia norteamericana, suiza y brasileña y dijeron explícitamente, corrompimos en Colombia, pagamos sobornos por 11 millones de dólares, seis y medio millones en el gobierno de Álvaro Uribe y cuatro y medio millones en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y se sabe que esto tiene que ver con un consorcio que se llama Ruta del Sol II.

Y ojo con no confundirnos, colombianos, porque se dice que Odebrecht pagó sobornos. No, es impreciso. Los sobornos los pagamos los colombianos, ¿por qué? Porque Odebrecht saca una plata y se la entrega a un corrupto, pero esa plata nos la sacan después a todos del bolsillo. Buena parte de lo pagado en peajes a lo largo de la Ruta del Sol, transportadores de Colombia y viajeros, es para alimentar la corrupción de Odebrecht y para engordar a los socios corruptos que en el territorio nacional auspiciaron esas vagabunderías.

Corficolombiana, de Sarmiento Angulo está acusada de Soborno

Tercer hecho, también indiscutible: el Grupo Aval, Corficolombiana y, en lo relacionado con las ganancias, Luis Carlos Sarmiento Angulo, están profundamente involucrados como socios de Odebrecht. Tendrán que dar las explicaciones que sean, pero el hecho en sí es irrebatible. La Ruta del Sol la aprovecha un consorcio conformado por Odebrecht en el 60 por ciento, en números redondos, en el 30 por ciento por Corficolombiana, perteneciente al Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y en una suma menor por los Solarte. El contrato que se ganaron les generaba utilidades a esos tres socios en las proporciones en que eran partícipes en él.

El doctor Sarmiento Angulo debía ganarse 431 mil millones de pesos. Y esa utilidad tenía que ver con el soborno. Aquí se alcanzó a discutir como una especie de ironía: ¿sería que la empresa Odebrecht subsidió en el soborno a sus socios colombianos y lo pagó todo ella sola? Eso no sucede en el mundo de los negocios. Pero además vamos a ver que no es así. Ya hay acusaciones muy precisas sobre el tema. Y también resulta tocado el doctor Sarmiento Angulo en Navelena, porque Corficolombiana es allí la banca de inversión. Navelena es el contrato para la navegabilidad del río Magdalena. Y en la “solución” a lo de la Ruta del Sol, y hablo de solución entre comillas, que el presidente Santos le dio a este problema sí que salen beneficiados no solo Odebrecht, sino el Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es parte del debate que hay que hacer y que también está oculto, no porque no se sepa, sino porque los encargados de divulgarlo no lo cuentan.

Cómo es la situación de Corficolombiana-Grupo Aval en los sobornos. La cosa es muy simple, de acuerdo con documentos que reposan en la Fiscalía, según lo han informado Noticias Uno y María Jimena Duzán. Luis Antonio Bueno, el presidente de Odebrecht en Colombia, negoció el primer soborno con el doctor Gabriel García Morales, el viceministro de Transporte, hoy en la cárcel como partícipe confeso en el delito. Dice la información del doctor Bueno, el hombre de Odebrecht, que él acordó con Melo, es decir, con Corficolombiana, repartirse los porcentajes que cada uno tenía que aportar en el soborno.

Se sabe también, porque está en los documentos oficiales, que el soborno se tramitó en el edificio del Centro Empresarial Capital Park, Calle 93 N° 11A-18, en la oficina o en el apartamento 301, que de acuerdo con Noticias Uno pertenecía y pertenece a una de las firmas del Grupo Aval. Y hoy tiene allí Odebrecht sus oficinas.

Esa es la denuncia que hay y que tendrán que aclarar la Fiscalía y la justicia colombiana. Pero aquí salta entonces la contradicción con el señor Fiscal. Si él es un hombre del Grupo Aval, como lo es, qué garantía tenemos los colombianos de que va a asumir su función con entera responsabilidad. Quién nos da esa garantía, si él es un hombre del Grupo Aval, si la plata de Odebrecht corre por sus bolsillos, si es bien cercano a los dos socios del negocio, si también fue asesor de Navelena. Planteo desde ya una pregunta clave: ¿hasta dónde supo el propio Luis Carlos Sarmiento Angulo de este soborno que aparece en la acusación contra el Grupo Aval? ¿Fue solo una decisión del señor José Elías Melo? Estamos hablando de un soborno de 11.550 millones de pesos. ¿Se pueden esconder 11.550 millones de pesos en la contabilidad de una empresa? Son preguntas que los colombianos nos estamos haciendo con todo derecho.

Hay que establecer la verdad total. ¿Y quién la va a establecer, Néstor Humberto Martínez? Es que la función de la Fiscalía es prender la luz en medio de la oscuridad, es coger la linterna y alumbrar en los rincones. ¿Y qué garantía tenemos de que así va a suceder? Lo dejo planteado simplemente como una inquietud.

Viceministro ya cantó: hubo soborno en el gobierno de Uribe

Tercer hecho. Hubo sobornos en los gobiernos de Álvaro Uribe y en los gobiernos de Juan Manuel Santos. Detallemos el asunto. El primer soborno por 6.5 millones de dólares ya fue cantado, como se dice en criminalística, por el doctor Gabriel García Morales, hoy en la cárcel, viceministro de Transporte en la época del contrato. En ese momento hubo colombianos que denunciaron que había sido una adjudicación corrupta. Recordemos que el ministro de Transporte era Andrés Uriel Gallego. Nadie lo investigó y la denuncia quedó en nada. Lo cierto es que hoy los hechos nos comprueban que sí hubo corrupción en el contrato, como está establecido por fuera de toda duda. Falta por aclarar, de los 6.5 millones de dólares del soborno, dónde están 2.3 millones de dólares. Porque aquí hay preguntas que nos hacemos todos: ¿García fue el único alto funcionario de ese gobierno que recibió soborno, lo hizo él todo solito? Y si hubo compinches de García Morales, ¿dónde están? ¿Y dónde está la plata que falta?

Lo que enseguida voy a mencionar ya es un problema de las responsabilidades políticas. Quién es García Morales, de dónde salió. El senador Uribe señaló que fue un recomendado de Silvana Giamo, presidenta en ese momento de la Cámara de Comercio de Cartagena. Estuvimos investigando en mi oficina, porque a esto le hemos gastado muchísimas horas y las pruebas reposan en este arrume de papeles. Bueno, ¿quién es Silvana Giamo? La señora fue también viceministra del gobierno de Álvaro Uribe. ¿Cómo llegó a la Cámara de Comercio? Porque se da la idea de que fue la Cámara de Comercio la que la puso ahí. No, ella llega a la Cámara de Comercio en representación de la Sociedad Portuaria, una empresa muy poderosa de Cartagena. Y todos saben allí que en la Sociedad Portuaria son tremendamente influyentes Juan José García, el ex senador, y su señora esposa, la ex senadora Piedad Zucardi. Y ella es un cuadro del Partido de la U.

Hago una advertencia. El ex senador Juan José García no es pariente de Gabriel García Morales, una precisión que es bueno establecer, pero que no le quita verdad a la relación que estoy haciendo. Silvana Giamo fue secretaria de Planeación de Cartagena, fue precandidata del Partido de la U a la Alcaldía de Cartagena y después cuota del Partido de la U en la administración del presidente Álvaro Uribe. Pienso que el Partido de la U y quienes tengan cercanía con este enredo deberían darle al país alguna explicación. He venido luchando con toda dedicación por la necesidad de que los partidos políticos respondamos por nuestros actos. Colombia no podrá salir adelante si cuando el alto funcionario hace cosas aparentemente buenas, todo el mundo publica de qué partido es. Pero cuando la persona incurre en un acto de corrupción, entonces se oculta el nombre del partido. Nadie sabe en Colombia de qué partido es el señor Álvaro Cruz, que fue gobernador de Cundinamarca y está en la cárcel por el carrusel de la contratación. Y debería saberse, porque es parte de la responsabilidad política de los partidos. No es posible que solo se sepa, y ruidosamente, cuando son determinados partidos los que terminan involucrados.

Campañas de Santos y Odebrecht

Cuarto hecho, irrebatible. Hubo platas de Odebrecht en las campañas presidenciales del 2010 y del 2014. Está establecido que entró plata de Odebrecht a la de Juan Manuel Santos en 2010. Lo confesó el doctor José Roberto Prieto: entraron 400 mil dólares. No voy a dar detalles en aras de la brevedad. Y el mismo Presidente de la República reconoció que era cierto cuando salió a la prensa y dijo: “Me acabo de enterar”. Otro que no vio el elefante. El punto irrebatible y reconocido es que a esa campaña del 2010 le entraron 400 mil dólares de Odebrecht. Lo confiesa no cualquier persona. No, el gerente de la campaña, amiguísimo del doctor Santos y gran contratista del Estado. Quienes le hemos seguido los pasos debemos confesar que estamos impresionados por su capacidad de contratación, como también por su capacidad de armar rompecabezas para que muchos amigos suyos resulten beneficiados por la contratación pública.

Ahora, fuera de Prieto, nadie más da la cara. El director actual de la DIAN dice que él no se enteró de nada. Tampoco los demás. ¿Solo se dio cuenta Prieto? La cosa más extraña del mundo. Y ojo con esto, siempre en estos casos hay lavado de dinero, de un origen o de otro, manejos fraudulentos en el sector financiero. Todavía el hecho no se ha aclarado y pregunto: ¿quién lo irá a aclarar, el doctor Néstor Humberto Martínez, quien fue uno de los grandes recaudadores de fondos para la segunda campaña de Juan Manuel Santos, la del 2014, como también está probado? ¿Él es quien nos va a aclarar el fondo oscuro de esta historia con la profundidad con que necesitamos aclararlo, yendo incluso hasta donde tenga que ir? Porque aquí hay una pregunta clave que salta al primer plano: ¿sabía o no sabía Juan Manuel Santos? Es lo que hay que destaparle al país. Y si no lo hace la Fiscalía, ¿quién? ¿Un senador con una oficina súper débil haciendo un esfuerzo inmenso y con poca colaboración? El debate que tenemos sobre el papel de la Fiscalía en este caso es de la mayor importancia.

Otra aclaración sobre las responsabilidades políticas. Hoy, los jóvenes no entienden bien el caso, ni saben quiénes estaban políticamente con Juan Manuel Santos en el 2010, ni por qué ganó Santos la Presidencia de la República. Claro, un factor que incidió en la victoria, la plata de Odebrecht. Pero también la ganó porque era el candidato presidencial del Presidente de la República de ese entonces, el doctor Álvaro Uribe. Todo lo que es hoy la Unidad Nacional más el Centro Democrático estaba en esa campaña, todo, sin excepción. No sé si habría algún ex presidente que no estuviera. Y es hora de recordar cuántos altos funcionarios de este gobierno estuvieron en el gobierno de Álvaro Uribe. Aquí tengo unos a la mano, el doctor Germán Vargas Lleras, el doctor Alejandro Gaviria, el doctor Luis Felipe Henao, la doctora Cecilia Álvarez, todos estuvieron ahí. Por el Congreso corre un gracejo, según el cual, un santista es un ex uribista. Formulo otra vez la pregunta: ¿todo esto nos lo va a aclarar el doctor Néstor Humberto Martínez?

¿Cómo son los asuntos de la plata de Odebrecht en la campaña de 2014 de Juan Manuel Santos? Aquí hay toda una discusión y unas controversias que tendrán que irse clarificando o que tal vez no lleguen nunca a aclararse. Si triunfa el tapen-tapen al final nada se va a saber. Y veo mucho poder, doctor Cristo, silenciando el debate. Lleva tres semanas desaparecido de los grandes medios de comunicación. Debo reconocerles una cierta eficacia a quienes están por el tapen-tapen.

Aparecen dos hechos graves en relación con la plata de Odebrecht a esa campaña. Uno, hay quien confiesa que él tramitó la entrada de un millón de dólares, pero se discute si fue a Santos o no fue a Santos. Eso lo terminaron volviendo un galimatías hasta ridículo, pero el punto es que por lo menos hay acuerdo en que la plata se la dieron al gerente de la campaña, aun cuando él se empecina en negarlo. Hay todo un enredo aquí sobre el que no me voy a detener. Pero el punto es que el millón de dólares entró a la gerencia de la campaña. Ahora, ya se conocen bien las prácticas de Odebrecht y, dentro de su modus operandi, está establecido que si el beneficiario no se entera de quién es el donante, mejor no dan la plata. Estos consorcios no hacen obras de caridad. Si le van a dar dinero a una campaña, tiene que saberlo el candidato o si no ¡para qué carajos! No se trata de respaldos solidarios. No, son sobornos.

El segundo caso. Ha dicho la propia Fiscalía que una firma panameña, Paddinton, en acuerdo con Sancho BBDO, trasnacional de la publicidad, recibió un millón de dólares de Odebrecht, según ellos, para una encuesta. Aquí hay otra ilegalidad, así sea para una encuesta. Y surge la misma pregunta: ¿nadie se dio cuenta? Por lo visto no, porque nadie tampoco lo ha reconocido. Los de Odebrecht andan regalando millones de dólares por ahí a cualquiera que se arrime. ¿Cuál es la realidad irrebatible? Que a la campaña santista de 2014 le entró un millón de dólares provenientes de Odebrecht. Y falta por aclarar cuánto más entró, lo que será objeto de las investigaciones.

¿Y todo esto nos lo va a aclarar el doctor Néstor Humberto Martínez? La Silla Vacía y María Jimena Duzán sostienen, y nadie lo ha negado, que para la segunda vuelta de 2014, el doctor Néstor Humberto Martínez tuvo la labor de buscar plata entre los aportantes grandes para la campaña de Juan Manuel Santos. Y que adinerados colombianos le hicieron donaciones importantes a la campaña de Juan Manuel Santos y el que las tramitó se llama Néstor Humberto Martínez. Lástima que no esté aquí con nosotros para que nos hubiera hecho algún comentario.

Entre paréntesis, es bueno dejar en claro que el Polo Democrático Alternativo, como partido, no votó por Juan Manuel Santos. El Polo dio libertad y hubo quienes votaron por Santos en la segunda vuelta, yo no, yo hice campaña de voto en blanco. Y la libertad de votar por Santos o por cualquiera estaba condicionada a que quedábamos en la oposición tan pronto cualquiera ganara la Presidencia de la República. Y es lo que hemos hecho. Nadie estuvo en el gabinete de Santos en representación del Polo Democrático Alternativo. Y tan nunca estuvo, que quien generó la confusión prefirió irse del Polo antes que aceptar la idea de que el Polo no es un partido santista ni uribista. La política del Polo Democrático Alternativo sigue siendo NINI, ni con los unos ni con los otros, ni con la Unidad Nacional ni con el Centro Democrático.

Odebrecht y Campaña de Óscar Iván Zuluaga

¿Cómo es la historia con la campaña de Óscar Iván Zuluaga y en qué van los hechos? Primer hecho, un señor llamado Duda Mendoza, un compinche reconocido en la corrupción de Odebrecht, confesó ante la justicia brasileña que Odebrecht le había dado millones de dólares para la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga. Esta es la acusación. Que una parte de sus honorarios como publicista la pagó la campaña de Óscar Iván Zuluaga, otra parte, Odebrecht y otra se la quedó debiendo el consorcio brasileño. ¡Tumbaron al pobre Duda los de Odebrecht!

Cómo son las relaciones de Odebrecht con la campaña de Óscar Iván Zuluaga. La verdad tendrá que ser esclarecida por la Justicia colombiana y, repito, es el problema que enfrentamos, si se va a esclarecer o va a predominar el tapen-tapen. ¿Va a haber acuerdos políticos entre todos los tocados para que nada se sepa, para que se la monten por ahí a cualquier Bula y lo crucifiquen y todo lo demás quede en la oscuridad? Son preguntas que hay que hacerse.

Óscar Iván Zuluaga reconoce que le pagó 1.2 millones de la campaña a Duda Mendoza por sus funciones de publicista y niega el resto de la plata. Reconoce que contactó a Duda a través de Odebrecht, reconoce que viajó a Sao Pablo con su hijo y con el senador Iván Duque a una reunión para tratar sobre estos asuntos. Dice además la información que a esa reunión asistió como coordinador el señor Marcio Polidoro, director de comunicaciones para América Latina de Odebrecht, que si no estoy mal también está en la cárcel o condenado. Y el periódico El Tiempo añade que también estuvo en esa reunión Luis Antonio Bueno, ex director en Colombia de Odebrecht, que ya confesó que fue quien organizó y pagó el soborno a Gabriel García Morales.

Y ojo con esto. A esa reunión asistió un personaje a quien hay que echarle ojo, el doctor Daniel García Arizabaleta. De acuerdo con información del senador Uribe, el viaje se lo pagó Odebrecht. Los detalles están por precisarse, hay distintas versiones y las acusaciones condujeron, inevitablemente, a que el doctor Óscar Iván Zuluaga se apartara de su campaña presidencial. Resulta inaceptable el solo hecho de que un candidato presidencial ande tramitando a sus publicistas a través de trasnacionales y, en particular, de una trasnacional que opera en Colombia. Y ya en el 2014 los cargos de corrupción que pesaban sobre ella eran gravísimos. El Lava Jato de Odebrecht ya había estallado, estaban pasando mil cosas, no había que ser un genio para saber que se estaban moviendo situaciones extremadamente graves. Luego no me sorprende que el doctor Zuluaga haya dado un paso al costado.

Quién es Daniel García Arizabaleta. Esto ya tiene que ver con responsabilidades políticas y de pronto hasta legales. Aquí voy a hablar solo de las responsabilidades políticas de este personaje. García Arizabaleta fue entre 2010 y 2013 contratista de Odebrecht en Colombia, pero antes, entre 2002 y 2009, había hecho una carrera larga en el gobierno del presidente Álvaro Uribe como asesor de la Presidencia de la República, director de Coldeportes y director del Invías. Un dato clave en este rompecabezas: en noviembre de 2008 fue sancionado por la Procuraduría, acusado de once faltas disciplinarias gravísimas, incluida una de falsificar su hoja de vida, otra práctica que parece haberse hecho costumbre entre los altos funcionarios. En Colombia, en el mar de la corrupción dirán que eso de meterle mentiras a la hoja de vida es un asunto menor. A las dos procuradurías a las que les tocó el caso no les pareció un asunto menor. Y sancionaron a García Arizabaleta con una inhabilidad de 15 años. Con este agravante. A él lo sancionan en noviembre de 2008 y se queda tan campante en el gobierno de Uribe hasta enero de 2009, cuando pide una licencia no remunerada para apartarse del cargo. Más adelante ya sí termina saliendo y además sancionado.

Pero vean lo insólito. En junio de 2010, en esas semanas en que se está haciendo el empalme entre el gobierno de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos, cuando todavía los dos eran amigos y el uno candidato del otro, aparece en el empalme del Ministerio de Transporte el doctor García Arizabaleta, que no podía ser nombrado a nada. Y allí él, por supuesto, accedió a información confidencial, porque de eso es de lo que se trata en ese tipo de empalmes. Enseguida lo contrata Odebrecht, con la que va a quedarse entre 2010 y 2013. Y recordémoslo, este personaje había estado en el Invías.

En 2013, García Arizabaleta juega un papel importantísimo en la campaña del Centro Democrático al Senado. Casi que sale elegido senador. Al final no se pudo, por las inhabilidades. ¿Lo desecharon? No. En 2014 aparece con un puesto alto en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. En resumen, él sale de asesorar a Odebrecht a un alto cargo en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Y entiendo que hoy hace parte de la Dirección Nacional del Centro Democrático.

Y hay un detalle, increíble pero cierto. De acuerdo con la prensa, el personaje se está negando a declarar tanto en la Fiscalía como en el Consejo Nacional Electoral. La teoría que se ha inventado es que los funcionarios investigadores, los fiscales y los consejeros, no están cumpliendo bien sus funciones. ¿Merece ser absuelto sin siquiera comparecer? No, el papel que desempeñó García Arizabaleta tiene que ser investigado. Si hubo plata de Odebrecht en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, qué tendría de raro que fuera García Arizabaleta el que la hubiese tramitado e incluso negociado. Lo tendrán que establecer los jueces, pero los hechos están ahí, y son tan graves que deben conducir a que, también con él, las investigaciones se lleven adelante con rigor.

No resulta de buen recibo decirlo, pero alguien lo debe hacer: las platas que entran a la campaña de un presidente favorecen a su vicepresidente. La plata que haya entrado a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014 favoreció al doctor Germán Vargas Lleras. No sería seguramente vicepresidente sin esa plata y su carrera política sería distinta. Y la plata que haya entrado a la campaña de Óscar Iván Zuluaga favoreció al doctor Carlos Holmes Trujillo, otro hecho incontrovertible. Por eso hablo de verdad total. Estoy diciendo cosas que seguramente nadie va a leer en ningún periódico.

Llama la atención, de otra parte, el cúmulo de visitas de estos personajes que he mencionado a la Casa de Nariño durante el gobierno de Juan Manuel Santos. José Roberto Prieto, 39 entradas. Entre Daniel García Arizabaleta y Yesid Arocha, representante legal de Odebrecht en Colombia, 14 entradas. Prieto va a la Casa de Nariño –puede ser anecdótico, pero los detalles cuentan– y se reúne dos horas con Santos el 2 de octubre de 2014, precisamente el día en que se aprueba el Conpes 3817, que le entrega ilegalmente el contrato de la vía Ocaña-Gamarra a Odebrecht, donde seguramente hay un soborno de 4.5 millones de dólares. El mismo día. ¡Qué extraña coincidencia!

Como lo ha señalado Coronell y entiendo que también La W, la información que está dando la Casa de Nariño sobre esas visitas aparece mutilada. El libro ha de detallar con precisión el día de entrada, la hora, el día de salida, la hora, y con quién se reunieron Prieto, García Arizabaleta y Arocha. Pero no. Oculta a qué hora salieron y con quiénes se reunieron. Malas señas. Porque estamos bregando a desentrañar la verdad total.

El otro punto que cabe mencionar guarda relación con el Consejo Nacional Electoral. El señor Fiscal provocó una reacción contraria cuando anunció, precisamente el día en que estalló la escandola de la plata a la campaña de Juan Manuel Santos, que le pasaba las investigaciones al Consejo Nacional Electoral. Cuál es el lío que afrontamos. Que el Consejo Nacional Electoral es un organismo sin ninguna capacidad de investigar un chicharrón de este calibre. ¡Qué capacidad técnica va a tener para investigar a esas fieras de Odebrecht y a los corruptos socios de Odebrecht en Colombia, que vuelan con los motores apagados!

Hay otro problema, no menor. El Consejo Nacional Electoral es un instrumento absolutamente politizado. Todos sabemos que allá las fuerzas políticas eligen a los consejeros para que les garanticen un trato favorable. De eso se trata un consejo electoral. Bastante ingenuidad se necesita para pensar que la verdad sobre la plata que entra a las campañas electoras va a salir del Consejo Nacional Electoral. Pero además, la casi totalidad de los consejeros, o son de la Unidad Nacional, o del Centro Democrático. El único ajeno a ellos, el doctor Armando Novoa, fue inhabilitado por el mismo Consejo Nacional Electoral para actuar en este caso. El señor Fiscal no se inhabilita después de tantas acusaciones, y Armando Novoa, el único ajeno a la Unidad Nacional y al Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral, no tarda en ser apartado de la investigación. Y nos dicen que es ahí donde se va a saber por fin toda la verdad.

Y ojo, colombianos, las infracciones al Código Electoral del 2010 ya caducaron. Fácilmente, el Consejo Nacional Electoral va a fallar aduciendo que no hay nada que hacer, porque ya todo pasó. Al oír a Roberto Prieto confesando su plata de Odebrecht en 2010 pero negando la de 2014, Aurelio Suárez soltó una frase muy aguda: “Confiesa el pecado venial del que ya está absuelto y oculta el pecado mortal que es donde está el lío, porque ahí sí las cosas no se han aclarado”. Y mucho ojo, la investigación prescribe del todo en agosto de este año. ¿A quién extraña entonces que se le estén dando largas? ¿No es una práctica frecuente en la justicia colombiana?

Para probarlo, ahí está la estrategia escogida por el doctor García Arizabaleta. Ese prurito suyo de no responder a las preguntas que se le hacen porque no le gustan los consejeros ¿no es una manera de retrasar el proceso en el Consejo Nacional Electoral? Es que agosto es mañana y apenas llegue la fecha límite, se acabó el asunto y cualquier infracción al Código Electoral por plata de extranjeros a las campañas desaparece como infracción. Son las realidades que vemos a diario en este país. Porque, digámoslo también –alguien debe atreverse–, el Código Electoral está organizado en Colombia a favor de la corrupción, del fraude, de la alcahuetería, porque todos sabemos cómo se ganan aquí las elecciones en proporciones muy grandes.

Néstor Humberto Martínez está impedido

Lo de los impedimentos del señor Fiscal es un asunto relativamente fácil de entender. La ética y las normas en los países civilizados, incluido Colombia, señalan que cuando los funcionarios tenemos que investigar casos de personas allegadas a nosotros por cualquier razón, debemos declararnos impedidos. Así lo hace el Congreso a cada instante, como también los jueces, los fiscales y muchos otros funcionarios. No se puede imponer la justicia si hay algún grado de cercanía del juez con los involucrados. Y aclaro: la cercanía por razones de parentesco, negocios, amistad entrañable e incluso enemistad no necesariamente entraña relaciones corruptas. No, el impedimento es una norma de la ley para garantizar una correcta investigación.

Es en buena medida el debate que he sostenido con el fiscal Néstor Humberto Martínez. Es que las cercanías de Martínez con los involucrados en este escándalo son excesivas, como de fábula e incluso, a ratos, difíciles de creer. Dos ex funcionarios que trabajaron con Néstor Humberto Martínez afirman que entre el 80 y el 90 por ciento de los negocios de su bufete se hacen con el Grupo Aval, tan estrecho es el grado de dependencia. Y aclaremos de paso que Martínez no es el abogado del Grupo Aval. No, es el consejero del Grupo Aval, una relación de cercanía mucho mayor de la que alguien podría imaginarse. En solo cinco negocios que el bufete de Néstor Humberto Martínez le asesoró al Grupo Aval, la suma en litigio ascendió a 3.557 millones de dólares. De dólares, no de pesos. Estamos hablando entonces de un grado de dependencia inmensa. Y son amigas entrañables las dos familias, apenas obvio que sea así.

Néstor Humberto Martínez tiene tres contratos de asesoría con el Consorcio de la Ruta del Sol, donde está Luis Carlos Sarmiento Angulo y donde está Odebrecht. ¿Cuánto le pagaron por esa asesoría? Cien millones de pesos. Es asesor también de Navelena-Odebrecht, donde el Grupo Aval es la banca de inversión de Odebrecht, hecho que Martínez intentó ocultar con mentiras y enredos hasta el punto que nos tocó llevar la invitación hasta este grado. En Navelena usó dos nombres jurídicos distintos para sus empresas. Y en la Ruta del Sol hizo tres contratos y utilizó tres nombres diferentes. Las investigaciones nos dieron que en los últimos años, Néstor Humberto Martínez ha hecho negocios con 24 nombres diferentes. Para que los colombianos me entiendan, es como si alguien monta una tienda y hace negocios con 24 cédulas distintas.

Es además, ya lo dije, un hombre de Germán Vargas Lleras. Y su hijo, Néstor Camilo Martínez es el representante de DLA Piper Martínez Beltrán. La oficina se llama Martínez Beltrán o Martínez Neira dependiendo de en qué anda el señor Fiscal, si tiene o no cargos públicos. Y admite la propia DLA Piper que entre sus clientes figuran todas las empresas del Grupo Aval y el concesionario de la Ruta del Sol. Lo dicen ellos, no yo. Ojo con esto, ahí lo mencionó Noticias Uno el domingo. El 7 de abril pasado, el hijo del Fiscal renunció a un poder en un contrato que tenía como abogado de Corficolombiana en torno a un pleito que no vale la pena detallar. El 7 de abril, no más ahora, el bufete del hijo del Fiscal mantenía grandes contratos comprobados con Corficolombiana y con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo que genera claras inhabilidades, porque ellas se predican también de los familiares cercanos.

Como es tan astuto, Néstor Humberto Martínez aduce, no, colombianos, yo no me declaro impedido porque los fiscales son autónomos. Usa la frase textual “son autónomos, con apego a la ley”. Pero cuando uno lee la Constitución, deduce que no lo son. El Fiscal tiene la potestad de removerlos, de nombrarlos, de quitarles los procesos y es él quien traza la línea jurisprudencial. Y hace nada el doctor Martínez aprobó una resolución, la 1035, que endureció el poder del Fiscal sobre sus fiscales, al punto que le permite a él aplicar medidas disciplinarias al subordinado que llegue a desalinearse.

Ahora bien, hay un cierto avance. El viernes pasado, el Fiscal se declaró impedido en el caso de las dos ministras, reconociendo que mis denuncias sobre su cercanía con la Ruta del Sol sí eran ciertas y que él sí había asesorado a la Ruta del Sol. Al hacerlo, y me voy a detener sobre ello más adelante, Martínez reconoció que el Conpes 3817, el que le dio el pase a dedo al segundo contrato de la Ruta del Sol, se aprobó mediante un prevaricato y que además él indujo a cometerlo a todo el Consejo de Ministros.

¿No se supo en Colombia lo que pasaba en Brasil?

Voy a hacer una importante reflexión. Cuando el escándalo de Odebrecht estalló en Brasil, ¿cómo reaccionaron los socios de Odebrecht en Colombia? ¿Qué pasaría entre telones? No lo sabemos y no hay quién lo investigue. Debería hacerlo el Fiscal, pero van a ver que sigue ocultándolo. ¿Odebrecht no se reunió con sus socios en Colombia para analizar las implicaciones? El presidente mundial de Odebrecht está en la cárcel desde junio de 2015. Y vuelvo a preguntar, ¿aquí los socios de Odebrecht no analizaron lo que podía pasar, no decidieron qué iban a hacer si el escándalo los tocaba?

Y la pregunta clave: ¿Luis Carlos Sarmiento Angulo no habló del tema con Néstor Humberto Martínez Neira, su asesor más cercano, no hicieron ambos conjeturas sobre qué podía suceder, no acordaron protegerse los unos a los otros, cuadrar historias dependiendo de cómo se movieran las circunstancias? Y esto quién lo investiga, ¿el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira?

El 8 de marzo de 2016, el señor Marcelo Odebrecht es condenado a 19 de años de cárcel. Y días después, él decide colaborar con la justicia brasileña y con la justicia norteamericana. Ya desde marzo del año pasado estaba entonces muy claro que Marcelo Odebrecht iba a prender el ventilador en Estados Unidos, donde también se están moviendo la justicia suiza y la brasileña. Y vean lo que ocurre en Colombia. El 4 de abril, menos de un mes después, el doctor Néstor Humberto Martínez plantea su aspiración a la Fiscalía General de la Nación. Alguien escribió un artículo en internet y conjeturó: el doctor Martínez va a llegar a la Fiscalía teniendo como uno de sus encargos, quizás el más urgente, atender lo que va a pasar en Colombia con el escándalo de Odebrecht. Porque ya se sabía que el escándalo venía y ya la justicia norteamericana había dicho, en el caso de la FIFA, también podemos ir por quien delinca en otros países si la plata pasó por aquí. Todos comentamos, cuando quedó elegido Néstor Humberto Martínez, y se oyó en todos los corrillos, que Luis Carlos Sarmiento Angulo quedó con fiscal propio. Y aquí vuelvo a preguntar: ¿las funciones de ese fiscal propio no incluían proteger al Grupo Aval de este escándalo de corrupción?

Tenemos derecho a pensar mal. ¿No estará ahí el fiscal contratado por Luis Carlos Sarmiento Angulo? ¿Hay algún investigador que me pueda asegurar con seriedad que la duda hay que descartarla de manera absoluta o debe ser una línea de investigación? Aquí enfrentamos el mismo lío: ¿quién determina esa línea de investigación? Será que el Fiscal llama a un fiscal subalterno y le dice, ¡investígueme a mí con todo el rigor y hasta las últimas consecuencias!

Veamos tres contratos de Odebrecht, los principales, para ver qué ha pasado. El primero, el contrato del Acueducto de Bogotá, en el que, hasta donde veo, las investigaciones no han avanzado mucho. Hay acusaciones de que hubo corrupción en la alcaldía de Samuel Moreno, y que tocan, de acuerdo con la información de prensa, al hermano de Samuel Moreno. Aquella fue una Alcaldía del Polo y nuestro partido ha asumido todo tipo de responsabilidades políticas, y las seguiremos asumiendo, sobre esos hechos del carrusel de la contratación. Son responsabilidades políticas ineludibles, sobre todo para una fuerza como la nuestra, que aspira a un cambio profundo en lo social y en lo político. Que la justicia caiga sobre ese caso con la fuerza y con el rigor que tenga que caer. Es un problema que han de resolver los jueces. Simplemente agrego, a los fariseos y a los corruptos de todos los pelambres, que sacando ese tema a relucir no van a callar al senador Robledo. No se hagan esa ilusión. Seguiré cumpliendo con mis deberes aquí como los he cumplido todo el tiempo, con dignidad, con seriedad y sin nada que lamentar en ese sentido.

Y aprovecho para hacer una pregunta. ¿No es muy censurable que la justicia no haya esclarecido oportunamente ese caso, como tampoco el del contrato del 2009 de la Ruta del Sol? ¿No es deplorable que sea la justicia extranjera la que esté destapando la olla podrida en Odebrecht? Es una verdadera tragedia sobre la que deberían asumir responsabilidades todos los que han gobernado a Colombia. Hay aquí un detalle que no deja de ser una curiosidad. El gerente del Acueducto tocado por estas acusaciones se llama Jorge Pizano. Pues resulta que a los seis meses de haber renunciado a su cargo el doctor Jorge Pizano, según confiesa él mismo, fue llamado muy amistosamente por el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo a trabajar en la Ruta del Sol. También debería ser una línea de investigación. Por qué esa persona involucrada en lo del Acueducto termina trabajando en la Ruta del Sol.

El escabroso affaire de Navelena-Odebrecht

Paso a mencionar el caso de Navelena, uno de los más escabrosos y en el que sale peor librado el señor Fiscal. Es el contrato del río Magdalena, donde Odebrecht detenta el 87 por ciento, y Julio Gerlein, entiendo que con su familia, a través de una empresa llamada Valorcom, el 13 por ciento.

El escándalo estalla en Estados Unidos el 21 de diciembre: sobornos por 800 millones de dólares, 11 millones en Colombia. Al otro día, ¡al otro día!, es decir, el 22 de diciembre, la Fiscalía le abre una indagación a Navelena. Le abre la indagación en plena Navidad. Qué rapidez, qué eficacia.

Y el 5 de enero, 11 días hábiles después, el señor Fiscal emite una declaración: “Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del Río Magdalena”. En una investigación de apenas 11 días, ha descartado incluso “la posibilidad”. Speedy Martínez, podríamos bautizar al doctor Néstor Humberto Martínez Neira. ¿En once días logró abrir y cerrar una investigación de un calibre tan grueso y absolviendo además a los investigados hasta de cualquier posibilidad de corrupción? Hay que ser muy irresponsable en la vida para hacer algo de este corte, si es que no le caben calificativos peores. En otro país, el Fiscal se habría caído. Cómo así que un Fiscal General de una nación abre y cierra en once días una investigación sobre un escándalo internacional y con esa determinación. Pero bueno, lo hizo, como diciéndole al país, ustedes no saben quién soy yo.

Junto con José Roberto Acosta, de Justicia Tributaria, entramos en mi oficina a mirar el asunto, porque nos dijimos, aquí debe de haber gato enmochilado. Nosotros ya veníamos detrás de ciertas pistas. Miren los elefantes que no vio el fiscal Néstor Humberto Martínez, calificado por algunos como el mejor fiscal en la historia de Colombia. Ya se podía saber en ese momento todo lo que hoy se sabe de Navelena. El Banco Agrario le había prestado 120 mil millones de pesos a Navelena-Odebrecht, y la deuda estaba vencida. El 5 de enero ya estaba en mora, primer elefante que el fiscal no vio. Tampoco que el crédito se aprobó de manera ilegal, porque el presidente de Odebrecht estaba en la cárcel. Ningún banquero que maneje con seriedad su negocio le otorga un crédito a una empresa cuyo jefe está en la cárcel y menos en un escándalo internacional de semejante calibre. Y el crédito se lo dan en diciembre de 2015, cuando ya la Superintendencia de Sociedades de Colombia había dicho que una de las firmas de Odebrecht estaba en causal de disolución. El Banco Agrario, de remate, le presta la plata con una tasa de interés ilegal, extremadamente baja, prácticamente sin garantía.

Los directivos les preguntaron a los de Navelena-Odebrecht con qué iban a pagar el crédito de 120 mil millones de pesos y respondieron, tranquilos, nosotros estamos hablando con otro banco para que nos preste una plata y con ella les pagamos a ustedes. ¡Háganme el favor! Esa fue toda la garantía, cuando era obvio que ya no iba a haber cierre financiero, porque ningún banquero global iba a ser tan estúpido de prestarle a Odebrecht en Colombia 2.5 billones de pesos para el cierre financiero. Y aun así, violando todos los criterios del buen banquero, los directivos del Banco Agrario le prestaron la plata.

El crédito, ya lo dije, estaba en mora. Hoy la plata está perdida, así los del Banco Agrario nos sigan engañando. Señor ministro de Agricultura, échele ojo, siguen mintiendo, porque la plata está perdida, como lo voy a demostrar. Ya el Banco Agrario puso en provisión 60 mil millones de pesos, lo que significa que no se la han pagado y está embolatada. Y vamos a ver cómo se les pierde el resto. Nos echaron un cuento y lo siguen echando, que la plata no está embolatada porque está en una fiducia. Paja. ¿Saben cuánta plata hay en la fiducia, según nos la certificó en estos días la Superintendencia Financiera? Irrisorios 433 millones de pesos, para responder por 120 mil millones sin los intereses. ¡Mienten! Nunca hubo la plata. El Banco Agrario y el ministro aseguraron que tenían un papelito que les garantizaba poder cobrarle a la fiducia. José Roberto Acosta hizo entonces un chiste muy agudo con el cuento del papelito. Pasa como con los cheques chimbos, decía José Roberto. El cheque puede decir “Páguese al primer beneficiario”, o “La madre para el que no lo pague”, pero si en la cuenta no hay plata, no se paga el cheque. Y en la fiducia nunca hubo plata y, aun así, la junta directiva del Banco Agrario aprobó el crédito, una irresponsabilidad mayúscula. ¿Y el Fiscal nunca se dio cuenta?

No se dio cuenta tampoco de que para cerrar el negocio de Navelena, y la Paca Zuleta andaba alertando sobre tanta generosidad, porque despertaba sospecha, hubo una prima de éxito de 4 mil millones de pesos. Tampoco se dio cuenta de que el señor Otto Bula tuvo un contrato de 6 mil millones de pesos para Navelena. Tampoco se dio cuenta de que la Contraloría General de la República advirtió que había riesgo al cambiar la roca por geotextiles. Y tampoco se dio cuenta, y este es un detalle gravísimo, de que por lo menos 60 mil millones de la plata, e incluso más, se destinaban a pagarle una deuda al Banco de Occidente. Como quien dice, alguien muy vivo en el Banco de Occidente se las ingenió para cambiar una deuda mala por una plata buena, para que fuera el Banco Agrario el que se quedara con la deuda mala.

Estos fueron los elefantes que no vio el Fiscal, pero miren ahora los mastodontes que ocultó. Primer ocultamiento, el 5 de enero, cuando absolvió a Navelena y a Odebrecht. Segundo, que la banca de inversión de ese negocio era Corficolombiana, sus amiguísimos de toda la vida, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Tercero, que la fiducia era Fiduoccidente, también del Grupo Aval. Cuarto, que los 60 mil millones de pesos aquellos eran para pagarle una deuda al Grupo Aval. Lo ocultó, porque eso sí lo tenía que saber. Y lo tenía que saber, además, porque Néstor Humberto Martínez le brindaba en ese momento una asesoría, pues su firma había sido asesora institucional de Navelena. Cuando dije que los bufetes de Néstor Humberto Martínez eran asesores de Navelena-Odebrecht, de acuerdo con informaciones que me daba el Banco Agrario, transmitidas a su vez por Corficolombiana, este personaje salió a mentir y a engañar al país y a maltratarme y a calumniarme, hasta que le probé a usted con documentos, señor Fiscal, que su firma es asesora de Navelena-Odebrecht, o, en distintas palabras, que hay plata de Odebrecht en los bolsillos de Néstor Humberto Martínez. Tengo todos los documentos y se los he mostrado a los periodistas, he hecho cuatro ruedas de prensa dándoles documentos a los periodistas y quien busque en internet los encuentra. Una de las firmas que usó se llama Martínez Neira Abogados y al final usó MNA Martínez Abogados. Ahí están los documentos. Fueron los mastodontes que el señor Fiscal le ocultó al país.

La mala fe de Corficolombiana en este negocio es manifiesta. Cuál es la historia. Navelena le debe a Corficolombiana del Grupo Aval 60 mil millones de pesos. Y Corficolombiana se va para el Banco Agrario, señor ministro de Agricultura, y cuadra las cosas para que la junta directiva del Banco Agrario, en un acto de irresponsabilidad incluso dolosa, sin las garantías suficientes, le preste 120 mil millones de pesos a Navelena para pagarle la deuda al Banco de Occidente. Señor Superintendente Financiero me le pone el ojo, porque así no se puede manejar el sistema financiero. El privado, muy poderoso, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, coge una deuda mala de su banco privado y la convierta en deuda pública para que sea el sector público el que pierda la plata. Y se le otorgan todas las garantías, las que jamás el Banco Agrario les brinda a las gentes del agro. Le presta la plata a menos de lo que se la presta a los campesinos y a los empresarios. Y el Fiscal no acusa a la junta directiva del Banco Agrario, sino que anda por ahí persiguiendo funcionarios de tercera categoría. Y si tienen que responder los mandos medios, que lo hagan, pero, señor Fiscal, yo aquí denuncio formalmente ante la Fiscalía a toda la junta directiva del Banco Agrario por haber dado ese préstamo en esas condiciones. Aquí no se la van a montar a tres o cuatro de quinta categoría para ocultar las decisiones. Y les cabe una responsabilidad inmensa al ministro de Hacienda, integrante de la junta directiva del Banco, y el ministro Iragorri, también de la junta directiva. Así actúen por conducto de sus suplentes, la responsabilidad política no se les pierde.

Cuál era el afán suyo, señor Fiscal, de absolver a Navelena en once días. Por qué la investigó en plena Navidad, cuando nadie se daba cuenta. Y qué decir de la irresponsabilidad y negligencia en el Banco Agrario. Lo que estaba haciendo usted era enterrando un cadáver en forma subrepticia y en medio de la noche para que los colombianos nunca pusieran los ojos sobre Navelena. Y si los ojos no los pone José Roberto Acosta y no los pone la oficina del senador Robledo, quién los hubiera puesto. ¿No andarían en Navelena pavoneándose con una absolución del gran Fiscal General de la Nación? No es este entonces un debate de menor cuantía. Estamos hablando de los intereses públicos, de la plata de la gente, de los pobres de Colombia, de los campesinos, de aquellos a los que nadie les presta un centavo y están obligados a tocar a las puertas del gota-gota, mientras las altas burocracias incurren en los actos de irresponsabilidad que vengo denunciando.

Cuando estábamos enfrascados en estos debates, pregunté en algún medio, oiga, y el doctor Germán Vargas Lleras ¿no va a decir nada? Porque esas son vías 4G y Navelena tiene que ver con ellas. Soy de los que creen que la gente debe responder en las buenas y en las malas. Entonces salió Vargas Lleras y declaró: “Se equivoca el senador Robledo, nunca intervine en el caso de Navelena y con el cual no tengo nada que ver”. Categórico. Incluso hizo sus ironías en los medios de comunicación. Con tan mala fortuna para él, que el mismo día, el doctor Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, compañero de Germán Vargas Lleras y aquí sentado con nosotros, lanzó un trino en simultanea: “Vargas Lleras llamó al ministro de Agricultura para decirle que no estaba de acuerdo con que el Banco Agrario le diera ese crédito a Navelena”. Corto circuito. Vargas dijo que no se había metido en nada y su vocero aquí en el Senado lo contradice asegurando que sí, que Vargas Lleras le dijo a Iragorri que no dieran el crédito. Se quedaron mudos varios días.

Varios días después, en una rueda de prensa, el doctor Iragorri les aclaró a los periodistas que aquí había una confusión. Son dos créditos, dice, uno, el de las denuncias que he venido haciendo, y otro. Y a mí un día, añade el ministro, me llamó Vargas Lleras por teléfono y me dijo, oiga, no le vayan a prestar más plata a esos tipos de Odebrecht, y también se lo dijo en el Consejo de Ministros. Todo eso lo cuenta Iragorri, que además es buen conversador. Y explica entonces, para precisar dónde está la confusión, que él no se estaba refiriendo al crédito que se aprobó, sino a un segundo crédito. Por aclarar enredó más, porque vean el lío, quedamos con tres versiones. La versión de Vargas Lleras de que nunca se asomó por Navelena. La del doctor Galán, que Vargas Lleras le dijo al ministro de Agricultura que no prestaran plata. Y la tercera del ministro, que era que estaban hablando de créditos diferentes.

Le pedimos al Banco Agrario esclarecer cuál es la historia del segundo crédito de Odebrecht en Navelena. Y nos responde que jamás se ha solicitado a esa entidad crédito alguno diferente al de los 120 mil millones de pesos. Es la cuarta versión. Iba a decir “Averígüelo Vargas”, pero creo que el chiste no cae aquí muy bien que digamos. Lo deben aclarar las autoridades. Porque, ojo, no es un chiste. El vicepresidente también violó la ley cuando le ordenó al ministro de Agricultura parar el crédito. Germán Vargas Lleras no podía meterse en los asuntos internos del Banco Agrario, es extralimitación de funciones, es abuso de autoridad. Si algo debe ser respetado y respetable en la decisión de los bancos, es la de actuar con autonomía y no ciñéndose a los ucases que les den los altos funcionarios del Estado.

 El otrosí de la vía Ocaña-Gamarra

El tercer caso, que puede ser el más carnudo, es el de la concesionaria de la Ruta del Sol. El primer soborno ya está mencionado. ¿Cómo es el caso del segundo? A ellos, Odebrecht y el Grupo Aval, se les adjudicó en el primer negocio una vía que va de Puerto Berrío a San Roque, en sentido norte-sur, del centro del país a la Costa Atlántica. Se lo ganaron con una licitación corrupta, ya se sabe, y parte de la corrupción consistió en que los dos competidores fueron eliminados. Luego los del consorcio de la Ruta del Sol se quedaron solos en la competencia. ¿Qué es lo nuevo? Que en algún momento se les concede otro negocio, la vía que llamamos Ocaña-Gamarra.

El siguiente detalle técnico resulta clave. La Ruta del Sol va de norte a sur, de Puerto Berrío a San Roque. Y la vía Ocaña-Gamarra va de oriente a occidente, formando una cruz con la otra. El primer contrato se hizo con licitación, fraudulenta, pero licitación al fin y al cabo. El segundo fue adjudicado a dedo al mismo consorcio de la Ruta del Sol y se supone que en él hay un soborno de 4.5 millones de dólares. Lograr que fuera a dedo pudo ser la gran hazaña de quien cuadró el soborno, al parecer, el ex congresista Otto Bula.

Lo primero es establecer si ese segundo contrato para la vía Ocaña-Gamarra, más propiamente llamado otrosí, fue legal o ilegal. Media un detalle muy importante. El otrosí no se habría podido hacer sin un documento Conpes que lo autorizara. ¿En qué radica la anomalía? En que primero se firmó el otrosí, de la manera más sospechosa, y después se aprobó el documento Conpes 3817, siete meses después. Los santistas son de una frescura absoluta para gobernar. Aplican el principio, ustedes no saben quién soy yo. Pero la discusión de fondo es si fue legal o ilegal que no hubiera licitación. Si fue ilegal, estamos ante un prevaricato que, por supuesto, es en buena medida la razón del soborno.

Hay una serie de detalles técnicos que analizaré en su momento, pero de entrada paso a abordar el argumento central. El viernes pasado, el señor Fiscal me terminó aceptando que él sí había contratado una asesoría con el consorcio para el término específico de ese contrato. Se lo había escondido al país a pesar de que yo se lo había puesto ya al descubierto. El viernes por fin cantó. La confesión fue completa. Dijo: en el concepto que le di a la Ruta del Sol, yo consideré que había que hacer licitación pública, que no se podía hacer por adjudicación, que había que someterlo a las normas de las competencias entre las empresas. ¿Qué está admitiendo él entre líneas? Que lo que hubo en ese contrato a dedo fue un prevaricato o una celebración indebida de contrato, le pueden dar el nombre que quieran. Prevaricato, entiendo, es el nombre genérico.

El hoy Fiscal emitió el concepto como abogado del Grupo Aval y de Odebrecht. Pero después como ministro aprobó el otrosí y aprobó el contrato a dedo. Como abogado dijo una cosa y como ministro aprobó otra. Y no solo eso, sino que no le advirtió al Consejo de Ministros que lo que autorizaba el Conpes era ilegal, ni les informó que estaba impedido, porque él ya había actuado sobre el objeto en debate. Una especie de traición, llamémosla así, del Fiscal a sus colegas del Consejo de Ministros. Las dos ministras hoy enredadas no sabían que esa había sido la posición del Fiscal.

De mi oficina hemos mandado estos documentos por todas partes detallando los pasos y probando cada ilegalidad. Repasémoslos. La ministra de Transporte le hizo una consulta al Consejo de Estado el 2 de agosto de 2013 preguntando si se podía hacer a dedo la adjudicación. La ley es clarísima y el Consejo de Estado se limitó a recordarla. La ley señala que sí se pueden hacer adendas a una vía, contratos a dedo, pero solo para cierto tipo de obras, como lo había sentenciado a su vez la Corte Constitucional. El Consejo de Estado cita expresamente la sentencia de la Corte Constitucional: “En el entendido que la expresión obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado, solamente autoriza la prórroga o adición de obras o actividades excepcional y necesariamente requeridas para cumplir con el contrato inicial”. Si el corredor vial que se va a hacer forma parte del objeto inicial del contrato, se puede hacer. Pongo un ejemplo. Se cayó un puente en la carretera y hay que contratar uno nuevo. No hay necesidad de una nueva licitación. O se produce un derrumbe y hay que hacer una variante, todo dentro del objeto del contrato.

Y qué sucede en este caso. Que la ruta Ocaña-Gamarra no tiene nada que ver con el objeto del contrato. Está perfectamente establecido. La Corte Constitucional y en cierto sentido también el Consejo de Estado, no quiero leer para no hacerme pesado, definen un corredor vial como una vía entre dos puntos. Y resulta que cuando ustedes introducen Ocaña-Gamarra, aparecen ya cuatro puntos, Ocaña, Gamarra, Puerto Berrío y San Roque. No cabe entonces la idea de que la nueva vía se pueda resolver con un contrato a dedo. El Ministerio tenía que haber citado a licitación y el Consejo de Estado es perentorio. La ministra le pregunta al Consejo de Estado: “¿Se entiende como obra adicional directamente relacionada con el objeto concesionado toda obra que se encuentre dentro del mismo corredor vial, así no esté incluida dentro del objeto y el alcance contractual?”. Y le responde el Consejo de Estado: ¡”No”! y agrega: “Las obras que no guarden una relación directa y necesaria con el objeto del contrato no pueden acordarse ni ejecutarse válidamente como una adición al respectivo contrato de concesión”. Así lo reconoce también Néstor Humberto Martínez en su concepto. La construcción de dicha vía debía ser contratada “por licitación, respetando los principios de la libre concurrencia y de igualdad entre los proponentes”.

Por qué están acusadas entonces las dos ministras. Y aclaro, que no fui yo el que lo hizo. Por dos razones, una, porque es un prevaricato haber aprobado el documento Conpes 3817, y dos, porque el hermano de una de ellas se beneficiaba de la obra Ocaña-Gamarra, lo que las ponía en el régimen de inhabilidades para aprobar el Conpes en mención. Lo mismo se puede predicar del Fiscal. Yo lo acusé por prevaricato, como acusé al director de la ANI, primero, porque el contrato no se podía aprobar sin licitación. Y al señor Fiscal, en segundo término, por violar el régimen de incompatibilidades, porque él era contratista de Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, es decir, del consorcio de la Ruta del Sol. Pero además, porque él no había renunciado en forma oportuna al diario El Tiempo.

Lo peor de esta confesión del Fiscal, a mi juicio, es haber afirmado una cosa como abogado y hacer otra como ministro. Y al hacerlo, termina admitiendo las relaciones que había ocultado sistemáticamente y sobre las cuales mintió para agredirme. Pero además, no les avisó a sus colegas de gabinete de lo que estaba sucediendo. No sé si le haya advertido al director de la ANI para que no fuera a hacer lo que hizo. Y ojo, la acusación le cae también al consorcio de la Ruta del Sol, cuyos representantes firmaron el contrato a dedo a sabiendas de que era ilegal. Y lo sabían, porque le pagaron a su abogado de confianza, Martínez Neira, para que les diera un concepto y el abogado les dijo, no lo hagan, no lo hagan.

¿Hasta dónde subió la información en el Grupo Aval? ¿Sabía de la ilegalidad su máxima cabeza? En estos días, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo hizo el mismo chiste del presidente Santos: que él apenas se acababa de enterar. Y aquí soltó la risa, muy divertido con su propia ocurrencia. Ustedes no saben quién soy yo. Bueno, la pregunta le cabe al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo: ¿sí sería verdad que también él se acababa de enterar? Sé muy bien que él goza de renombre por ser un gerente ultra cuidadoso y ultra detallista y me informan los que saben que es difícil encontrar nada importante que él no sepa de lo que sucede en el Grupo Aval. Probablemente sí lo sabía, pero quién lo tendría que aclarar, ¿la Fiscalía? ¿Será Néstor Humberto Martínez quien va a aclarar el fondo oscuro de este enredo?

El segundo hecho es que al consorcio le fue divinamente, como lo resumió muy bien Aurelio Suárez, y miren las cifras. El primer contrato de la Ruta del Sol dio un promedio de costo por kilómetro de 5 mil millones. El otrosí, la vía Ocaña-Gamarra, les da 17 mil millones. El plazo de la concesión, antes a 20 años, quedó en 25. Las vigencias futuras, calculadas para el año 24 y 25, las pasaron para el 16, 17 y 18. Los peajes, antes 5, se volvieron 7, todos con un sobrecosto del 3 por ciento hasta lograr un 15 por ciento de sobrecarga. Y las utilidades son del orden del 23 por ciento, de acuerdo con los análisis. Le fue muy bien al que organizó el soborno. No perdieron la plata los cerebros de Odebrecht en Colombia.

Favoreciendo más al consorcio

No menos ilegal es la actitud de la ANI de favorecimiento al consorcio. Acusé de prevaricato por acción al director de la ANI en el caso ya mencionado, el de Ocaña-Gamarra, y de prevaricato por omisión por no defender el interés público ni cumplir con sus más elementales deberes. El contrato de la Ruta del Sol ya se había convertido en una tragedia para la ANI. Con decirles que se debió haber finiquitado el 13 de febrero de este año y a esa fecha apenas llevaba el consorcio el 52 por ciento. El incumplimiento era total. Y no me sorprende, porque todos los negocios de Odebrecht a escala mundial hicieron crisis cuando metieron a la cárcel al presidente. El hecho tuvo repercusiones en todas partes, menos en el gobierno de Colombia. Aquí no pasó nada. Nuestros gobernantes siguieron como si al personaje, un pillo redomado, se lo hubieran llevado para el mejor hotel del mundo.

De todos modos, también la ministra del Transporte y el ministro de Hacienda le pidieron un concepto al Consejo de Estado, preguntándole qué implicaba la captura de Marcelo Odebrecht para los contratos en Colombia. Un problema gravísimo, responde el Consejo de Estado, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano se sanciona declarando la inhabilidad sobreviniente. Ante el incumplimiento de Odebrecht por su acto de corrupción, la ANI o el Estado pueden proceder apoyados en la inhabilidad sobreviniente, les responde el Consejo de Estado a dos Ministerios distintos.

Traducido al lenguaje corriente, la ANI quedó con unos poderes inmensos para hacer mucho en ese contrato. Pudo, si hubiera querido, ordenarle a Odebrecht ceder su parte del contrato. Pudo declarar su terminación. Pudo pedirle al tribunal de arbitramento, ya establecido porque había pendiente un pleito entre el consorcio y el gobierno por los incumplimientos, que, simplemente, declarara la nulidad. Y la ANI, por razón de sus normas generales, también podía declarar la caducidad por incumplimiento y hasta la terminación unilateral del contrato. Y la pregunta es ¿qué hizo la ANI? Nada. Nada. Siguieron como si no hubiera pasado nada. A pesar de que tenían la autoridad legal para proceder de acuerdo con las normas y apoyados en el concepto del Consejo de Estado.

¿Cómo se terminó el contrato? Es de las anomalías más escandalosas en esta historia, que ha sido muy bien tapada, hay que reconocerles la eficiencia a los grandes poderes de este país y los incluyo a todos. Qué sucedió al final. Que la ANI terminó sentándose con el consorcio, con los del Grupo Aval y con los de Odebrecht, a negociar la terminación del contrato por mutuo acuerdo, como si no hubiera pasado nada. Como si un par de socios finiquitan su relación comercial porque el uno se enfermó o por cualquier otra razón, y se sientan de manera amistosa y convienen, tú coges esto y yo cojo esto y se acabó el asunto. Así se sentó la ANI con el Grupo Aval y con Odebrecht. Y llegaron a un acuerdo, que es el colmo de la desfachatez. Acordaron incluso que las dos partes renunciaban a acciones judiciales o demandas de la una contra la otra. Es la hora en que Odebrecht no ha recibido una sola sanción en Colombia. Tan absueltos quedaron, que el Estado colombiano, o por lo menos la ANI, se comprometió con ellos a no demandarlos.

Cómo le fue a la nación en el arreglo. Como siempre. Los pillos nos roban, nos maltratan, corrompen el país, y cuando el gobierno los coge con las manos en la masa, ¿qué ocurre? Miren el acuerdo. Entre el momento en que la SIC les dijo que actuaran y el acuerdo final, la negociación duró apenas cuatro días hábiles. Un negocio en el que estaban en juego 3.2 billones de pesos y que tenía un enredo en cada uno de los 500 kilómetros de carretera se arregló en cuatro días. El gobierno nacional, en cuatro días, borró todos los líos con los corruptos de Odebrecht y con el Grupo Aval. ¡Cómo se defiende al Estado así!

Y cuál fue el mutuo acuerdo. Costo total de lo acordado, 3.2 billones de pesos. Plata asegurada para los bancos por el Ministerio de Hacienda, 2.4 billones de pesos y, de ellos, la mitad para los bancos de Sarmiento Angulo. Los bancos de Sarmiento Angulo salieron del negocio indemnes, ilesos, ni se les cayó el sombrero. A contratistas y trabajadores, y el cumplimiento ha sido bien malo, 100 mil milloncitos de pesos. Al consorcio, 700 mil millones, sujetos a un trámite para el pago. De ellos, 440 mil millones de pesos para Odebrecht, y 253 millones de nuevo para Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¡Esto qué es! Mientras en otros países los meten a la cárcel, miren lo qué pasa aquí. El acuerdo es tan contrario al interés nacional que, técnicamente, Odebrecht puede seguir contratando en Colombia. Pueden que se le enreden las cosas en el caso de la caducidad en Navelena, pero por este lado podría mañana presentarse a una licitación, incluso para seguir haciendo la Ruta del Sol.

Al acuerdo le faltan unos pasos, entiendo, que lo ratifique el Ministerio de Hacienda y creo que también el tribunal de arbitramento. Tengo algunas dudas al respecto, pero desde ya le pido al gobierno que no lo ratifique y a los colombianos que nos opongamos a él. Aquí lo mínimo es que nos expliquen con despacio cómo es el asunto y dónde está la sanción para los pillos de Odebrecht. Según la revista Dinero –miren la barbaridad que denuncia–, el consorcio acordó que parte de esos 700 mil millones no se le pagara en cash, porque le dio pena con Colombia y entonces les montaron el cuento de que se va a hacer un trámite en ese pago.

Asuntos como este son los que debe vigilar, se supone, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, una institución que vela porque no se roben la plata o por lo menos que no se roben tanta. Y algo inaudito. El 21 de marzo el gobierno cambió al director de la Agencia y nombró a Luis Guillermo Vélez, que trabajó largos años con Luis Carlos Sarmiento Angulo, que fue lobista en este Congreso en beneficio de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y ese es el hombre que ha de cuidar que no se pierda el queso. ¿Una coincidencia o está puesto ahí de manera calculada para favorecer determinados intereses?

Hay un detalle que no quiero dejar de mencionar porque son ya demasiadas cosas extrañas. ¿Saben quién tomó la decisión de decirle a la ANI que había que terminar el contrato, aunque no dijo cómo? La Superintendencia de Industria y Comercio. Increíble. Según el ordenamiento jurídico colombiano, son decisiones que han de tomar los jueces. Y la SIC se arrogó el derecho de tomar la determinación. ¿Saben qué argumento dio? Que con el soborno se había violado la libre competencia. A ese paso, la SIC va a terminar juzgando los secuestros, porque también afectan la libre competencia. Y ordenó terminar el contrato, pero como una medida cautelar.

No soy abogado, pero hasta los que no somos abogados sabemos que las medidas cautelares presentan una característica esencial, y es que tienen que ser reversibles. Y un contrato terminado no se puede revertir. No puedo decir, fusíleme a este tipo como medida cautelar, porque no hay cómo resucitarlo. Pero además la medida no es potestativa de la SIC. Y dio un plazo de tres días para tomar la decisión. Les he preguntado a muchos abogados y no he conseguido uno solo que me diga que esto tiene algún sentido. Pero además era innecesario, porque la ANI tenía un arsenal de medidas que podía tomar sin necesidad de que nadie saliera por detrás como a darle la autorización. Parece haber sido como un respaldo moral para darle viso de legalidad a una negociación a mi juicio completamente ilegal.

El tema de las responsabilidades políticas. Y aquí me toca otra vez toparme con el doctor Germán Vargas Lleras. Ocaña-Gamarra y Navelena son del resorte de las 4G. Y él, que tanto pecho ha sacado y tanto jugo le ha sacado a ese cuento de las 4G, bueno sería que también diera la cara y dijera qué parte de este desastre le corresponde. Lo menos. Que sí cobran las buenas, también paguen por las malas. El también prevaricó en el Conpes 3817, porque él es parte del Consejo que toma la decisión. El director de la ANI es un hombre de él. Y el director de la ANI no sé por qué razón lleva meses dirigiendo también a Cormagdalena, después de que les fracasó una gerencia que tuvieron allí. El doctor Germán Vargas Lleras, ya lo expliqué, se metió en los asuntos del Banco Agrario. La SIC es también de un hombre de él. Y el señor Fiscal también es de él. Sería bueno que alguna cosa dijera.

Corrupción sistémica

Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Aquí no estamos dentro del promedio, sino muy por encima de la corrupción mundial. Aquí hay una anomalía en relación con los demás países. Y tanta corrupción no se da porque los colombianos seamos genéticamente corruptos, ni es un castigo del cielo por algún acto equivocado de algún antepasado nuestro. No. El mal responde a causas muy profundas.

Hay que hacer un debate al que todo el mundo le está sacando el cuerpo. ¿Estamos ante una corrupción de manzanas podridas o ante una corrupción sistémica? Las manzanas podridas son inevitables. Siempre sucederá que en cualquier organización de los seres humanos alguien se corrompa o viole la ley, es inexorable. Hace demagogia el que diga que puede estar en una organización en la que nunca pasará nada. No. Siempre pasa. Hasta en las iglesias más cuidadosas. Son corrupciones relativamente fáciles de manejar o por lo menos no tan perniciosas.

De lo que estamos aquí hablando es de una corrupción sistémica. Hay un sistema de corrupción operando en Colombia. En las palabras de Fernando Cepeda Ulloa, que no es del Polo, aquí, más que corrupción, lo que hay son auténticas organizaciones criminales. Precisa: Organizaciones criminales donde hay políticos, sector público y empresa privada. Donde hay criollos, nativos nacionales y extranjeros. Estamos hablando de un fenómeno de una gravedad inaudita, una corrupción que crece y crece y crece. Y lo de Odebrecht no es lo único en este último año. Ahí están Isagen, Reficar, Saludcoop, para mencionar solo unos pocos casos.

En un libro que publiqué sobre corrupción en estos días, yo he planteado un debate sobre las causas, un debate que deberíamos hacer todos los colombianos. Es que oigo por todas partes pedir tal medida, redactar un articulito. No, el problema es más complicado. Exagerando un poco, he dicho que si son los 40 ladrones de Alí Baba quienes integran el gobierno, no hay norma capaz de corregir el fenómeno. Uno coge las mejores normas del mundo y pone a Pablo Escobar a administrarlas, y seguro que acaba siendo el narcotráfico la actividad más protegida.

Mi tesis, que no es mía, la han planteado a su manera Rudolf Hommes, Alejandro Gaviria, Guillermo Perry. Cuando se creó el Frente Nacional, afirman ellos, hubo un acuerdo entre la élite económica y la élite política, en esos días liberalismo y conservatismo, para ganar siempre las elecciones y hacer política con corrupción, con clientelismo. Y el acuerdo consistía en que la clase política podía hacer lo que se le diera la gana para ganar las elecciones a cambio de que aquí en el Congreso le aprobara a la élite económica lo que fuera. Y fue así entonces como prosperó buena parte de la clase política. Y la élite económica, ni se diga: ultra prosperó. El acuerdo estaba diseñado para que la clase política no perdiera nunca las elecciones, pudiera gobernar de la peor manera y aun así seguir ganando, porque lo hacía mediante el fraude. Y claro, la situación fue degenerándose. El degeneramiento ajusta ya 50 años de hervor.

Y vivimos ahora una situación en que una campaña electoral cuesta una suma tan alta que es casi inevitable corromperse para hacerla. Porque la democracia en cierto sentido se volvió una batalla de chequeras, y ni siquiera de chequeras, de tulas, porque es con la plata en efectivo, con plata en rama, como se mueve la corrupción. Todos los aquí presentes lo sabemos. No voy a decir que cada persona que esté en política actúe así ni tampoco que cada miembro de la empresa privada. Pero sí estoy afirmando tajantemente que aquí hay una corrupción sistémica. Está en el ADN de la política nacional, pero no en cualquier ADN. Es en el ADN de la política de quienes han gobernado a Colombia en los últimos 50 años, que son los principales encartados.

Se puede aceptar o no la teoría, pero el punto es que si no comprendemos a fondo estos fenómenos, aquí no se va a poder arreglar nada. Por eso he venido respondiendo, cuando me preguntan los periodistas, senador, qué hacemos contra la corrupción, que hay que derrotar a los que nos han gobernado. ¿O es que no son ellos los responsables de todo cuánto ha sucedido en Colombia? O cómo es la cosa. Aquí han gobernado los mismos hace 50 años. Lo nuevo es que hay más nombres. Pero el tronco, el árbol es el mismo. Hay quienes en el Partido de la U dicen, yo soy del Partido de la U, pero liberal o conservador. Y todos sabemos que en el Centro Democrático y en todos los partidos pasa lo mismo, porque los entronques son los mismos.

Entonces aquí no hay otra opción distinta para corregir el problema de fondo que derrotar a todos quienes nos han gobernado.

Le agradezco, señor presidente, la amplitud con la que me ha permitido hacer este debate. Y como conclusión, voy a leer unas cuantas conclusiones precisas. En otro país que no estuviera tan descompuesto como este, que no hubiera llegado a grados de degeneramiento tan grandes, Juan Manuel Santos ya se habría caído de la Presidencia de la República. No puede ser presidente una persona a la que le entra plata de las trasnacionales, hecho reconocido por ella misma, y sigue tan campante. Y Germán Vargas Lleras no podría ser candidato presidencial. O dónde está la responsabilidad política.

¿Aquí no importa que la plata se haya perdido y que haya habido sobornos? En un gobierno decente, la Unidad Nacional y el Centro Democrático estarían hoy contra las cuerdas dando explicaciones todo el día de sus actos. Luis Carlos Sarmiento Angulo sí que tendría que estar haciéndolo, todo su grupo, pero sobre todo él, que es en últimas el gran beneficiario. El Fiscal, además de impedirse, habría tenido que renunciar, por lo bochornoso de sus actos. Por ahí en un artículo afirmé que es como una especie de noticia mundial que en Colombia investigan al fiscal que investiga a Odebrecht. Yo acusé al Fiscal por violar la ley en el mismo caso de las ministras ¿y qué va a hacer? ¿Le trasladará el caso a la Corte Suprema de Justicia, a la misma Corte Suprema de Justicia que lo nombró?

Es notorio el poder del tapen-tapen, colombianos. Ha logrado mantener tan bajo control esta historia, que la investigación tiene traza de terminar en lo de siempre. La Fiscalía va a coger a algún personaje de tercera o cuarta categoría y algo le va a hacer. Por eso los colombianos, con razón, están repitiendo tanto una frase, que yo creo que todos la hemos oído a raíz de este escándalo de Odebrecht. Se les llenó la taza y están diciendo: “Estamos mamados, mamados”, pero no solo con Odebrecht, mamados con todo. Hay un sentimiento en Colombia de que la gente está mamada. Y dicen con claridad “de los mismos con las mismas”. No crean los del tapen-tapen que se van a zafar tan fácil de esa realidad.

He hecho esfuerzos por buscar en este debate lo que yo llamo la verdad total y sé que se me quedan mil cosas que pueden mencionarse. Pero creo que he hecho una presentación que permite hacer un debate serio al respecto. Por supuesto, cada uno con su posición. Este no es un lamento, no lo lean así los colombianos. No vine aquí a lamentarme de lo que está pasando. Critico, porque me molesta y me irrita que el país esté hundido en la corrupción, un fenómeno que destruye a los países, que no les deja salida. Al final la pagan los más pobres entre los pobres y las clases medias, mientras tres o cuatro se pavonean como príncipes e imponen todo tipo de abusos. Como el abuso que hay detrás de las decisiones que aquí casi todos tomaron en beneficio de esa Fiscalía.

Todo esto lo estoy diciendo para llamar a los colombianos a que entremos en un estado de rebeldía, que esa idea de que “estamos mamados” la volvamos movilización, la volvamos reclamo, la volvamos lucha, siquiera para que se sepa la verdad total sobre este asunto. Que aquí no se permita que cada uno se monte su trisito de verdad para cubrir lo que está pasando.

¿Cuándo cambian los países? Los dirigentes en general somos más o menos iguales siempre. Los países cambian cuando cambia la gente, el pueblo raso, las clases medias, los empresarios, la gente que quiere a su país, cuando cambia su manera de pensar y se decide a cambiar su manera de actuar y decidir. Colombia no puede seguir como en una especie de esquizofrenia, que aquí la gente el domingo les da respaldo a los peores y después el resto de la semana quiere que esos peores la gobiernen de la mejor manera. Es la reflexión que les dejo a los colombianos. Una reflexión a la movilización, a la lucha, a exigirla como derecho, a que no puede una minoría seguir destruyendo el país, que hechos tan graves como este no se puede estar repitiendo cada tres meses. Y ya llegó la hora de que no solo sepamos la verdad total de lo que está pasando, sino que además actuemos en consecuencia.