Por: Jorge Enrique Robledo / @JERobledo
El escándalo de corrupción de Odebrecht es de lo peor en la historia de un país en el que las corruptelas político-público-privadas son el pan de cada día. En razón de su resonancia, puede compararse con el Proceso Ocho Mil, cuando la plata de los narcotraficantes definió la elección presidencial de 1994.
Los hechos probados son gravísimos. El primero señala que estamos ante una trasnacional corrupta como la que más, a tal punto que su directiva confesó haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a gobiernos de doce países, lo que la define más como asociación para delinquir que como empresa de infraestructura. Y también ha reconocido –aunque los casos y el monto pueden ser mayores– que en Colombia pagó once millones de dólares en coimas para asegurarse que en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos les adjudicaran los dos contratos de la Ruta del Sol (http://bit.ly/2klqwpF). Insistamos en que los sobornos no los paga Odebrecht sino los colombianos. Con los peajes, por ejemplo.
También está demostrado que entre los cómplices de sus corruptelas aparecen, por confesión de ellos mismos ante las autoridades de Brasil y Colombia, Duda Mendoza y Otto Bula, respectivamente. Y los dos denuncian que, con su intermediación, Odebrecht financió con millones de dólares las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, de una parte, y de Óscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, de la otra. Ofende la inteligencia de los colombianos afirmar que esas platas pudieron beneficiar a los candidatos a la Presidencia mas no a sus vicepresidentes.
Las autoridades deberán establecer las realidades procesales y acusar y condenar a los culpables. Pero este proceso tropieza con una gran dificultad: en las dos campañas electorales se concentró el ciento por ciento del poder político que gobierna a Colombia desde 1990 por lo menos, más el sector privado que también ha hecho de las suyas en ese lapso. Luego estamos en una gran lucha entre quienes queremos que se establezca la verdad y quienes desean que triunfe el tapen-tapen, de manera que no caigan los peces gordos y los mismos sigan con lo mismo.
Muy mal cayó la decisión del Fiscal Néstor Humberto Martínez –el principal abogado del socio de Odebrecht en la Ruta del Sol y quien cuenta con el respaldo de la Unidad Nacional y el Centro Democrático– de trasladar al Consejo Nacional Electoral la investigación y decisión sobre los dineros de Odebrecht en las campañas de Santos y Zuluaga. Porque ese organismo carece de la capacidad técnica necesaria para adelantar las investigaciones y porque los dos sectores políticos afectados por el escándalo detentan el control político de dicho Consejo. Y preocupa más que en la Fiscalía las cosas evolucionen hacia convertir en una mera infracción por aportes a las campañas lo que empezó como un mayúsculo delito de soborno de una trasnacional para que el gobierno le otorgara contratos corruptos.
Los colombianos estamos mamados, ¡mamados!, con que a cada rato estallen escándalos como este y con que cada cuatro años se escoja de Presidente a uno de los mismos para que siga pasando lo mismo. De derrotar toda forma de tapen-tapen depende que el país empiece a salir del hueco oscuro en el que lo han sumergido.
Coletilla: Están de fiesta Carlos Urrutia, Néstor Humberto Martínez y los demás abogados “sofisticados” que defendieron las acumulaciones ilegales de tierras que fueron baldíos. Porque la Corte Constitucional, mediante la Ley de Zidres, le dio viso de legalidad a esas ilegalidades y porque, además, actuando en contra de su sentencia C-644 de 2012, decidió que los pobres del campo sí pueden ser despojados –mediante una argucia– del derecho constitucional que les otorgaba en exclusividad las tierras baldías del Estado. Sin duda, la peor ley de tierras que se recuerde. Otro caso de aprobación en llave entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, en el que Juan Manuel Santos logró lo que no pudo Álvaro Uribe, quien, en 2009, advirtió que no se atrevía a proponer en el Congreso una reforma como esta.
Bogotá, 10 de febrero de 2017.
