Lectura: https://youtu.be/TsUDxWUHOWM
Jorge Enrique Robledo
Senador DIGNIDAD
Jorge Gómez Gallego
Representante DIGNIDAD
Referencia: Grave error aprobar ley contra los taxistas legales y a favor de la piratería de Uber y otras trasnacionales.
Cordial saludo:
En 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que no, que Uber es una empresa “de transporte”. Y no hay por qué dudarlo. Porque si bien usa tecnologías –vehículos, internet, GPS–, como todas las actividades humanas, eso no la convierte en una empresa tecnológica. De ahí que Avianca sea un negocio de transporte y no de tecnología de la aviación, como sí lo es Boeing. ¿Por qué tergiversan algo tan obvio?
Los banqueros norteamericanos que crearon a Uber concluyeron que el internet –las llamadas plataformas– facilitaba comunicar a taxistas y pasajeros, idea que en sí misma no tiene nada de malo. Pero también decidieron que su negocio no sería montar empresas con vehículos de servicio público sino particular, es decir, violando las leyes de los países. Además, en vez de plantear cambiar las normas de cada país, se propusieron no respetarlas, para lo que crearon la falacia de que no era una empresa de transporte sino de tecnología de las comunicaciones, a la que no le eran aplicables las normas del transporte público legal. Y pusieron a sus publicistas a desacreditar a los taxistas y a quien exigiera que Uber cumpliera las leyes, acusándonos de ser enemigos de la tecnología y el progreso. Descomunal fake news; muy trumpista.
Que toda la actuación de Uber viole la legalidad colombiana –empresa, plataforma, vehículos, impuestos, aseguramiento, revisiones técnicas, tarifas y relaciones laborales con sus conductores, a quienes llama “socios”, sin serlo, para negarles su seguridad social–, le permite empobrecer y quebrar al taxismo que sí cumple con las normas, porque acatarlas le eleva mucho sus costos, haciéndole daño al empleo y los ingresos de 400 mil familias de conductores y propietarios, a quienes les desvaloriza sus carros. Y esos vehículos, en solo cinco ciudades, valen 12 billones de pesos, y en parte los valen porque el Estado los obliga a pagar el “cupo”, un enorme sobrecosto. Por esto fue que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acusó a Uber de competencia desleal, que significa que compite violando la ley.
Son ya varios los ministros del Transporte que han explicado la ilegalidad de Uber y la demuestran las multas de la Superintendencia del sector y varios fallos de la Justicia, así los gobiernos, en vez de aplicar con rigor la ley, le alcahueteen su violación. En contraste, son varios los países que han expulsado a Uber por negarse a cumplir sus leyes de transporte. En Colombia ha sido horrible oír decir que no importa que Uber viole la ley.
También es muy dañino que Uber busque imponer su libertinaje neoliberal en las ciudades, porque les empeora sus problemas de movilidad y contaminación. Es tan desmedida su codicia, que ha dicho que aspira a que los pasajeros del transporte público masivo se pasen a sus carros, lo que llevaría al caos a las grandes ciudades
Siendo Uber una empresa pirata –la piratería en el transporte consiste en violar las leyes que lo reglamentan–, su negocio no es ese. Porque la Uber transportadora pierde plata todos los años. En 2019, por ejemplo, perdió 7.410 millones de dólares. Su verdadero negocio es especular en las bolsas de valores, donde por acciones vale unos 80 mil millones de dólares. Y algunos bodegueros tienen la frescura de acusar de monopolios a las numerosas empresas de taxis legales que operan en el país.
De lo peor es que esta gran ilegalidad se montó sobre la feroz persecución a conductores, propietarios y administradores del taxismo legal, a quienes –exagerando fallas que existen y que hay que corregir, como ocurre en todas las actividades–, convirtieron en monstruos que deben ser aplastados. Nunca en Colombia un sector social había sido tan estigmatizado. ¡Cuán poco democráticos han sido quienes los persiguen! Y la verdad es esta: en Bogotá, los taxis legales hacen unas 600 mil carreras al día. ¿No es muy pequeño el porcentaje que sufre problemas? ¿Y no se demostró que la perfección del servicio de Uber era otro embuste?
Al Congreso se presentaron varios proyectos de ley sobre plataformas, incluido el nuestro. Este establece que toda empresa legal de taxis podrá utilizar plataformas de internet y que, contra los abusos, será la autoridad respectiva la que fijará el costo de las carreras y garantizará que las empresas no les cobren a sus conductores más del cinco por ciento del valor de cada servicio por contactarlos con los clientes, mientras que Uber ha llegado a cobrarles más del 30 por ciento, un gran abuso. Y los pasajeros no pagarán el IVA de 19 por ciento que hoy les cobra Uber, porque es ilegal.
También a favor de la ciudadanía, los vehículos tendrán que ser de servicio público y de la mejor calidad, contratar seguros adecuados y hacerles las suficientes revisiones técnico-mecánicas. Las empresas además deberán garantizar que sus conductores les den el mejor trato a sus pasajeros y que esos conductores gocen de plenos derechos en salud y pensiones. Un gana-gana. Como debe ser.
El proyecto de ley en trámite para primer debate, que nosotros no respaldamos, falla de entrada pues es para plataformas con carros de servicio particular, es decir, para “legalizar” la piratería de Uber, Beat, Cabify y DiDi, lo que además lo hace inconstitucional. Porque por Constitución no puede haber competencia desleal contra los taxis de servicio público ni prestarse el servicio público de transporte con carros particulares.
Para completar lo errado de ese proyecto, su artículo 11 es para hacer demagogia y engañar a los taxistas o nos costará a los colombianos –al Estado–, por indemnizaciones a los taxistas legales, entre 11,15 y 22,3 billones de pesos, según calculó la Superintendencia de Industria y Comercio. ¡Y esa montaña de plata para enriquecer más a Uber y a otras trasnacionales que vinieron a Colombia a violar la ley y a corromper al país!
Bogotá, 5 de abril de 2021.
