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El presidente Santos se la juega con el Cartel de las EPS, el verdadero Ministerio de la Salud

El presidente Santos se la juega con el Cartel de las EPS, el verdadero Ministerio de la Salud Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate a la ministra de Salud, plenaria del Senado, 22 de mayo de 2012. El TLC sí va a afectar la salud de los colombianos. A favor de las […]

Hace 7 años

El presidente Santos se la juega con el Cartel de las EPS, el verdadero Ministerio de la Salud

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate a la ministra de Salud, plenaria del Senado, 22 de mayo de 2012.

El TLC sí va a afectar la salud de los colombianos. A favor de las EPS se mueven poderosos intereses en el alto gobierno. El sistema de salud navega en un mar de pus. Superindustria sancionó a 14 EPS. En Colombia es más la gente que muere por la Ley 100 que la que muere por todas las violencias que desgraciadamente nos martirizan. El eje del debate: eliminar o no la intermediación financiera. La Ley 100, una ley, no para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de los colombianos. El verdadero Ministerio de Salud en Colombia es el Cartel de las EPS. Se mantendrá el aseguramiento. La Contraloría ha descubierto graves y numerosas irregularidades. Graves denuncias contra el exministro Santa María, el superintendente Conrado Gómez y los ministros de Hacienda y de Comercio Exterior. El caso del fiscal Montealegre. Coincidencias con muchos congresistas, la Corte Constitucional y las asociaciones médicas en lo que toca hacer. La voz discordante, la de la ministra de Salud.

Después de la intervención muy cuidadosa del presidente del Congreso, doctor Juan Manuel Corzo, voy a hacer un esfuerzo grande por sintetizar, señalando que en términos generales, él ha hecho una radiografía bastante completa del desastre de la salud.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que el TLC con Estados Unidos no tenía nada que ver con el problema de la salud, particularmente con los medicamentos, y no es así, sí tiene mucho que ver. El capítulo de propiedad intelectual del Tratado amenaza en materia sustancial la producción de medicamentos genéricos y afecta la salud de los colombianos. Pero además, el capítulo de inversiones, uno de los más nefastos del Tratado, contempla la llamada expropiación indirecta. Si una empresa norteamericana que opere en Colombia reduce sus utilidades en razón de alguna norma del gobierno nacional, puede demandar al Estado porque le está expropiando sus ganancias. Y tan no retórica es la norma, que en el año 2006, Afidro, la agremiación que representa a las trasnacionales de los medicamentos, le envió una carta al ministro de Comercio, Industria y Turismo y al ministro de la Protección Social, en la que afirma que “el proyecto de controlar los precios de los medicamentos -por entonces en trámite- podría tipificar una expropiación indirecta en los términos de los tratados de libre comercio”. ¡Una simple medida de control de precios podría ser demandada como una expropiación indirecta, un punto que va planteado en el Tratado de Libre Comercio! Sin duda que son bastante imaginativas estas trasnacionales.

Entrando ya en materia, enuncio lo que voy a plantear en el debate a lo largo de mi intervención. Señalaré primero que la crisis es conocida, conocidísima. Diría incluso que está sobrediagnosticada. Pienso también que las causas últimas también están básicamente clarificadas a lo largo de un debate que ya se acerca a los veinte años. Y lo tercero que llama mucho la atención y es el eje de mi intervención, y sobre lo cual al final voy a decir algunas cosas que podrán considerarse agrias, es un hecho no menos evidente. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, transcurridos dos años de su mandato, se niega a tomar las determinaciones para empezar a resolver el problema.

¿Por qué ni este gobierno ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, pero particularmente este, se han negado a tomarlas? Como lo voy a explicar, además de razones ideológicas con respecto a las concepciones del neoliberalismo y el libre comercio, aquí hay poderosísimos intereses económicos, no solo del mundo de las EPS, las grandes ganadoras del sistema contra un universo de perdedores, sino también de la cúpula del Estado, en el alto gobierno. Además de razones ideológicas, hay razones de conveniencia que hacen que el gobierno nacional no proceda en la dirección en la que a mi juicio debería proceder.

Voy a hacer un intento por sintetizar varias de las lacras que afectan al sistema de salud. Este es un sistema cuya corrupción es tal, que navega en un mar de pus. Es casi increíble la ingeniosidad con la cual algunos avivatos defraudan el erario en no sé cuántos puntos por donde se mueven los dineros del sistema.

Superintendencia ya sancionó a 14 EPS

Y una de las partes más cuestionables de ese comportamiento, que además de aprovecharse de la concepción neoliberal, asume actitudes francamente violatorias de las normas jurídicas, tiene que ver con la conducta de las EPS, que como ya he dicho, son las principales beneficiarias. Voy a repetir algunas de las denuncias que hice aquí hace un año. Señalé cómo había un informe, una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en esos días firmada por el doctor Márquez, que hoy ya ha tomado la determinación de sancionar con una multa de alrededor de 15 mil millones de pesos a Acemi, la agremiación de las principales EPS, y a 14 de ellas, por varios hechos que quiero reseñar sucintamente. Dice la Superintendencia que uno de los cargos que les tiene a estas instituciones es la formación del “cartel” de las EPS, la palabra no es mía, es de la Superintendencia, “para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores”, es decir, el cartel de las EPS se crea para engañar al Gobierno nacional y al país entero. Segundo asunto que señala la Superintendencia de Industria y Comercio: “Determinar uniformemente cuáles de ellos –o sea, de los servicios– serían suministrados a los afiliados y cuáles de ellos serían negados”. Todo, para no competir entre sí, lo que ya en Colombia constituye un delito, pero además calculado para negarles a los afiliados los derechos que les consagra el Plan Obligatorio de Salud, el llamado POS.

Dice también la Superintendencia de Industria para justificar la sanción: “Negar la prestación de servicios contemplados en el POS, a cargo de la UPC y recobrarlos ante el Fosyga, vía aprobación de tutela”. Esto es de una gravedad inaudita, negar la prestación de servicios que están en el POS, es decir, que ya se les pagaron a las EPS, de forma tal que esos servicios se recobren en el Fosyga, hecho que significa pagos adicionales, o, dicho de otra manera, cobrar dos veces por el mismo servicio. Se trata de conductas que violan el ordenamiento jurídico nacional.

Otro punto, aún más grave, porque significa una defraudación escandalosamente alta y continuada a lo largo de los años. Denuncia la Superintendencia: “Presionar al alza al valor de la UPC, con el propósito de demostrar que la misma es insuficiente, fijando así indirectamente el valor de la UPC”. Recordémosles a los colombianos. La UPC es la unidad de pago por capitación, es decir, lo que les transfiere el Gobierno nacional a las EPS, lo que les acepta que pueden gastarse por paciente. Y es la plata de la que salen las ganancias de las EPS. Luego, si se logra inflar su precio por encima de las verdaderas necesidades y si además se están ocultando los gastos o no se están haciendo como se debería, pues las ganancias de estas instituciones se disparan y particularmente se le hace al Estado una defraudación continuada y de proporciones realmente escandalosas.

La Superintendencia de Industria y Comercio hace otra serie de denuncias, pero pienso que con lo dicho hasta ahora ya se configura la gravedad del cartel de las EPS en hechos como este: los recobros al Fosyga, o sea, parte de esa plata que se pagó dos veces, no toda pero por lo menos una parte, pasó en el 2006 de 336 mil millones de pesos a cargo de este cartel a 1.8 billones de pesos en el 2009. Estos sí son negocios.

El otro hecho que hemos mencionado y se ha repetido hasta la saciedad son las denuncias de la Federación Médica Colombiana, señalando por ejemplo cómo, de manera fraudulenta, a partir de un medicamento llamado Rituximab, caso uno, hubo cobros que la Federación Médica considera absolutamente inaceptables por más de 70 mil millones de pesos, estoy redondeando las cifras para abreviar. Caso dos, cobros por 96 mil millones de pesos de supuestos medicamentos con valores unitarios de más de cien millones de pesos, donde el fraude es evidente porque no hay medicamentos tan caros. O el caso de cobrar antihemofílicos por más de 21 mil millones de pesos, que hacían parte del POS y que fueron trasladados al Fosyga. Son tres casos que ha denunciado la Federación Médica, con la advertencia de que los organismos competentes le enredan la información para que las investigaciones no se puedan hacer. Hubo otro caso escandaloso que denunciamos hace un año, tendiente también a inflar la UPC, y es el estudio de la Universidad Nacional de Colombia, en buena medida validado por estudios del propio Ministerio de Salud, según el cual las EPS del grupo Saludcoop, o sea Cafesalud, Saludcoop y Cruz Blanca, inflaron precios de medicamentos por 825 mil millones de pesos en un estudio para calcular el costo de la UPC. Si la pretensión hubiera tenido éxito, la UPC habría quedado inflada por los años y los años.

Hubo otro caso que mencionamos hace un año y que en este debate vamos a recordar más de una vez, que fue el intento de Saludcoop de apropiarse de 627 mil millones de pesos, pesos del 2008, de recursos parafiscales de los que no podía disponer a su arbitrio, como lo establecen claramente las leyes de la República y como lo ha señalado la Contraloría General de la República en más de una ocasión. 627 mil millones de pesos que intentaron echarse al bolsillo. Bueno, la mitad se la echaron, el problema es que los tienen que devolver. La otra mitad, los otros 300 mil millones de pesos, intentaron echárselos y no pudieron. Es un punto sobre el cual ha caído la Contraloría con todo rigor y seriedad y sobre el cual tenemos que caer los colombianos. Es que la plata de la salud, la que se les entrega a las EPS para que la administren, no es de las EPS ni es de libre destinación. Es un recurso parafiscal, claramente determinado como público y que tiene que distinguirse con toda precisión de los dineros que sí son de la EPS y sobre los cuales pueden ellas hacer ganancias. Pero inventarse el cuento de que se pueden echar al bolsillo los recursos de la salud, que dizque porque se los gastan en una clínica o en una sala de cirugía, es una tesis inaceptable, tesis que han venido defendiendo, como voy a explicarlo al final de mi intervención, personajes que no deberían estar en la dirección del Estado, porque estamos hablando de una defraudación demasiado grande de los recursos públicos.

Hay otros casos de sobreprecios de medicamentos que no voy a detallar, pero es bien conocido que en Colombia los medicamentos de las trasnacionales valen mucho más que en otros países donde sí hay un mínimo de controles. Las denuncias han sido abundantes de cómo se nos cobran los medicamentos a precios realmente escandalosos. Mencionemos también un hecho que nunca se debe dejar de denunciar, y es el maltrato a médicos y a enfermeras y a todos quienes trabajan allí, tercerizados, con contratos a término fijo, en condiciones salariales y prestacionales terriblemente malas, maltratados, a quienes en no pocas ocasiones ni siquiera les pagan sus acreencias salariales. El caso de Caprecom es escandaloso. Hay 457 trabajadores de planta y 8 mil tercerizados, y dicen que el presidente Santos hizo con el presidente Obama un acuerdo que dizque para que estas cosas no sucedieran. Acaban de echar a 400 trabajadores de Saludcoop, un verdadero despido colectivo, y por supuesto siempre tienen algún pretexto.

El sistema está al borde del colapso

Como si fuera poco, el sistema de salud está al borde del colapso y de seguir así, va a terminar colapsando. La irresponsabilidad del gobierno es grande. El 50 por ciento de los usuarios del sistema de salud están en EPS intervenidas, es decir, que no están siendo capaces de cumplir con mínimos indicadores financieros. Hay 16 EPS intervenidas y crecen sus deudas a los hospitales y clínicas, que tienen arrinconado y prácticamente en bancarrota el sector público, o lo que ha sobrevivido de él, porque ya es mucho lo que estas normas han arruinado. Las deudas de todo tipo, de EPS, de entes territoriales y del Fosyga, suman 3.7 billones de pesos, plata que, como no le llega a la red hospitalaria, tanto privada como pública, se convierte en mala atención para los pacientes y, lo peor de todo, en mala salud para los colombianos.

La famosa amplitud de la cobertura, sobre la que tanto se cacarea, resulta ser más de ficción que de realidad, porque a los usuarios, en la práctica, mediante distintos subterfugios, se les niegan los supuestos derechos que les conceden los carnets que les entregan. Hay barreras de acceso, entre ellas, la propia localización de las IPS. Además, son malos y escasos los medicamentos, las citas remotas no se pueden hacer porque parte del negocio es no hacerlas para mejorar las utilidades y se niegan los derechos del POS, como ya he mencionado, o sea, se pone en práctica todo un conjunto de maniobras, trapisondas, astucias, que al final lo que significan es que a los colombianos no los atienden como se debería.

Si alguien hiciera un estudio en Colombia, se demostraría, estoy seguro, que en Colombia es más la gente que muere por la Ley 100 que la que muere por todas las violencias que desgraciadamente nos martirizan. Los colombianos ya no se mueren del corazón ni de los riñones, los mata la Ley 100, los mata el POS del contributivo o del subsidiado, o la cita que no se hizo, el medicamento que no hay. Esa es la triste historia. Los colombianos se están enfermando y muriendo de males que la medicina del siglo XXI está en capacidad de tratar.

Es, digamos en resumen, el lío que tenemos. Empecemos a mirar las posiciones que se han venido fijando, o sea, qué está pensando el país o por lo menos fuentes autorizadas sobre lo que está pasando y sobre lo que se debe hacer. Voy a empezar por una fuente insospechada. La semana pasada o antepasada hubo audiencia sobre salud en la Corte Constitucional en cumplimiento de la famosa sentencia T-760 del 2008, que exige no seguir manteniendo esta situación. Voy a leer y me excusan que lo haga, pero hay cosas que hay que ponerlas es en los términos en las que las exponen sus autores. Qué dice la Corte Constitucional en un comunicado que expidió esa tarde: “Desde años atrás se ha constatado la situación lamentable de la salud en nuestro país, al parecer todo continúa igual y con tendencia a empeorarse”. Dice también que “al parecer de algunos, los capitales que circulan al interior de la estructura antes mencionada son suficientes”, y esto es importante. Somos muchos los que tenemos el convencimiento, lo dicen las cifras, de que la plata que hay en todo el sistema de salud tanto público como privado alcanzaría para prestar un buen servicio. No obstante, agrega la Corte, “la gran mayoría de dichos dineros está siendo dilapidada para fines totalmente ajenos al propósito para el cual fueron establecidos. Esta Corte evidencia que el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la debilidad manifiesta en el control estatal –lo del control es un chiste, aquí el Estado no controla nada, lo dijimos hace un año–, el inadecuado manejo administrativo por ineficiencia, son algunas de las causas generales que afectan los recursos de la salud”. Así mismo, sigue la Corte, “el cobro de comisiones para levantar las glosas, la presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, la falta de una base de datos unificada, el aumento doloso de los valores de los medicamentos y procedimientos que no están señalados en el POS, los recobros de insumos y medicina que nunca fueron utilizados o entregados a los pacientes, el pago de servicios no incluidos en el POS y supuestamente logrados por tutelas –que en realidad no se interpusieron, senadores–, el recobro por medicamentos e insumos de contrabando, son entre otras causas específicas del panorama oscuro ya señalado”.

Dice la Corte Constitucional que esto es peor que una cueva de Rolando, que hay una especie de actitud sistemática de violación del Código Penal, para no mencionar otras violaciones. Agrega la Corte: “Causa inmenso rechazo conocer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio los acuerdos llevados a cabo por las EPS del régimen contributivo”, o sea, a lo que yo me acabo de referir del famoso Cartel de las EPS.

El eje del debate

Por tal razón, va concluyendo la Corte, ojo con la conclusión, “el Estado debe reflexionar seriamente sobre la necesidad de que entidades privadas en su calidad de intermediarios hagan parte del sistema de salud”. Cascabel puesto al gato. Se pregunta la Corte Constitucional, ¿son necesarias las entidades privadas intermediando los recursos de la salud? Tiemblan los gatos, pero es la pregunta que se hace la Corte Constitucional. “El sistema de salud –agrega la Corte– pareciera colapsar en detrimento de derechos fundamentales”. “Ello hace imperioso –concluye la Corte– que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud”. Este es el debate. El debate es si aquí se van a seguir poniendo pañitos de agua tibia para que siga el negocito, para que siga sonando la registradora del aseguramiento de las EPS y del capital financiero, o si se van a tomar ideas inspiradas en regímenes de salud como el canadiense o el inglés o el danés o el de Corea del Sur o el alemán, que no tienen este tipo de intermediarios administrando los recursos de la salud.

¿Qué dicen los médicos? En agosto del año pasado, el presidente Santos, a quien no se le deben negar ciertas habilidades, logró hacer una reunión importante con distinguidos voceros del sector de la salud y salió en la televisión con los médicos, como había salido también hace un año, cuando íbamos a hacer este mismo debate, y dijo que todo se iba a arreglar y que todo estaba de maravillas. Y le dieron una presentación a la que me referiré luego. Bueno, acaba de decir el doctor Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas de Medicina, uno de los que estuvieron presentes en esa reunión, dice: “No nos cumplió el señor presidente. Y no le cumplió al país, que es mucho más grave”, agrega el galeno.

Y en estos días, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano y Asmedas, es decir, prácticamente todas las organizaciones médicas de Colombia, le enviaron una carta al Jefe del Estado diciéndole, primero, respaldamos las conclusiones de la Corte Constitucional que acabo de leer hace un momento, y agregan de su cosecha: “Esto deja claro señor Presidente que tal y como el cuerpo médico lo ha venido manifestando desde hace más de una década, mientras no se haga una revisión de fondo de la estructura del sistema, se mantendrá el círculo vicioso de una serie de gravísimos problemas”. Y siguen dando argumentos.

“Mientras no se haga una revisión a fondo de la estructura del sistema –dicen los médicos– se mantendrá el círculo vicioso de una serie de gravísimos problemas, que atentan directa y consistentemente contra el bienestar de la población, que es su fin último”. “La salud de los colombianos merece y necesita otro norte, otro norte, fundamentado en el cumplimiento pleno del precepto de la salud como un derecho. Esto riñe con la concepción rentista y la costosa y peligrosa intermediación –la carta se está refiriendo a las EPS, y agregan–: se necesita rediseñar la estructura y cambiar los procedimientos”, etc., etc. Otros que le ponen el cascabel al gato. Este es el debate en el que estamos. Lo que yo voy a mostrar es cómo el presidente de la República no le hace caso a este tipo de recomendaciones que son obvias, y no le hace caso porque hay unos intereses vitandos, tanto del lado de las EPS como en la cúpula del Estado, que les aconsejan, no solo por motivos ideológicos, sino también por razones pecuniarias, mantener este inicuo estado de cosas.

Cuando las cartas estallan, cosa que no debe sorprendernos, señora ministra de Salud, entonces aguacero de medidas en los últimos ocho días. Que van a unificar el POS del sistema contributivo y el subsidiado, y no me voy a detener sobre el tema, pero sí simplemente hago una glosa, porque lo que nos han dicho es que la unificación va a funcionar sobre la base de que el POS del subsidiado será de 430 mil pesos per cápita y el del contributivo de 568 mil. Algo no cuadra. O no los van a unificar o los van a unificar de mentiras o van a quebrar a las pobres de las EPS, a las que las pondrán a hacer cosas que no están en capacidad de financiar. No deja de ser curioso que eso estalle preciso en estos días en que el debate se ha vuelto a calentar.

Y hoy nos dice El Espectador que viene un Conpes sobre medicamentos, que por fin supuestamente va a arreglar un problema que además de ser horroroso, es realmente escandaloso, como sucede con los medicamentos. Llevamos años y años y años oyendo hablar de los problemas y nada se resuelve, pero hoy ya salen prometiendo soluciones. Tengo que decir que soy muy incrédulo, porque sigue el problema de fondo y no se toca el almendrón, que es la propia presencia de las EPS.

Ya el presidente del Senado, doctor Corzo, explicó cómo hay plata de sobra. Estamos hablando de que los solos recursos públicos involucrados en todo el sistema subsidiado, contributivo, vinculados, especiales, etc., suman 28 billones de pesos al año, fuera de lo que pagamos los colombianos en salud como gastos de bolsillo. Y suceden hechos tan aberrantes como el siguiente, que hacía días no se mencionaba. De plata de la salud, tiene el Estado colombiano 5.7 billones de pesos en títulos de tesorería, en el mismo momento en que las clínicas y los hospitales no reciben los recursos suficientes, en el mismo momento en que los colombianos se mueren por falta de atención.

La Ley 100, una ley para el negocio financiero

Es un debate de 20 años, senadores y colombianos, lo recordaba en estos días el presidente de la República, y tiene razón. Es un debate viejo relacionado estrechamente con la propia creación de la Ley 100. Veinte años llevamos aquí unos diciendo, el sistema no funciona, es una mala idea, imitaron en gran parte el sistema norteamericano de salud, el peor de todos los países desarrollados, por qué no se inspiran en otro, árbol que nace torcido no se endereza jamás y años y años discutiendo, y el gobierno diciendo no, falta este pañito de agua tibia, esta curita aquí, pongámosle una gasita, denle una aspirinita, y hay miles de normas sobre salud, y dos leyes más y no ha habido parchecito que no le pongan, y miren cómo estamos.

Por qué no funciona. La explicación es simple, la Ley 100, la madre de las normas, no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio financiero, para el negocio del aseguramiento de las EPS, con la salud de los colombianos. Son dos cosas completamente distintas. Lo que tiene que mirar el gerente de la EPS al final del año no es cuánta gente curó, no fue si mejoraron o no los indicadores de salud, sino cuánta plata dio el negocio, cuánto sonó la registradora, como dicen los comerciantes. Si hubo ganancias, si creció el patrimonio de la EPS, viento en popa. Si no, no están funcionando las cosas.

No voy a afirmar de manera absoluta que las EPS no curen. Sí, de pronto curan y a veces curan, pero ese no es el propósito. El propósito es el negocio. Detallemos un poco, porque es importante que los colombianos lo entiendan. La situación es muy grave y el sistema puede colapsar si la crisis económica que merodea por el mundo le pega duro a Colombia, como le debe pegar. El sistema puede colapsar si crecen los índices de desempleo y empobrecimiento de los colombianos.

Todo sistema de salud, el que se inspira en el de Alemania o en el de Inglaterra, los otros dos grandes sistemas de salud, además del que se tiene aquí, tiene que gastar plata en: 1. Medicamentos. 2. Médicos y demás trabajadores de la salud. 3. Procedimientos, quirúrgicos, diagnósticos, etc. 4. Administración. Todo sistema de salud del mundo necesita gastar en gerentes, secretarias, contadores, porteros, etc.

¿Qué es lo nuevo y perverso que tiene el sistema colombiano de salud en la misma lógica del norteamericano, que, repito, es el peor de todos los de los países desarrollados? Que aquí se inventaron un quinto gasto, las ganancias de las EPS, tanto legales como ilegales, y las ilegales vienen creciendo, como lo ha establecido la Contraloría General de la República, sobre la base de apropiarse de los recursos parafiscales, a mi juicio, de manera dolosa.

El verdadero Ministerio de Salud es el Cartel de las EPS

La plata de las ganancias, legales o ilegales, es entonces plata que se sustrae del sistema, plata que no les llega a los pacientes en medicinas, en procedimientos, en médicos, y no les llega, así de simple, porque se la embolsillan, sacándola como un quinto costo, lesionando en materia gravísima el funcionamiento del sistema, pero más grave aún, poniéndole su impronta. El verdadero Ministerio de Salud en Colombia es el Cartel de las EPS, lo afirmo de manera absolutamente categórica. El gobierno no mueve un dedo sin consultarles a las EPS y lo único que importa siempre en cada decisión es cómo les va financieramente a las EPS, cuánto van a ganarse.

Con la nueva lógica funciona incluso la Ley 142 de servicios públicos, solo que aquí está en juego la vida y la muerte de millones y millones de personas. El sistema ha sido tan perverso que funciona hoy sobre la idea de que define un precio de la UPC de 550 mil pesos en el contributivo, y está claro que lo que no se gasten las EPS de esos 550 mil pesos se vuelve ganancia lícita. Pero además se inventaron el subterfugio de apropiarse de los recursos parafiscales. Esta es la triste historia. ¿Y cuál es la posición del presidente Santos? Hay que reconocerle al doctor Santos que es bueno haciendo frases. Se sabe las palabras que son medio mágicas, que suenan bien y que llevan a la gente a sacar conclusiones o a pensar que él dijo lo que no dijo. Ustedes se acordarán de que hace un año, la víspera del debate de salud, el presidente Santos se apareció ante el país y planteó la revolución del sistema de salud.

“Queremos hoy –dijo hace un año– anunciar un golpe a la corrupción (…) escogimos el sector salud, donde sabíamos (…) está incrustada una verdadera mafia que se estaba robando los recursos de los colombianos. (…) Hemos descubierto desfalcos monumentales, una defraudación no de miles de millones de pesos sino de billones (…). Ya sabemos ya de muchas modalidades (…) que se están utilizando para defraudar y para robarse la plata de la salud de los colombianos. Seremos implacables, compatriotas, y sabemos esto va a llegar muy lejos”. Y claro, los colombianos alborozados dijeron, caramba, por fin, lo que estábamos esperando desde hace 20 años. Bueno, ha pasado un año ¿y qué? Yo les pregunto a ustedes y a los colombianos ¿qué ha sucedido? ¿Alguien puede en defensa del gobierno decir que lo prometido sí ha sucedido?

Voy a explicar también cómo, exceptuando la Contraloría General de la República, los organismos que deberían velar porque estas cosas no sucedan, no lo hacen. Y es parte del debate que estamos haciendo aquí esta noche. ¿Va a intervenir todo el Estado colombiano para perseguir a quienes se robaron billones de pesos, como lo prometió el presidente de la República? ¿O simplemente se va a fritar a dos o tres pececitos de cuarta categoría, a los que les harán alguna fiesta el día en que los libren?

Santos: “Se mantiene el aseguramiento”

Después, en agosto 12 del año pasado, el presidente Santos se nos volvió a aparecer en la televisión con parte de los dirigentes del cuerpo médico y dijo: “La salud no se puede enfocar como un negocio, es un servicio social y un derecho del que disfrutan los colombianos. (..) Vamos a aprobar un plan universal de beneficios, un plan equitativo del que no se va a excluir ninguna patología”, etc., etc., etc. De tal manera presentó la noticia la televisión, digamos, desarrollando la lógica del presidente, que, tengo que confesarles, yo llamé a Sergio Isaza, el presidente de la Federación Médica y le dije, ole, Sergio, qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo Santos, pues le entendí en la televisión que va a haber un cambio profundo. Sergio con sensatez me dijo, no, mire con despacio. Y efectivamente, me senté y bajé de la página de la Presidencia el texto completo de lo que dijeron el presidente y Santa María y entonces advertí que eran cuentos, palabras bonitas, porque el doctor Santos empezó diciendo: se mantiene el aseguramiento. Es la palabra mágica en el sentido perverso de esta historia, o sea, se mantienen las EPS y el negocio de la salud. Y para acabar de completar y para dejar en claro que sí era así, lo explicaba algún distinguido profesor neoliberal en estos días, les puso a las EPS como vigilancia la Superintendencia Financiera, o sea, controles de qué, no del Ministerio de Salud, porque los de la Superintendencia de Salud, como vamos a verlo, brillan por su ausencia, sino controles de banqueros. Desde ahora son los banqueros los que deben velar por la salud de los colombianos. Digamos con franqueza que antes no se muere más gente, estando hoy la salud de todos los colombianos en manos de los banqueros nacionales y extranjeros.

Irregularidades por 1,2 billones encontradas por la Contraloría

La Contraloría General de la República ha venido haciendo un trabajo sistemático y valeroso, hay que reconocerlo aquí con todas las letras, y ha avanzado bastante. Tiene, digamos, cargos, en el caso de Saludcoop, contra un exministro y tres exsuperintendentes de salud por 1,69 billones de pesos. En el caso de Famisanar-EPS y Cafam, por 4.649 millones de pesos, a 18 EPS, un exministro y tres exfuncionarios del Ministerio de la Protección Social, por otros 75 mil millones de pesos, a 41 EPS y al Fosyga por 22 mil millones, a un médico, un exministro y exsuperintendente de salud, por 5.435 millones.

Otra vez a 20 EPS, por 1.657 millones de pesos, a 55 EPS, dos exministros, un directivo del Mincomercio, por 37 mil millones de pesos, a seis EPS y al Fosyga otra plata, en suma, 1.2 billones de pesos. Es decir, la Contraloría General de la República ha encontrado irregularidades graves y está ejerciendo el control que le corresponde. La pregunta es ¿y los demás? Los otros entes de control ¿en qué andan? Y la doctora Sandra Morelli, también de manera valerosa, les ha puesto el cascabel a los gatos, ha dicho, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Grave preocupación tiene la contralora con respecto a la actuación de la Superintendencia de Salud con respecto a la probable devolución de Saludcoop. Ella seguramente va a explicar en detalle las preocupaciones que le asisten en este caso. Ha señalado también que la situación de la Fiscalía en el caso de la salud es crítica. Ha señalado que los argumentos que esgrimen los funcionarios de la Fiscalía en estos casos son los mismos que aducen los abogados del Cartel de las EPS. Son palabras mayores. Que un ente de control se mueva en la dirección correcta y otros entes de control se dediquen como a ponerle palos a la rueda, es algo bastante llamativo y hasta curioso, pero que está sucediendo, senadores y colombianos, y que está denunciando, repito, con todo valor civil la doctora Sandra Morelli, contralora general de la República. Y hago una advertencia, el Polo no votó por ella para contralora, pero tenemos que reconocer que en este caso ha venido actuando como debe ser.

A continuación voy a hacer unas denuncias que preferiría no tener que hacer, pero bueno, alguien las tiene que decir, senadores y colombianos. Aquí hay un debate ideológico que puede ser el más respetable que ustedes quieran en el mundo de las concepciones. Se discute si la salud es un derecho o un negocio, si el modelo de libre comercio del neoliberalismo es bueno, regular o malo y hay distintos puntos de vista. Pero aquí hay también, además de debates ideológicos y teóricos, intereses particulares, no solo del mundo de las EPS, sino intereses particulares de altos funcionarios de este gobierno. Y los voy a mencionar con nombre propio.

Señalo primero el caso del exministro Santa María, viejo cuadro de Fedesarrollo, organización que en Colombia tiene como uno de sus propósitos fundamentales crear el terreno ideológico y político y conceptual para los grandes negocios del capital financiero y de las trasnacionales. El exministro Santa María escribió un libro, un ladrillote así, para demostrar las maravillas del mundo de las EPS y de que esto sea un negocio del aseguramiento privado. El exministro Santa María afirma que “la noción del aseguramiento en salud es buena y deseada”, la Biblia. Esta es la clave, la llave de todo este pleito, y ha actuado en consecuencia en todo el tiempo en que estuvo al frente. Hizo aprobar la Ley 1438, que apuntala el aseguramiento. Ha sido defensor de la integración vertical, uno de los negocios más apetitosos y más corruptos de este negocio del aseguramiento y que se utiliza incluso para desplumar a las EPS, porque puede suceder que el negocio de un directivo de una IPS sea desplumar a la propia EPS porque es dueño de alguna IPS del sistema de salud que funciona en la integración integral. Hasta allá están llegando las perversiones. En el debate de hace un año dejó claro aquí que todo podía eliminarse, menos el aseguramiento y la vigencia de las EPS.

La ministra Beatriz Londoño, cuadro ya veterano en estos asuntos y con una larga carrera, ha estado defendiendo la misma idea todo el tiempo, y Acemi, a través del doctor Jaime Arias, exministro de salud y hoy directivo de Acemi, celebró en Caracol el nombramiento de la doctora Londoño como nueva ministra. Dice el doctor Arias que ellos “se sienten confiados por el recorrido que ha hecho la funcionaria y por los resultados que ha exhibido. Fue una excelente secretaria de Salud, ha estado en juntas directivas del sector de la salud y ahora en el Ministerio acompañó al ministro Santamaría”. Y dice Arias, “nos brinda tranquilidad” todo lo que la ministra hace.

Y sin duda que es un cuadro con merecido. Inclusive en este momento se está planteando un debate bien importante, porque después de muchas luchas y presiones de la gente más interesada en estos temas, por fin se aceptó que había que hacer algo en serio y en grande sobre atención primaria en salud, vacunación, prevención y enfermedades digamos de primer nivel, un asunto tan clave, que sin fortalecerlo no puede haber un buen sistema de salud y ha sido descuidado a lo largo de muchos años. Bueno, por fin el Gobierno tomó la decisión de hacerlo. Y en una tarea que debía desarrollar el sistema hospitalario nacional, incluso contratando, si era el caso, con las IPS privadas, también se buscó a las EPS para que manejaran el negocio.

Hoy en día no se puede mover en Colombia ni un centavo del sistema de salud que no le pague peaje al sector del aseguramiento, inclusive en casos en los que manifiestamente no es necesaria su presencia. Una EPS es un estorbo para hacer la atención primaria en salud y, sin embargo, se cumple la receta del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Consenso de Washington.

Tenemos el caso del doctor Conrado Adolfo Gómez, de Supersalud. Fue o es, no tengo la certeza, accionista de alguna empresa de negocios de la salud, accionista también a su vez de una EPS que no fue exitosa, pero ahí estuvo. Es además hermano de Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro, la asociación de las trasnacionales de los medicamentos, muy comprometida en todos estos dramas. Y toma una decisión el doctor Conrado Gómez que en otro país le hubiera costado el puesto de manera automática, y es que el Supersalud del gobierno anterior le cayó a Saludcoop por los famosos 600 mil millones de recursos parafiscales de la UPC, de los que ya se habían echado la mitad al bolsillo. Pues ese Supersalud, el anterior, le cae a Saludcoop y le dice, ustedes tienen que devolver la plata que se tomaron y no se pueden tomar una nueva. Y el doctor Conrado Gómez cambia la política de la Supersalud y se embarca en la idea de permitirle a Saludcoop que hiciera dicha operación, a mi juicio absolutamente fraudulenta.

Y se montó en una conciliación que tampoco cabía, dicen los abogados. Logró que la propia Procuraduría le diera el pase. Aquí se hizo el debate y varios colombianos empezaron a mirar el asunto, hasta que finalmente cayó también la Contraloría cuando solo faltaba que la aprobara el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la Contraloría argumenta, con toda razón, que la conciliación no cabe. Afortunadamente, el negocio se hundió, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no le dio la razón al doctor Gómez. Dejémoslo de momento como un error, pero qué gravedad de error. Estamos hablando de 600 mil millones de pesos, en pesos del 2008, y este es el superintendente encargado dizque de protegernos a todos los colombianos en lo que tiene que ver con el funcionamiento del negocio de la salud, control que, como todos sabemos, cualquier cosa será menos eficaz. Basta con ver lo que está sucediendo para saber que esa Superintendencia no funciona, o por lo menos no funciona para el objeto con que supuestamente fue creada.

El otro caso que vale la pena mencionar aquí es el del doctor Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda. Ustedes se acuerdan de que hubo un pequeño escándalo hace un año, cuando se tramitaba la Ley 1438, porque el ministro jugó un papel activo para que la norma saliera como salió, en beneficio de las EPS. Por esos mismos días Noticias UNO, si no estoy mal, denunció que el doctor Juan Carlos Echeverry había hecho un contrato con Saludcoop, por el que le pagaron 97 milloncitos de pesos, para defender nada menos que la integración vertical, justamente uno de los debates que se desarrollaba en torno a la Ley 1438. Recordemos que la integración vertical, una de las joyas más preciadas de las EPS, alcanzó a estar hundida y al final el ministro y los ponentes lograron salvarla. Entonces ahí aparece el doctor Juan Carlos Echeverry con su empresa E-Concep, en el negocio de la salud, ya no en la actividad del profesor universitario, sino en la del negocio de la salud. Y me acaban de confirmar algo que yo sabía y no había podido comprobar y es que en el 2007 también el doctor Juan Carlos Echeverry hizo un contrato con Afidro, la agremiación de las trasnacionales de los medicamentos. Se ganó ahí también sus buenos pesos para demostrar supuestamente que si se controlaban los precios de los medicamentos, era algo así como el fin del mundo occidental, porque ustedes saben que el doctor Juan Carlos Echeverry no es propiamente por lo modesto que se caracterice a la hora de defender sus puntos de vista. Hoy lo vimos en Semana insistiendo en que sus trabajos para Saludcoop son un ejemplo mundial, y yo no dudo, son un ejemplo mundial para todos los banqueros de la tierra, porque bien les sirven a ellos.

No puedo dejar de pensar en las hazañas de unos ministros que se presentan ante el país como académicos y tampoco puedo dejar de recordar el famoso video que circula por Internet y que ojalá hayamos visto todos, Inside Job (“Trabajo confidencial”), el caso de la bancarrota de las hipotecas sub prime en Estados Unidos. El documental explica cómo hay una puerta giratoria del mundo de la academia al mundo de los grandes negocios del capital financiero.

El otro caso que debo mencionar es el de la señora esposa del doctor Sergio Diazgranados, ministro de Comercio Exterior, la doctora Paola Vergara. Lo que se sabe es que hasta septiembre del 2011, o sea, hasta después de posesionado su señor esposo como ministro, ella estaba en la nómina de Saludcoop, una EPS de poca grata recordación en este país. En septiembre salió de la nómina, pero cuenta Daniel Coronel, después de una investigación exhaustiva, que ella terminó contratada como asesora de IAC Jurisalud consultores, parte del grupo Saludcoop, en un contrato de 147 millones de pesos. Añade Coronel que una de las tareas que debía desarrollar la doctora Paola Vergara era, según el contrato, “alertar al grupo Saludcoop sobre posibles puntos del articulado que puedan afectar de una u otra forma a la empresa y mantener informada a la presidencia del grupo Saludcoop, de los avances en el tema”. Y es obvio que se estaba refiriendo a las modificaciones legales que en ese momento estaba teniendo el sistema de salud.

Hablo ahora del caso del doctor Germán Vargas Lleras, de él en persona no, sino de su hermano, el doctor Enrique Vargas Lleras, que ha sido miembro de la junta directiva de Saludcoop prepagada, tuvo asesorías en Saludcoop del orden de 1.200 millones de pesos y fue el apoderado del doctor Carlos Palacino en el pleito del famoso Cartel de la salud en el caso denunciado y sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio. El caso está en apelación, pero sancionado.

En resumen, las proximidades de altos funcionarios del actual gobierno con el negocio de la salud son evidentes. No he hecho una investigación exhaustiva, no tengo alma de detective, pero falta ver, si siguiéramos investigando, cuántas liebres más no saltarían.

El caso del fiscal Montealegre

Hay una última liebre que quiero mencionar, porque es tipo chigüiro en la escala zoológica, y es el caso del señor fiscal general, el doctor Eduardo Montealegre.

Como abogado penalista que es, el doctor Montealegre, alguien bien cercano a la Presidencia de la República, tenía, al momento de ser nombrado, contratos con la Presidencia y con la Cancillería por 1.200 millones de pesos. En 2006 tuvo además contratos con Saludcoop por 616 millones de pesos, en 2007 por 1.208 millones de pesos, en 2008 por 703 millones de pesos, estoy redondeando las cifras, en 2009 por 1.893 millones de pesos, en 2010 por 232 millones de pesos y en 2011 por 300 millones de pesos. Suma total, 4.953 millones de pesos, en contratos del doctor Montealegre con Saludcoop. Es además, lo reconoce él mismo, amigo personal del doctor Carlos Palacino y disfruta de una casa de veraneo allá en Villa Valeria, en los Llanos Orientales, donde se relaciona con sus amigos.

Y a sabiendas de que ello era así, el presidente de la República lo pone en una terna que era a mi juicio una terna de uno, porque era evidente que quien iba a ser escogido era el doctor Montealegre. Entonces yo me hago una pregunta: entre todos los abogados que hay en Colombia, que deben de ser millones, muchos de ellos afectos al presidente Santos, ¿Montealegre era el único que podía estar en esa terna? Porque el hecho puede no ser ilegal, pero aquí volvemos a un debate viejo: ¿todo lo que es legal es permisible? ¿Todo lo que no viola el Código es aceptable? Y ojo, entre los distintos pleitos que ha llevado el doctor Montealegre en el caso de Saludcoop, hay dos que nos tienen que interesar particularmente: uno, la defensa de Saludcoop en el caso de los 600 mil millones de pesos de recursos parafiscales, y él defendiendo la tesis de que no eran dineros públicos, o bueno, alguna argucia de abogado, no soy abogado, podría de pronto haber alegado que sí eran públicos pero que sí se los podía embolsillar. Y el otro pleito, el relacionado con la defensa de la integración vertical, el otro almendrón clave de los negocios de las EPS, en particular, de EPS cooperativas, como es el caso de Saludcoop, entre otras muchas, que se prestan bien para que las IPS adscritas a un determinado grupo empresarial desplumen a la EPS en beneficio de los particulares socios de esta.

Cuando uno mira lo anterior, empieza a entender que el Gobierno nacional está jugado del lado del Cartel de las EPS y que muchos de sus altos funcionarios están en el negocio, no solo por razones ideológicas, sino también por razones de conveniencia pecuniaria. Pero fíjense ustedes, estas cosas tienen sus complicaciones. El doctor Montealegre es nada menos que el fiscal general de la Nación, y ya hemos visto lo que está denunciando la Contraloría y a lo que hay que echarle ojo. En la audiencia pública de la semana pasada o antepasada en la Corte Constitucional, el doctor Montealegre, después que ya la doctora Morelli había hablado y se había ido, hace una intervención, en un lenguaje tal, arguyendo que todo está confuso y haciendo un pequeño enredo sobre los recursos públicos y los no públicos, o sea, sobre los recursos parafiscales, el tema de la plata que no se pueden embolsillar las EPS y que es el eje de su enriquecimiento. Cómo sería la intervención del doctor Montealegre, que el magistrado de la Corte Constitucional, doctor Jorge Iván Palacio, le preguntó si él creía que los recursos de la salud en Colombia no eran públicos.

Es el otro debate de fondo. El Estado colombiano pone más de 20 billones de pesos para que sean administrados por las EPS y aquí se ha ido armando una discusión, a mi juicio absolutamente sesgada y que no resiste análisis jurídico, para poner en duda si son o no recursos públicos, porque si resulta que no lo son, se los pueden embolsillar impunemente los privados, y ya ni siquiera, como alguien me lo explicaba hace unos días, al final del periodo, como lo que sobre del gasto de la UPC, sino que ahora se los empiezan a embolsillar desde enero. Y con ellos empiezan a financiar operaciones como la construcción de clínicas y otro tipo de cosas. Y ese es el fiscal general de la Nación. Estamos mal, senadores y colombianos, sin duda que estamos mal en este país.

Estoy convencido de que en Colombia sobran las EPS por lo que ya expliqué. No existen en Canadá, no existen en Inglaterra, no existen en Alemania. Tiene que haber administración, pero no un parásito embolsillándose la plata de la salud tras la disculpa de la administración. Es que a ellas les pagamos la administración más las ganancias. Al doctor Palacino se le pagaba un alto sueldo como gerente o presidente de Saludcoop y además Saludcoop hacía ganancias, o sea, les pagamos dos veces sus servicios por una plata que les pone el Estado colombiano, el pueblo de Colombia, no ellos.

Acabar con las EPS sería el inicio de la solución a los problemas de la salud. No solo eso hay que hacer, pero ya no tengo el tiempo para detenerme en las explicaciones. Hay que mirar qué se hace con los controles a los medicamentos. Hay que inventarse una manera distinta de administrar los recursos de la salud, encontrar, como decían nuestras abuelas, el hilo que desenreda el ovillo. Uno jala de ese hilo y se empieza a despejar el embrollo, porque empieza a quedar claro que no puede haber ganancia e intermediación financiera con el pretexto de administrar los recursos de la salud.

Cuatro cosas que no he dicho

Como ya me imagino a mis adversarios inventándose que yo dije lo que no he dicho, porque así se hacen los debates políticos en Colombia, en los que uno se la pasa la mitad del debate diciendo, no, señores, yo nunca dije eso, voy a enumerar por lo menos cuatro cosas que no he dicho para que ojalá no salgan a bailar a continuación.

No he dicho que haya que regresar al sistema que había antes de la Ley 100. No he dicho eso ni lo voy a decir. Les pido entonces el favor de que no me pongan la discusión ahí. Lo que había ya está superado y habrá que inventarse algo nuevo.

Dos, no estoy hablando de estatizar el sector ni estoy diciendo que haya que desaparecer la actividad privada. El sector necesita de clínicas y hospitales públicos y necesita de clínicas y hospitales privados que funcionen de una manera sensata, con una coordinación, donde se reconozcan los aportes de cada quien, pero donde el objetivo cardinal sea la salud de los colombianos. No he dicho entonces, repito, que haya que estatizar el sector.

Tercero, tampoco he dicho que haya que cambiar el sistema de un día para otro. No. A pasar de este adefesio, el cambio debe hacerse pensando en las verdaderas necesidades de los colombianos y por lo tanto exige un periodo de transición, pensando muy bien cada paso, porque está claro que no puede desaparecer el servicio ni un solo día. Es decir, no es que se cierre lo que hay y dentro de un año vuelvan y les tenemos una solución mágica.

Tampoco he dicho que el cambio debe generar despidos masivos. Lo que estoy proponiendo no es contra los trabajadores de las EPS. Ya he dicho todo el tiempo que administración se necesita. Gerentes, incluso bien pagos mientras sean buenos, esa no es mi discusión. Y secretarias y almacenistas y porteros y de todo.

Lo que tienen hacer es lo sensato y que, repito, no es un invento del Polo ni del senador Robledo, sino lo que se hace en muchos países de la Tierra. Está circulando en este momento la revista Deslinde, en la que un especialista explica cuáles son los distintos sistemas de salud existentes en el mundo. No estamos inventando la bicicleta. Hay fuentes de inspiración de sobra para hacer una reforma sensata que atienda las necesidades del país, así se perturben unos cuantos aseguradores, unos cuantos banqueros.

¿Cuál es el gran obstáculo? Lo que pasa es que lograrlo es difícil, porque el presidente Santos no está por la solución, los ministros no están por la solución, como tampoco los partidos de la coalición santista, así haya voces discordantes muy respetables. Aquí vamos a oír esta noche a la ministra de Salud aduciendo que todo puede cambiar menos el aseguramiento. Luego, lograr lo que tantas personas están ahora proponiendo exige una lucha social grande. Entonces, un llamado muy cariñoso a los médicos y a las enfermeras y a la gente de salud: el sistema podrá cambiar si ellos se deciden a cambiarlo. Solo lo conseguiremos si somos capaces de adelantar una inmensa movilización democrática, civil, civilizada, parecida a la que se hizo en el último año del pasado gobierno, cuando el presidente Uribe intentó imponer una reforma regresiva y el cuerpo médico colombiano y las enfermeras salieron y dijeron no la aceptamos y Uribe no la pudo imponer.

Una unidad organizativa. Hay que unificar con un programa común, mínimo, a los distintos sectores que se preocupan por la salud, un programa que piense en la salud como un derecho para atender las necesidades de los colombianos, un programa que permita sentarse de igual a igual con el gobierno, porque parte del problema que hay es la actitud del presidente Santos frente a los reclamos del cuerpo médico y de la Corte Constitucional, una actitud de olímpico desdén. No los considera, no los tiene en cuenta para nada, y si no es posible sentarse con el Jefe del Estado a acordar una agenda y a discutir cambios profundos, todo va a seguir igual y cada seis meses se van a inventar algún pequeño maquillaje que, como en la historia del Gatopardo, conduzca a que todo siga igual, que es seguramente lo que vamos a oír a continuación aquí por parte de la ministra de salud. Cómo exagerar dos o tres retoques, tres o cuatro pañitos de agua tibia, a fin de presentarlos como si fueran alta cirugía.

Termino llamando a todos los colombianos, a los de todos los sectores políticos, polistas y no polistas, a que entendamos la gravedad de lo que está pasando. Este sistema no da más. Son 20 años de ensayar y de ensayar y de ensayar. Y hoy, salvo al Cartel de las EPS, a nadie le ha ido de verdad bien con él. Llegó entonces la hora de cambiar.

Réplica a la intervención de la ministra

Es probable que quienes nos oyeron ayer nos vuelvan a oír hoy. Aun así, me va a tocar repetir algo de lo que dije, pero para darle respuesta a la intervención del doctor Jaime Arias, presidente de Acemi, la organización que agrupa las catorce principales EPS del contributivo, aun cuando a alguna, la mayor, la hayan retirado hace unos días. Empiezo aclarando que el que utiliza la palabra “cartel” para referirse a Acemi y a las catorce EPS es la Superintendencia de Industria y Comercio, en una investigación que concluye con una sanción de 15.000 millones de pesos. Cartel, en el diccionario, se refiere a un grupo de empresas que se coluden para, de una u otra manera, desplumar a sus clientes mediante prácticas legales o ilegales. Y eso es precisamente lo que encuentra la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea que la palabra cartel le cabe de manera precisa.

Leí el estudio con todo cuidado, ayer lo mencioné y lo voy a repetir de manera sucinta. Lo que dice la Superintendencia es que se coludieron “para ocultar y falsear información”, “para ponerse de acuerdo en qué servicios les otorgaban y qué servicios les negaban a los usuarios”, a pesar de que hay un POS que establece qué es lo que tienen que entregarles a quienes ellos consideran sus clientes, en este caso los colombianos y sus pacientes. “Para negar derechos e imponer tutelas”, para generar recobros en el Fosyga de manera tal de “obtener ingresos adicionales”. Esto en buen romance quiere decir cobrar dos veces por el mismo servicio.

Estamos hablando de hechos de extrema gravedad, por muy cuello blanco y refinadísimas corbatas que utilicen los directivos del cartel de las EPS, hechos que no puedo permitir que se pasen aquí como un asunto de menor cuantía. Y se coludieron además “para inflar el precio de la UPC”. Nadie sabe cuánto puede valer en defraudación del patrimonio público, en inflar los verdaderos costos de la salud para embolsillarse la diferencia. La Contraloría ha hecho un trabajo minucioso para señalar cómo han asaltado el erario mediante subterfugios jurídicos contratando abogados carísimos para echarse al bolsillo los recursos parafiscales que, como se sabe, no pueden ser convertidos en utilidades por las EPS ni por nadie. No lo pueden hacer ni en la Federación de Cafeteros ni en la de Ganaderos ni en ninguna parte. Aquí no estamos hablando de asuntos menores ni es que haya por parte mía una actitud de incomprensión ni que les tengamos tirria. No, han sucedido hechos gravísimos y vamos a ver qué evolución tienen en los estrados judiciales.

Resumamos. Lo primero, me complace encontrar una coincidencia inmensa en el Congreso de la República, en lo que siento como un repudio generalizado a todo tipo de prácticas repudiables. Una corrupción que apesta, una deuda inmensa con la red pública y privada hospitalaria que la está quebrando, un tratamiento en sus relaciones laborales a los médicos y a los demás trabajadores de la salud por completo inaceptable, todo tipo de abusos con los precios de las medicinas, ausencia casi cómplice o cómplice de auditoría por parte del Estado, que debería vigilar los recursos de la salud. La actitud dignísima de la Contraloría General de la República, infortunadamente no acompañada por los otros entes de control. En suma, digamos que hay una coincidencia grande en toda una serie de hechos que difícilmente pueden negarse.

También me llamó mucho anoche la atención encontrar bastantes acercamientos, nunca había visto tantos, en lo que toca hacer, la parte clave de este asunto. Aquí desde hace rato llevamos diciendo que el sistema es un desastre y puede colapsar. Ya la mitad de los afiliados a las EPS están en EPS intervenidas por el Estado. O sea que han fracasado hasta como negociantes. Qué hacer. Sé que el diablo está en los detalles y falta ver qué va a pasar, pero sentí que tanto la Corte Constitucional como las asociaciones de médicos insisten en que aquí se necesita un cambio profundo, un cambio del modelo económico, un cambio estructural, y a mí se me ocurre que ese puede ser un camino importante para encontrar coincidencias definitivas.

La voz discordante fue clarísima, la de la ministra de Salud, que habla en representación del gobierno y que señala que “creemos en el aseguramiento”. Le apunté la frase, señora ministra, que pronostiqué un poco antes de usted al intervenir ayer. Y este es el punto clave del debate. El gobierno cree en el aseguramiento y habla de unos riesgos inexistentes. Cuál riesgo va a haber, si en las EPS tienen 45 millones de colombianos amarrados como corderos, que no se pueden ir para ninguna parte. El primer riesgo de cualquier negocio es si tiene quien le compre el bien que produce y aquí hay que comprárselo por obligación a las EPS. ¿Y cuál es el otro riesgo? Que les definen por norma cómo son las ganancias y cómo se embolsillan la plata. Riesgo de qué, cualquier cosa podrá haber menos riesgo en este negocio del aseguramiento.

Lo grave es que la ministra expresa la posición del gobierno nacional, el punto de vista del presidente Juan Manuel Santos. Es el punto de vista del presidente por razones ideológicas, basadas en su concepción del libre comercio y el neoliberalismo, pero también por conveniencias particulares de la cúpula o de una parte importante de la cúpula del gobierno nacional, como ayer lo planteé. Aquí no solo ganan las EPS. A estas se les arrima mucha gente y también gana. Es parte del problema. Aquí hay un negocio que va más allá, por razones de relaciones indirectas, de los propios dueños de las EPS. Se trata de un negocio financiero, hoy un poco confundido porque se fue llenando incluso de peces medianos, pero este es un negocio de banqueros, porque el aseguramiento aquí y en Cafarnaúm es un negocio de banqueros. Y lo que siento que quiere el gobierno es concentrar el poder en menos EPS para aumentar el tamaño de los peces gordos. No me sorprendería que esté pensando en que con él se quede el capital financiero extranjero.

Y aquí tenemos una discordia grandísima con el jefe del Estado, porque es evidente que si algo no pueda hacer un país si quiere tener buena salud, es entregarles la salud a los banqueros. Es que el negocio de los banqueros es ganar plata y no dar salud. Nosotros necesitamos un sistema de salud que funcione sobre la base de que los gerentes y quienes administran los recursos tengan como objetivo los indicadores de salud y no el P&G de fin de año. Esto se cae su peso y es el centro del debate. Y se puede hacer lo que estamos proponiendo. Ayer lo mencionaba y hoy lo reitero. Hay por lo menos tres modelos de salud en el mundo: el peor, el que utiliza Colombia, copiado del de Estados Unidos, reputado como el peor sistema de salud del mundo desarrollado. Y otros dos sistemas donde no impera el aseguramiento sino algo diferente, el primero inspirado en el modelo alemán desde los tiempos de Bismark y el otro inspirado en el modelo inglés desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí escogimos el peor del mundo capitalista.

¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo algunos? Que sobran las EPS, y aclaro, no la administración, todo sistema de salud tiene que tener administración. Lo que pasa es que las EPS nos cobran la administración más las ganancias y las pilatunas. Administración hay que tener y se puede pagar a buen precio, si es del caso, porque necesitamos buenos gerentes y buenas secretarías y buenos contadores, etc., para que la tarea se haga bien. Pero es que las EPS nos cobran una especie de peaje, se embolsillan como ganancias una plata que no tienen por qué embolsillarse. Es una especie de regalo que generosamente les hace la sociedad colombiana a cuatro banqueros poderosos. Y le imponen la impronta al sistema, introduciéndole el bacilo del ventajismo y no preocupándose por la salud de la gente sino por el negocio. Es un debate que hay que hacer con toda franqueza. Les pregunto a los 45 millones de colombianos: ¿por qué se sacrifica el sistema de salud en beneficio de diez gatos gordos y lustrosos?

Enumero por último lo que no estamos proponiendo para que no haya confusiones. No estamos proponiendo volver a lo que había antes de la ley 100. No estamos proponiendo que el cambio sea automático y de un día para otro, porque hay que diseñar un periodo de transición entre lo que hay y lo que debe haber. No estamos proponiendo despidos masivos, porque el sistema necesita administración y la que existe es la que básicamente debe seguir funcionando. Y no estamos por estatizar el sistema.

Pensamos en un sistema en que debe caber un sector público, bien financiado, cuidado, capaz, eficiente, etc. Se necesita, sin él es imposible. Y un sector privado de las mismas características, de IPS, ojo, no de EPS. De IPS, esas sí se necesitan: hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico, sin eso tampoco se puede, tanto del sector público como del sector privado. Es eso lo que estamos proponiendo. Pensamos que por ahí es el asunto. Ahora, hay que sentarse a diseñar los detalles. Encontrar el camino no acaba por sí solo con todos los problemas. Hay que ver qué se va a hacer con los medicamentos y sus abusos, con una buena auditoría porque tiene que haberla, con unas excelente relaciones laborales para que médicos y enfermeras no sean tratados como semisiervos ni esclavos de un sistema absolutamente detestable.

Por último, decir cómo lograrlo. No soy optimista en que logremos persuadir al gobierno nacional. En otro país probablemente llegaríamos fácilmente a un acuerdo, porque es de sentido común lo que estoy planteando. Pero aquí hay intereses demasiado grandes. Es que 40 billones de pesos le malean en el alma a más de uno. A no pocos les brillan los ojitos y hay plata para dar y convidar y no solo ideología, no solo teoría. Pasan por el sistema como altos funcionarios y después las trasnacionales los reciben con los brazos abiertos. Hay que seguirles la pista para ver a donde saltan los que estuvieron en el sistema defendiendo la ideología y la teoría. Cada vez que miro, no encuentro académico o ideólogo neoliberal a quien no le guste la platica y la persiga de una u otra manera, generalmente en el sector financiero. Esto hay que decirlo con franqueza.

No veo fácil convencer al presidente Santos y a la cúpula del santismo y de sus partidos, también debo decirlo con franqueza, y ojalá me equivoque. Ojalá pudiéramos hacer aquí un consenso en el Congreso para hacerle un cambio de fondo al sistema de salud. Pero me temo que apenas el nuevo ministro de Gobierno saque el látigo burocrático y lo haga chasquear en los aires de este recinto, la cosa se nos pueda complicar. Pero hago votos porque podamos encontrar un acuerdo. Estoy de acuerdo con la comisión que se ha mencionado para ver si somos capaces de hacer alguna cosa. Pero al mismo tiempo, llamo a los colombianos a que nos movilicemos, particularmente a médicos y enfermeras y pacientes de enfermedades crónicas, porque si ellos no se deciden a cambiar, nadie va a hacerlo. Los demás ayudaremos, pero necesitamos que sean ellos quienes tomen la iniciativa, se organicen, se pongan de acuerdo, impulsen la unidad y definan unos puntos mínimos para que todos los rodeemos. Los rodeamos en qué sentido. En que logremos el peso social y político suficiente para que esos voceros de la sociedad se puedan sentar con el presidente Santos pero en una relación de relativa igualdad de fuerzas, para que sea una conversación respetuosa entre partes respetables y se le plantee al presidente discutir un acuerdo, en el que las partes que se hallan de este lado defenderíamos las concepciones que he planteado. Hay que hacer un acuerdo político de las mayorías de la sociedad colombiana, un acuerdo político que será el fruto de esa correlación de fuerzas para que llegue aquí al Congreso y aprobemos una nueva ley que le cambie todos los rasgos definitorios a la Ley 100.

Solo en esas circunstancias pienso que podríamos dar un verdadero vuelco a la actual situación. Me preocupa que el gobierno, al que tenemos hoy contra las cuerdas, porque está contra las cuerdas, se nos salga de nuevo como se nos escabulló hace un año, porque hay que reconocer que el jefe del Estado sabe combinar las palabras para despertar ilusiones. Sin embargo, soy optimista en que esta vez sí vamos a encarrilar la salud de los colombianos.