Al contrario de lo que ordenan los criterios democráticos y la Constitución, hoy el sistema tributario colombiano es regresivo. Porque en amplias proporciones grava con tasas iguales a los que tienen mucho y a los que tienen poco, muy poco o nada.
Así, el 54 por ciento –$94 billones– del total del recaudo sale de impuestos indirectos, regresivos por definición, como ocurre con el IVA, por $46,6 billones, o con el 4 por 1.000, por 9,8 billones. Lo regresivo también se expresa en que la tasa de renta de las empresas –del 35 por ciento– es la misma para las pequeñas y las medianas, las grandes y las enormes. Con toda razón, las pymes llevan años reclamando por tasas que vayan de menores a mayores, como en otros países, para estimularles su progreso.
Tampoco es progresivo que sean iguales las tasas de renta de las empresas grandes y las super grandes. O que mediante malabares tributarios –incluidos los ilegales– sean tan desiguales las tasas reales de renta que se pagan, con ventaja para las más poderosas.
Es regresivo también aceptar la receta del FMI para Colombia y aumentarle el impuesto al consumo en tres billones de pesos –más del 10 por ciento de los $25,9 billones a recaudar– a las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, los plásticos y los combustibles en las zonas de frontera, bienes todos de ineludible consumo popular en un país donde el 30 por ciento de las familias está aguantando, literalmente, hambre.
La reforma recurre al sofisma de incluir en el 10 por ciento “más rico” de Colombia –para justificar aumentarles los impuestos– a quienes tengan ingresos, incluidos sueldos y pensiones, por $10 millones mensuales o más, con lo que a las clases medias les hacen el honor de volverlas igualitas a Don Luis Carlos. Por regresivo e inconstitucional, las organizaciones de trabajadores han rechazado que se graven las pensiones y han advertido que, a semejanza de lo que ocurrió con el IVA al aumentarle la tasa inicial, en el futuro los neoliberales buscarán bajar de $10 millones la línea de los “más ricos”.
La regresividad también aparece al aumentar la tasa de renta de las personas naturales con mayores ingresos. Porque, si se observa con cuidado, la progresividad desaparece en beneficio de las de mayores ingresos. E igual pasa con el impuesto al patrimonio.
Yerra también la reforma cuando le aumenta los impuestos a Ecopetrol en $5 billones, al gravarle el barril de petróleo que pase de 48 dólares, y porque no podrá descontar lo que le pague al Estado por regalías. Craso error tratar a Ecopetrol como a otra empresa más, cuando es pilar insustituible de la operación petrolera nacional y de las finanzas públicas. Que estas decisiones no empujen hacia su privatización. También es errado gravar más las exportaciones de carbón metalúrgico, porque golpea a empresas nacionales con ingresos muy inferiores a las trasnacionales del sector.
Y la reforma no toma las medidas necesarias para darles cárcel a los grandes delincuentes tributarios y a quienes les diseñan sus ilegalidades.
No sobra advertir que estos reclamos también tienen que ver con que los impuestos regresivos le hacen daño a Colombia porque reducen la capacidad de compra nacional y le achican el mercado a los productores y los vendedores.
Bogotá, 2 de septiembre de 2022.
