Por: Aurelio Suárez Montoya / 18/12/2021
Tomado de Revista Semana: https://www.semana.com/opinion/articulo/tlc-a-revision/202152/
¡Al fin!, el tema de los TLC, que varios como Petro han eludido, salió en el debate público entre los precandidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza. Aunque antes en foros gremiales se tocó la política comercial, emerge una discusión implícita: ¿cambiar la estrategia de libre comercio y capital extranjero, aplicada en 30 años, cuya máxima concreción son 16 tratados vigentes?
La arquitectura básica del TLC con Estados Unidos muestra cuánto está inmerso en ellos. Son casi 1.000 folios, una maraña de cláusulas, ordinales, numerales, anexos, apéndices, cartas adjuntas, listas y notas de pie de página. Consta de 23 capítulos que prescriben sobre lo divino y lo humano: servicios, textiles y vestuario, finanzas, política económica, medioambiente, laborales, aduanas y deuda pública, inversión, propiedad intelectual, compras estatales, solución de controversias, biodiversidad, territorio de aplicación y comercio, al que se refieren las críticas más frecuentes, pero que entre tan gravosas disposiciones tiene menor peso específico.
Sin embargo, los quebrantos de las cuentas externas del país causado por los TLC inician por los déficits comerciales, ya que vendemos menos de lo que compramos. Con corte a 2019, el desbalance acumulado desde 2012 en los tratados con Estados Unidos, Unión Europea, Suiza (EFTA), Corea, Canadá, Alianza Pacífico (en especial con México) y Mercosur sumaba -56.325 millones de dólares (Saqueo, página 110). Si se agregan las importaciones de China y Vietnam, con los que no hay tratado, el saldo es aún más rojo. Pese a que con la Comunidad Andina y Centroamérica los números son positivos, no alcanzan a cubrir el enorme faltante.
El comercio administrado por las economías poderosas, que exportan sus excedentes a precios por debajo del costo de producción y transporte, es un medio expedito para inundar a sus “socios”. Existe la creencia de que solo sucede en la agricultura o en el sector pecuario, en lácteos, cerdo y pollo, pero es peor en la industria, donde ya 46 por ciento de los bienes consumidos en Colombia son importados. En 2016, una investigación de The New York Times detectó subsidios por 80.400 millones de dólares en 1.875 programas, lo que se complementa con que 1,5 por ciento del valor agregado de las empresas estadounidenses de base exportadora corresponde a incentivos crediticios y fiscales y que, en solo 2017, las compras oficiales dentro del plan “comprar estadounidense”, como apoyo, sumaron 700.000 millones de dólares (ídem, 117-120).
Otra vena rota es el comercio de servicios. Comprende cargos por propiedad intelectual, seguros, financieros, viajes, telecomunicaciones y “otros “negocios”, incluso salud y educación, convertidos en fuente de provecho por las potencias que, como Estados Unidos en 2019, tuvo superávit por 287.500 millones de dólares (BEA). Al contrario, el déficit comercial de servicios para Colombia, acumulado entre 2012 y 2018, sumó -23.732 millones de dólares (ídem, 115).
Ese balance negativo se agrava al cotejar las inversiones de las partes. Mientras las extranjeras en Colombia –de 13 países con TLC– sumaron, entre 2012 y 2018, cerca de 93.000 millones de dólares, las de Colombia en esos países solo fueron 27.200, de los cuales 6.740 en Panamá (ídem, página 111). Esto implica que las rentas que el capital foráneo extrae, que en cálculos conservadores rinden el 6 por ciento de la inversión (Cepal), son inferiores a las percibidas por las nuestras afuera y de esa diferencia emana otra fuente deficitaria de divisas que debe suplirse, como también pasa con las necesarias para servir los préstamos externos.
La deuda pública es el recurso para financiarse y, aunque el frente exterior puede no ser única causa del abultado endeudamiento, impele a constantes créditos para atenderlo. Así, el Gobierno central pasó de deber 64,5 billones de pesos en 2000 a 616 en 2021 (BanRep) o de 1,5 millones de pesos por habitante a 12,4.
Muchos ejercicios demuestran la recuperación de empleo y de fuerzas productivas nacionales si no se importara al menos una porción de los bienes industriales y agrícolas que podemos elaborar. Por ejemplo, con la producción de la quinta parte del maíz, del trigo, la cebada, la soya y el algodón que se compra afuera, se sembrarían 350.000 hectáreas y emplearía a 50.000 personas, que con los ingresos derivados serían activos consumidores, algo que desvela a los economistas pro TLC (ídem, 786). ¿Y cuántos más todavía si, con previsión, relanzáramos la decaída industria automotriz?
Urge revisar los TLC, iniciando por el de Estados Unidos. Crecen voces en concordancia con recurrir a las cláusulas 23-2 y 23-4-2 que lo permiten. Porque, si no, ¿seguiremos siendo “idiotas útiles”? (SEMANA, J. Mayer, 10/04/2020).
