Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 18 de marzo de 2011.
Un estudio del CID-ICC de la Universidad Nacional de Colombia, contratado por el Ministerio de Salud-CRES, encontró que en 2009 los gastos en salud de las EPS se incrementaron en 24% –¡con una inflación en ese año de 2%!–, que un 79% de ese gran incremento obedece a los medicamentos y que solo tres EPS de las 21, pertenecientes al mismo grupo económico –Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca–, fueron las responsables del aumento. Porque mientras estas reportaron un gasto promedio por afiliado de 207 mil pesos, la restantes informaron haber gastado, también en promedio, 36 mil pesos, una diferencia de 5.7 veces, la cual, al multiplicarse por el número de afiliados de las tres, muestra que registraron una sobrefacturación por 825 mil millones de pesos.
El estudio de la Nacional también señala que el valor de los medicamentos informado por Saludcoop supera en porcentajes enormes los promedios reportados por el resto de las EPS: por ejemplo, 246% más en Loratadina, 87% más en Acetaminofén y 34% más en Ibuprofeno.
Fue tan certero y escandaloso el hallazgo del estudio de la Nacional –que analiza cifras aportadas por las propias EPS y con medicamentos corrientes, del POS–, que el gobierno lo reconoció como válido el 29 de diciembre de 2010 y que el 11 de enero pasado el Ministerio de Salud les solicitó a la Contraloría y a las superintendencias de Salud e Industria que investigaran el caso.
A estos hechos se les suma otro que puede ser peor, porque incluye una voltereta oficial. Hace un año, la Superintendencia de Salud le dio orden a Saludcoop de devolver 318 mil millones de pesos del sistema de salud que había convertido en patrimonio suyo y le prohibió gastarse otros 300 mil millones con el mismo fin. Tal decisión por la obvia razón de que los recursos del sistema de salud son públicos y deben gastarse en los colombianos y no en infraestructura de las EPS. Pero el superintendente nombrado por el gobierno de Juan Manuel Santos echó atrás la decisión y solo falta un paso legal para que esos 618 mil millones de pesos pasen al patrimonio de Saludcoop, patrimonio que tuvo el desproporcionado incremento de 176 veces entre 1994 y 2010.
En el debate en el Senado sobre estos 1.4 billones de pesos también quedará en evidencia que la Ley 100 no ha generado la salud de cubrimiento universal y alta calidad que necesitan los colombianos, pero sí ha enriquecido a reventar a quienes gozan del privilegio de intermediar los recursos, en medio de la alcahuetería de unos gobiernos que ni siquiera auditan con seriedad los dineros públicos.
La decisión de la trasnacional canadiense GreyStar de retirar la solicitud de licencia ambiental para explotar una mina de oro a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, de donde se surte el acueducto de Bucaramanga, no se entiende sin saber de la enorme movilización en contra del engendro, movilización que llenó con 30 mil personas las calles de la capital de Santander y que alcanzó tal amplitud que en torno a ella se unieron los más diversos sectores, entre ellos los ambientalistas y el sindicalismo, Fenalco, la Sociedad de Mejoras Públicas y la Sociedad Santandereana de Ingenieros. Con el aumento de la resistencia, el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga llamaron al gobierno a no conceder la licencia ambiental, hechos que, además de la evidente ilegalidad del proyecto, anunciaron las serias dificultades que tendría el gobierno si cedía a las presiones de la trasnacional. Con su ejemplo, los santandereanos le enviaron un mensaje de esperanza al país: Colombia no será la tierra de nadie a la que aspiran los propietarios de proyectos como el derrotado.
En el artículo “Los nuevos llaneros”, la revista Dinero informa que los ‘cacaos’ y las trasnacionales van por la altillanura y que necesitan modificar la política de tierras del Estado colombiano. Pues bien: aunque el ministro de Agricultura lo niegue, los artículos 45, 46 y 47 del Plan de Desarrollo buscan entregarles a ‘cacaos’ y trasnacionales los baldíos públicos que aún quedan en el país. Constituye una cortina de humo resaltar como gran cosa que en esas explotaciones de decenas de miles de hectáreas habrá peones o neoaparceros, que no campesinos libres. Incluso, si se observa con cuidado lo que dicen sobre Carimagua, se nota que allí pretenden acoyundar a los pobres a un gran inversionista, de esos que se las saben todas. Hay información de sobra para probar que en esto Santos y Restrepo podrían lograr lo que no pudieron Uribe y Arias.
