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No se pueden seguir robando el país impunemente (Transcripción + video)

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre Reficar, plenaria del Senado, 3 de mayo de 2016. Este puede ser el mayor escándalo de corrupción en la historia de Colombia. Se trata de un fenómeno de corrupción descomunal en la que están envueltos extranjeros y, con seguridad, funcionarios colombianos. La nación contrató la modernización de Reficar por 4 mil millones de dólares y terminó pagando 9 mil. “Feria […]

Hace 1 año

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre Reficar, plenaria del Senado, 3 de mayo de 2016.

Este puede ser el mayor escándalo de corrupción en la historia de Colombia. Se trata de un fenómeno de corrupción descomunal en la que están envueltos extranjeros y, con seguridad, funcionarios colombianos. La nación contrató la modernización de Reficar por 4 mil millones de dólares y terminó pagando 9 mil. “Feria de adiciones en los contratos del Estado”, denuncia el Contralor. La trasnacional norteamericana CBI, demandada por fraude, dolo y mala fe ante un tribunal de Nueva York. El desastre empieza cuando el Estado le entrega a Glencore el poder sobre Reficar. El proyecto nació torcido, porque la primera decisión que tomó el gobierno fue privatizar la refinería. Con solo un dos por ciento de más en las acciones, Glencore adquirió al derecho a operar. Detalles bochornosos: las relaciones ocultas entre CBI, Glencore, Foxter Wheller y el Eximbank. Además de otros delitos, altos funcionarios cometieron omisión de denuncia: Cárdenas y otros vieron cómo los gringos se robaban la plata y no hicieron nada. La responsabilidad política les cabe por mitad a Uribe y a Santos. Llamado a un acuerdo nacional de todas las vertientes contra la corrupción.

Antes de entrar en materia un par de comentarios. Por decisiones del doctor Luis Eduardo Garzón, ministro del Trabajo, avanza el despido de 347 trabajadores enfermos en CBI, la trasnacional norteamericana contra la que es en buena medida este debate. Quedaron ahí como tirados y esa carga le va a terminar cayendo a la nación.

Lo segundo, señalar que este no es un debate contra la modernización de la refinería de Cartagena. Nosotros siempre hemos pensado, en el Polo Democrático Alternativo, que es bueno agregarles valor a las materias primas nacionales o extranjeras. Luego la idea de modernizarla es una decisión correcta. El problema es cómo se hizo.

Tampoco es un debate contra Ecopetrol, es bien importante señalarlo. Este es un problema que le está haciendo daño a Ecopetrol, pero de aquí no se puede concluir que haya que hacerle más daños a Ecopetrol, profundizando la política privatizadora. La historia de Ecopetrol es dramática. Se gana por la lucha del pueblo colombiano, y las trasnacionales petroleras se la han pasado tratando de hacerle mucho daño. En general, los gobiernos colombianos, todos, han maltratado a Ecopetrol, entre otras cosas ordeñándola en exceso, sacándole sus recursos. Este no es entonces un debate contra Ecopetrol, sino contra la política del actual presidente de Ecopetrol, el doctor Echeverri, de promover la privatización de la empresa.

También nos oponemos a la idea de vender lo que ellos llaman campos menores, que producen nada menos que 145 mil barriles-día. No compartimos la idea equivocada de vender las acciones de ISA y mucho menos la de vender Propilco, a la que se le ha hecho una inversión muy grande, y precisamente ahora que está cero kilómetros, la sacan a vender, seguramente a menos precio. Y estamos llamando a los colombianos a echarle mucho ojo a la joya de la corona, Cenit, la empresa que maneja el transporte de hidrocarburos por los oleoductos. Estamos seguros de que hay más de un lince de las finanzas viendo a ver cómo se la embolsilla a la barata.

En ese sentido, hacemos parte de una convergencia que se ha constituido con gente de todos los sectores, a la que hemos llamado Unidos por Ecopetrol, para que no le termine pasando lo mismo que sucedió con Isagen. Que quede entonces claro. Este es un debate contra las decisiones equivocadas que se han venido tomando, no contra la institución que significa Ecopetrol.

El problema se crea por las malas decisiones de política económica y petrolera y por malas decisiones administrativas. Estoy íntimamente convencido, además, de que aquí hay un fenómeno de corrupción descomunal, de corrupción por cuenta de administradores extranjeros y, estoy seguro, de funcionarios del Estado colombiano, también implicados. No puedo creer que se den tantas anomalías sin que haya corrupción. Porque sobre este asunto hubo alertas tempranas. Hugo Serrano advirtió que la idea de entregarle la refinería de Cartagena a la trasnacional Glencore era equivocada. Y de las personas que han pasado por el Congreso, Hugo Serrano era de los que más sabían de este asunto. El actual secretario del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Triana, señaló, hablando de este tema,que la seguridad jurídica en Colombia era solamente para las trasnacionales y que al interés nacional le iba siempre mal.

De qué se trata el caso. Se trata de una modernización que debió costar en números redondos 4 mil millones de dólaresy terminó costando 8 mil millones de dólares, una cifra que en pesos casi no cabe en las calculadoras. A la pérdida hay que sumarle otros mil millones porque el plazo de entrega se corrió 27 meses, una demora que también le generó pérdidas al país. Estamos hablando entonces de un negocio que debía costar 4 mil millones y terminó costando 9 mil. Ha quedado además Reficar con una deuda de más de 5 mil millones de dólares, 2.300 millones de dólares con el EximBank, un banco del Estado norteamericano, constituido para promover los negocios de sus trasnacionales. A Reficar le prestaron los gringos esos 2 mil y pico millones de dólares, pero condicionándola de entrada a contratar exclusivamente con empresas norteamericanas, entre ellas dos que hacen parte de este asunto, CBI y Foster Wheeler. El hecho nos lleva de entrada a concluir que no se contrató con los mejores, porque se excluyó a las empresas en el resto del mundo. Tenía que ser con empresas gringas so pena de no recibir ese tipo de créditos.

La evidencia apunta a que hubo corrupción

Se dice que la rentabilidad de Reficar, cuando entre del todo en operación, va a ser del 4,23 por ciento, pero el costo de la deuda es del 5,5 por ciento anual. Ya en esta primera cuenta, las cifras no dan. Se ha puesto en duda de una manera sistemática por parte del gobierno de si hubo corrupción o solo mala administración, desgreño. Incluso el doctor Javier Gutiérrez, aquí presente y que fue jefe de Ecopetrol durante un lapso muy largo de esta historia, afirmó categóricamente en estos días que “en Reficar no hubo corrupción”. Parece realmente irresponsable esa afirmación y también contraevidente, porque los hechos dicen otra cosa. Rumban las señales de que hubo corrupción. Y es en buena medida lo que voy a demostrar en este debate: que además de mala administración, de mala política, hubo corrupción.

Mencionemos lo que ha dicho el señor Contralor General de la República, que está aquí con nosotros: “Hubo una feria de adición a los contratos”.

(Ante las repetidas interrupciones por parte de asistentes y de funcionarios del gobierno y del reclamo por parte de la Presidencia del Senado, el senador Robledo hace la siguiente reflexión: “Voy a hacer una pregunta brusca, ¿entraron a sabotear el debate? ¿De eso se trata? Es la tercera vez que se alerta sobre esto. ¿A eso fue a lo que entraron? ¿A sabotear el debate?”).

El señor Contralor habla de una feria de adiciones a los contratos. Los contratos se firman por una suma y después se disparan en proporciones astronómicas. El 18 por ciento tuvo adiciones de más del ciento por ciento; 27 adiciones superiores al 500 por ciento, varios mayores a mil por ciento y hay un contrato que crece en 37.528 por ciento, una suma astronómica que ha indignado con razón a la Contraloría. Dijo también el señor Contralor, con denuncias precisas, que según los indicios, la gente de CBI, la principal empresa responsable de este desastre, se iba a volar con los discos duros y con los documentos que reposan en esos discos duros. Espero que eso no haya terminado sucediendo, pero esa fue la alerta que lanzó. Hay que señalar entonces que la Contraloría pone los ojos sobre un escándalo de corrupción, no solo de mala administración.

Otra prueba importante la brinda un alto empleado de CBI que en una cadena colombiana de radio hace una serie de denuncias. Voy a leerlas: fallas gravísimas en el departamento de contratos y una tremenda cantidad de irregularidades. Le pregunta el periodista: ¿equivocación o corrupción? Responde: ambas. Había una falta absoluta de control por parte de CBI. Agrega que el reloj con el que había que medir ciertos tiempos se manipulaba en beneficio de la empresa. Explica con todo detalle cómo estos altos funcionarios de CBI se dedicaban a cobrar horas no trabajadas, que se iban de vacaciones y cobraban como si estuvieran trabajando. Precisa el alto ejecutivo: “Yo los veía durante horas de trabajo metidos en internet hablando mientras el reloj estaba corriendo”. Estamos hablando de cobros a 400 dólares la hora que iban inflando las cuentas de CBI. Y añade que el robo incluía comisiones para CBI, porque de acuerdo con el contrato, ellos iban haciendo utilidades por ese tipo de cosas. Puntualiza el exejecutivo de CBI que él elevó ante los directivos de Ecopetrol la denuncia de lo que estaba ocurriendo, pero que en seis meses no sucedió nada. Remarca: “Razón por la cual acudí a la Fiscalía General de la Nación, pero el ente regulador tampoco investigó”. Señala que la Fiscalía empezó a investigar solo después de que CBI ya se había llevado buena parte de las pruebas. Son todas denuncias de extrema gravedad.

Que aquí sí hay corrupción, y en grande, lo prueba la propia demanda interpuesta por el Estado colombiano o más propiamente por Reficar ante un tribunal de arbitramento en Nueva York, en la que Reficar le reclama a CBI al

Menos dos mil millones de dólares. Reficar busca que en el arbitraje la Corte se pronuncie sobre (son palabras de la semana) fraude, dolo, negligencia grave, abuso de derechos, transacciones en beneficio propio, engaño, incumplimiento de deberes fiduciarios, violación del principio de buena fe, violaciones flagrantes del contrato, términos que en el lenguaje coloquial se resumen en una sola palabra: corrupción.

La demanda explica cómo CBI siempre se presentó como una empresa diligente, capaz de hacer las cosas, una empresa honrada y que daba tranquilidades a Reficar de que no la iba a defraudar. Pero como vamos a ver, el solo contrato que terminó firmándose facilitaba robar al Estado colombiano con enorme facilidad. Se dice que CBI usó su experticia, su conocimiento, su posición y su estatus fiduciario para ocultar su mala conducta y maximizar su propio beneficio económico a costa de Reficar. Este es un lenguaje de abogados para dar a entender lo que otros expresamos con una sola frase: que CBI se robó un platal.

Alertas tempranas

Veamos ahora que se decía tanto en la junta directiva de Reficar como en la junta directiva de Ecopetrol, porque el problema estalla ruidosamente este año, pero había habido alertas tempranas desde hace mucho rato. El tema de la corrupción y lo que estaba pasando indebido en Reficar se trató en más de una ocasión tanto en la junta directiva de Ecopetrol como en la junta directiva de Reficar. Y expliquemos de paso que a la postre Reficar es ciento por ciento propiedad de Ecopetrol, así sea a través de una empresa, no voy a entrar en detalles. El doctor Orlando Cabrales, presidente de Reficar en una parte larga de esta historia, señala que desde el 2011 se prendieron serias alarmas sobre las falencias de CBI. Precisa que desde septiembre de 2011 “comenzamos a documentar sus fallas, las de CBI, e incumplimientos como base para la acción arbitral que se anunció en los últimos días”.

Y échenle ojo a esto. Vamos a ver por las actas que lo que hacen la junta de Reficar y la junta de Ecopetrol ante los gravísimos hechos que están ocurriendo en Reficar es en muy buena medida permitir que sucedan o no tomar ninguna medida que realmente los impida, y al mismo tiempo empezar a recaudar papelitos que demuestren en un pleito, más adelante, cómo era que se la estaban robando. Procedieron con negligencia. Y aquí digamos que la negligencia también es un delito. El dolo es un delito y robarse la plata es un delito, pero la negligencia grave también lo es.

Voy a leer algunas actas de junta directiva tanto de Reficar como de Ecopetrol que confirman lo que les estoy diciendo, o sea que se sabía lo que estaba pasando. Es una de las acusaciones más graves de este debate. El hoy presidente de Ecopetrol, que era ministro en esos días, también conocía lo que estaba pasando. Y el doctor Cárdenas, aquí presente, y toda la cúpula de ambas empresas, con sus distinguidísimos miembros de junta directiva.

Leamos varias actas de junta directiva de Reficar. Ya el presidente de Reficar admite en el 2009 que la fecha de conclusión de la refinería no es posible. En el 2010 se le exige a CBI que se ajuste al cronograma, o sea que queda claro que CBI no estaba ya cumpliendo con los deberes a los que se había comprometido. El 1º de marzo de 2011, se dice que CBI está buscando oportunidades para mover las fechas acordadas en el contrato, y, ojo, “culpar a la sociedad”, o sea, a Reficar, de cualquier demora. Agosto 23, la junta directiva de Reficar solicitó “requerir a CBI nuevamente por escrito y de ser necesario a su más alto nivel para que se le suministre toda la información que ha sido solicitada y no se ha entregado”. El colmo que haya que montar una pelea para que los señores de CBI entreguen la información que les solicita quien les paga, porque en ese momento el ciento por ciento de los recursos los estaba poniendo el Estado colombiano. Otra acta: “Actualmente existe facturación de CBI que ha sido rechazada por Reficar por diferentes razones, siendo la principal la falta de soportes requeridos para el pago”. Los místeres estaban cobrando facturas que no sustentaban debidamente.

Veamos las actas de junta directiva de Ecopetrol, la que pone la plata en el negocio de Reficar. 10 de febrero de 2012, Fabio Echeverri Correa, presidente de la junta directiva, advierte que hay problemas y concluye: “Ecopetrol debió asumir el proyecto, incluidos los desaciertos”. Ya en ese momento la junta directiva de Ecopetrol era consciente de que había desaciertos. En la misma acta se lee: “Las cláusulas de penalidades no son suficientemente fuertes”, otro hecho de inmensa gravedad en el contrato. Estaba de papaya para que se robaran la plata y el único contra eran ciertas sanciones que se les podían poner a los gringos de CBI. Pero qué sucede. Que las penalidades no eran lo suficientemente fuertes. Así el Estado le impusiera sanciones a CBI, era más lo que ella se estaba embolsillando.

Otra acta: los mayores costos en el contrato provienen de la forma como Glencore negoció originalmente. Es un punto clave en el debate. Este desastre empieza porque se le entregó el poder sobre Reficar a una trasnacional muy encopetada llamada Glencore. Lo que está comprobando la junta es que aquí había problemas que venían desde antes. En otra reunión concluyen que entrar en litigio no beneficia en nada al proyecto. Porque, claro, en Ecopetrol apareció una discusión: qué hacemos con estos tipos que nos están tumbando. Y como vamos a verlo, prácticamente no se hizo nada. Pero el tema se puso en discusión. Llevaban cinco años las juntas directivas de ambas empresas hablando de lo que estaba pasando.

Otra cita, de Hernando José Gómez, miembro de la junta directiva de Reficar, informa que Glengore seleccionó a CBI sin que presentara la experiencia debida para un contrato como este. Gómez explica acto seguido cómo es que se está perdiendo la plata: “Al contratista no lo afecta en gran medida si el proyecto se demora más o cuesta más por cuanto el contrato es de costos reembolsables”. ¿Qué significa costos reembolsables? Que los señores de CBI le pasaban y le pasaban facturas a Reficar, es decir a Ecopetrol, y había que írselas pagando, aun sin los controles suficientes. En cierto sentido, mientras más costara el proyecto y más se demorara, más ganaban los gringos de CBI. Es un poco el resumen de este fraude monstruoso que ha causado indignación en Colombia, porque no se tomaron ni siquiera las precauciones mínimas frente a un contrato de costos reembolsables, que como se sabe, es de altísimo riesgo. Probablemente no haya contrato de más riesgo en cualquier negocio que este, porque el contratista gasta, gasta y gasta, y hace lo que quiere y va pasando facturas y el otro es el paganini, en este caso, la nación colombiana. Añade el acta: “Se percibe falta de respuesta oportuna y efectiva de parte de CBI a los requerimientos y solicitudes de la administración de Reficar”. O sea, los señores gringos no se dignaban darle la información al Estado colombiano.

Hay una cita relacionada con el doctor Mauricio Cárdenas que resume muy bien cómo se hacen alharacas que no conducen a nada. El doctor Cárdenas es el funcionario colombiano que más ha estado en la junta directiva de Ecopetrol en los últimos años. Y recordemos que Ecopetrol en buena medida controla Reficar, y él está allí desde abril de 2008, primero como representante de unos accionistas, después como ministro de una u otra cosa, porque el doctor Cárdenas lleva en los Ministerios muchísimo tiempo. Y miren ustedes lo que dice el acta del 10 de febrero de 2012, hace cuatro años: “Cárdenas informó que se reunió con el director ejecutivo de CBI, a quien le manifestó en nombre del gobierno nacional que la situación de incumplimiento por parte de ese contratista es intolerable (…) Y que no está —el gobierno— dispuesto a permitir más retrasos ni costos adicionales en el proyecto de modernización de la refinería”. Palabras vanas, palabras huecas, porque todo siguió como si nada. Pero cómo sería de grave lo que estaba pasando para que, así fuera con lenguaje diplomático, se reseñara en un acta que era intolerable lo que estaba haciendo el contratista y que el gobierno nacional no estaba dispuesto a permitir más incumplimientos.

Aquí lo que sucedió, en conclusión, fue que los señores de CBI y los de Glencore en buena medida defraudaron el patrimonio público por falta de vigilancia y porque los altos funcionarios que tenían el deber de vigilar lo que estaba sucediendo no lo hicieron. ¿Qué responsabilidad les cabe? En el caso de los altos funcionarios, los organismos de control tendrán que ir más allá y averiguar cuánto es irresponsabilidad, cuánto negligencia y cuánto corrupción. Porque la corrupción puede estar presente y seguramente lo está.

Una especie de paréntesis. En un desplante inaceptable, Ecopetrol intenta echarles la culpa de más de 500 millones de dólares del descuadre a los trabajadores del petróleo, algo realmente inaudito. Ahora resulta que son los pobres, los trabajadores, los que están allá al sol y al agua en Cartagena, los que van a ser responsables de una pérdida grande en este proyecto. El problema que tiene Ecopetrol es que los hechos no le confirman su afirmación. Y no les voy a dejar salida en este sentido, porque seguramente aquí no faltará quien la amplifique, porque es verdad que por culpa de CBI hubo una huelga que duró 3 ó 7 días, y hubo también unas semanas de dificultades laborales provocadas por la empresa. Pero miren ustedes el asunto. Si 27 semanas de retraso valen mil millones de dólares, según la Contraloría General de la República, cómo es que una huelga de 3 ó 7 días, y algunas otras dificultades laborales van a valer más de 500 millones de dólares. Las cuentas no les dan, no le echen ese cuento a los colombianos. No se puede usar a los trabajadores colombianos, a quienes construyeron la refinería al sol y al agua, para ocultar la negligencia del Estado colombiano y tapar los robos que sucedieron en este proyecto.

Pero miren ustedes lo que informa la propia administración. Hay un acta de Reficar, de mayo 24 del 2011, en la que consta que CBI está maltratando a los trabajadores y que CBI no puede echarles a los trabajadores la culpa de sus dificultades. Dice además el acta textualmente: “Se le debe explicar a CBI la necesidad de cumplir con la normatividad sindical”. Háganme el favor. Debe explicárseles a los gringos que en Colombia hay leyes y que deben cumplirlas. Agrega: “Debe quedar claro que CBI de ninguna manera puede usar esto para justificar retrasos o reprogramaciones y que el manejo y las responsabilidades le corresponde exclusivamente a ellos”. Como es obvio. Es que las relaciones obrero-patronales son parte de la actividad normal de las empresas y hay que saberlas acometer. Y en la demanda presentada ante el Tribunal en Nueva York, Reficar hace constar: “Las fallas de CBI incluyen muy deficiente manejo de las relaciones laborales del proyecto”. O sea, responsabiliza de ello a CBI, y hace ver “la falta de voluntad o rechazo para gestionar los asuntos laborales y las relaciones de la comunidad” como un defecto de los señores de CBI. “En última instancia, agrega, CBI no pudo manejar adecuadamente las relaciones laborales de acuerdo con sus obligaciones bajo el acuerdo y sus representantes en Reficar, resultando en una constante discordia con los trabajadores que generó un impacto significativo que afectó negativamente al proyecto”. Los señores de CBI son los responsables. No puede suceder que hacen lo que se les da la gana y después la culpa la tienen los demás.

No hubo interventoría

Cuáles son las causas de tanta corruptela. En primer término, aquí hubo un error gravísimo en la contratación al optar por el contrato de costos reembolsables, en el que el operador, el que está construyendo, gasta y gasta y va pasando facturas, y se le tienen que pagar. Y ojo con esto, también parte muy importante de este debate. Denuncia el Contralor General: “Lo primero que ha debido tener este proyecto es una interventoria, y no la hay”. El proyecto solo tuvo una supervisión de Foster Wheeler, que no es lo mismo que una interventoría. Es un punto clave en el debate. Y no la tuvo, porque mientras que la contratación pública exige interventoría, la contratación privada, como la que le han impuesto en buena medida a Ecopetrol y a Reficar, es mucho más laxa.

Lo reconoce el Contralor: “Estamos ante un negocio casi privado”. Y ojo a los alcances de la palabra. Casi privado significa que es menor el control del Estado, por lo que se facilitan las formas de corrupción, porque es de la naturaleza de una operación o de otra. Dice además: “Desafortunadamente la Constitución de 1991 le suprimió a la Contraloría General de la República el control previo y le dio uno posterior”, lo que también abre las puertas para la corrupción. Y agrega el Contralor: “Eso significa que llegamos después de la fiesta”. ¡Y qué fiesta!

Y hay aberraciones como la siguiente, que pueden parecer menores pero que son de mucho fondo. Hay contratos de CBI en inglés. Ustedes saben lo que eso significa. Alguna vez en un almuerzo tuve la ocasión de compartir con Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica, y me contaba que cuando él estaba niño, su abuelo le dijo: “Rodrigo, nunca vayas a hacer negocios en inglés”. Y no es que no se puedan hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlos traducidos a nuestro idioma. En la contratación pública es obligatorio que lo que esté en inglés se traduzca al español para poder saber con precisión qué es lo que se está firmando. En la contratación privada no es obligatorio. Atérrense, le pedimos a Ecopetrol la demanda en Nueva York y nos la dieron en inglés. Y les preguntamos que dónde estaba la versión en español. Nos contestaron: no existe versión en español de la demanda. Cómo puede funcionar así un país y más sabiendo que estos contratos técnicos son complejísimos y los asuntos financieros son complejísimos. Me tocó ver al contralor Maya irritado en la Contraloría General de la República por este problema de las traducciones. Porque además no es cualquier traducción la que sirve. La única que le sirve al Estado colombiano es la hecha por una persona legalmente autorizada.

Surge aquí un problema de base que quiero enfatizar y es la idea de meter la contratación privada en la contratación pública como la gran maravilla. Nos han metido el cuento de que todo lo que hacen las empresas privadas es honrado. Y no es cierto. Por cada ladrón en el Estado hay por lo menos un socio en la empresa privada. Todos lo sabemos. No voy a decir que cada empresario privado sea un corrupto, pero sí afirmo que muchos corruptos son empresarios privados. Y a ese gato hay que ponerle el cascabel. Porque día tras día, como la gran cosa, el gobierno nos machaca: las APP se organizan por la contratación privada. Eso exactamente lo que quiere decir es que con las APP se facilita la defraudación.

Y a los que piensen que exagero, miren cómo es el mundo de la realidad. Les voy a leer una cita de George Soros, uno de los grandes banqueros del mundo. Él vive en Nueva York y miren lo que él dice sobre lo que está pasando en el mundo: “Los mercados financieros no son inmorales, son amorales”. No es que tengan una mala moral, es que carecen de moral. Y agrega: “En los negocios la moralidad puede llegar a ser un estorbo. Les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre”. Y en la política, agrego yo. Es lo que está diciendo quien conoce por dentro el mundo financiero. Aquí pasa al revés. Se les rebajan a las trasnacionales los controles. Y miren lo que aclara, y aquí les hago un llamado a la gente de todos los partidos y sectores, sobre la gravedad de lo que está pasando, y pasa también en Colombia. Afirma Soros: “La moralidad de los mercados ha socavado la moralidad incluso en aquellas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella”. Hay unas amoralidades tan graves,afirma Soros, que la sociedad no puede funcionar en esas circunstancias. Es lo que ocurre con estos contratos.

Este fue un proyecto que nació torcido, de esos que no se enderezan jamás. Y por qué nace torcido. Porque cuando el gobierno toma la decisión de modernizar la refinería de Cartagena, que era ciento por ciento del Estado colombiano, la primera decisión que toma es privatizarla. Levanta la falacia de que para poder hacer la modernización hay que conseguirse un míster y entonces les vende a los señores de Glencore el 51 por ciento de la empresa. Qué quiere decir que le vendan el 51 por ciento. Que con un escaso dos por ciento de más en las acciones se quedan ellos con el derecho a operar. Qué quiere decir el derecho a operar. Admitamos con franqueza que no cada operador sea un pillo. Pero sí me atrevo a decir que quien adquiere el derecho a operar una empresa, adquiere en muy buena medida el derecho a tumbar al socio. Controlar a un socio pícaro es la cosa más difícil del mundo, eso lo sabe cualquiera. Y aquí alegremente se les entrega a los extranjeros el derecho a operar las empresas públicas, con el cuento de que ellos sí son honrados, y no les ponen interventorías y les aceptan contratos en cualquier idioma. Recuerden lo que dice Soros. Y la Constitución establece que se puedan controlar solo después de la fiesta, como si fueran unos ángeles caídos del cielo. Y les dieron a los de Glencore el derecho a operar la modernización de la refinería. Y si ese contrato no se hubiera desbaratado, estarían todavía hoy operando a Reficar, con un escaso dos por ciento de más en las acciones.

No me opongo a la inversión extranjera, porque no abrigo una posición xenófoba, pero me irrita una actitud tan común en Colombia, que es la de ver a los extranjeros como si fueran Dios. Si el que apareció es un extranjero, arrodíllese y reconozca que es un ser superior. Es algo tremendamente equivocado. Aquí hay unos colombianos que son cómplices e intermediarios de esos extranjeros, y son ellos los que nos montan estas falacias para poder asaltar el interés nacional.

Detalles oscuros y bochornosos

Miren la primera que hicieron. ¿Saben a quién contrató Glencore a dedo para hacer la modernización? A los señores de CBI, a los que nos tumbaron. ¿Sabían algo los señores de CBI de refinerías? Nada. Era la primera que iban a construir en la vida. ¿Sabían los de Glencore de refinerías? Tampoco. Y sin embargo les dieron la contratación de esa refinería. Es un hecho tan lamentable, que el contralor Turbay Quintero alcanzó a decir que lo que hacía CBI lo podía hacer una vicepresidencia de Reficar. Porque, claro, la experiencia de Ecopetrol sobre refinerías es mucho más grande que la de estos tipos. Es que Ecopetrol opera refinerías hace más de medio siglo.

Pero nos dijeron que no importaba. Los tipos esos no sabían de refinerías, pero eso sí, plata les sobraba. Y entonces el gobierno les entregó a la barata el 51 por ciento de las acciones. ¿Qué sucedió? Que apenas estalló en 2008 el primer problema de la economía global, los señores de Glencore, los que supuestamente tenían toda la plata del mundo, llamaron a Ecopetrol y le dijeron: no, es que plata tampoco tenemos. Y le tiraron a Ecopetrol la refinería en la cara y le dijeron, ustedes verán que hacen con eso. Es la triste historia de este negocio. Y Ecopetrol, en vez de sancionar duramente a los de Glencore, les devuelve un montón de plata de su inversión, una suma considerable, y queda otra vez dueña del cien por ciento del negocio. Y después monta la cosa como puede.

El gobierno les paga a los de Glencore en un paraíso fiscal en Las Antillas. Y no puedo dejar de señalarlo. Estoy mamado de ver a Ecopetrol funcionando en los paraísos fiscales de Las Antillas, señor ministro. El Estado colombiano tiene que dar ejemplo. No puede ser que surjan escándalos todos los días y vemos al Estado limitándose a intentar seguirles la pista. Porque, pregunto, ¿qué se van a hacer allá? Lo que no pueden hacer aquí.

Miren este detalle. Cuando Glencore asume el control de la refinería, el acuerdo que se impuso en la junta directiva de Reficar, con el respaldo del gobierno nacional, era que el negocio se iba a desarrollar en dos partes. Una primera, la del monto menor, con contratos de costos reembolsables. Y la segunda, con ese tipo de contratos llamados de llave en mano. Permítanme hacer una explicación técnica. Ambos contratos presentan riesgos, pero está claro de lejos que los de mayor riesgo son los de costos reembolsables. Porque aun cuando el de llave en mano puede aparecer inicialmente más costoso, tiene una ventaja, y es que todo el riesgo lo asume el operador. Si algo falla por cualquier razón, el que tiene el contrato de llave en mano, en este caso, el Estado, se salva, porque Glencore o el que sea tiene que pagar. En los contratos de costos reembolsables, el que al final se impuso, todo el riesgo lo corre la nación colombiana. Y repito, el primer acuerdo con Glencore decía que un contrato inicial de ingeniería se hacía con costos reembolsables, pero que el contrato madre, el principal, se haría con contrato de llave en mano. Así se acordó. Y qué sucedió. Que desde la firma, Glencore empezó a mover los hilos para ver cómo desmontaba la segunda condición y cómo mantenía hasta el final el contrato de costos reembolsables. Se dice que hubo un cierto forcejeo, aunque, la verdad sea dicha, tampoco los vi forcejeando mucho a ustedes. Y al final ¿qué pasó? ¿No lo adivinan, colombianos, sabiendo ustedes cómo es este gobierno? Que se terminó imponiendo lo que querían los gringos: la segunda parte del contrato, la de la masa más grande de recursos y la de mayor riesgo, se haría también por costos reembolsables.

Y aquí hay un detalle bochornoso, escandaloso, que denota corrupción y negligencia. CBI convenció al Estado colombiano, dueño ya de Reficar —hay tres momentos, Reficar, Colombia; Reficar, con Glencore; y Reficar, Colombia— para que contratara como asesora a una trasnacional, Pathfinder: el objetivo, definir si era mejor el contrato de llave en mano o el contrato de costos reembolsables. Y pónganle cuidado. En el contrato se dice que tenía que ser una asesoría “altamente acelerada” sobre una decisión de fondo, nada menos que era el alma de estos asuntos. Y miren cómo fue de acelerada. Comenzó el 27 de junio de 2008 y entregó sus conclusiones el 9 de julio de 2008. En solo doce días dictaminó Pathfinder que era mucho mejor el contrato de costos reembolsables.

Con este agravante. Parte de la información que se le dio a la trasnacional para poder sacar la conclusión, y ya se sabía cuál iba a ser, fue remitida entre el 1º y el 7 de julio. El 7 de julio, es decir, dos días antes de la entrega final del estudio, todavía los funcionarios le estaban dando a Pathfinder información. Bochornoso, señor Contralor, usted de pronto sabe más que yo de lo que estamos hablando.

Los mismos señores de Pathfinder confesaron que uno de sus clientes más representativos es CBI. Aquí se muestran los cruces entre los amigotes. Pathfinder es amiguísimo de CBI, Glencore y Foxter Wheeler, una empresa escogida también a dedo, no para hacer interventoría sino para alcahuetear todo lo que estaba pasando. Pues bien, Foxter Wheeler tiene en común un accionista con Glencore, unos señores que se llaman Black Rock. Glencore y Foster Wheeler también tienen negocios juntos. Y a Foxter Wheller y a CBI los protege el EximBank, el banco del gobierno de Estados Unidos.

En relación con este estudio acelerado, la Contraloría General de la República hace una afirmación muy precisa: “Ese estudio no representa ni mucho menos un análisis del mercado”, o sea, un análisis que aclarara si era mejor un contrato de costos reembolsables o uno de llave en mano.

¿Qué defensa han hecho de sí mismos los funcionarios de la junta directiva de Ecopetrol y de Reficar? Han dicho que ellos sí se dieron cuenta de que había un montón de irregularidades, pero que no fueron capaces de impedirlas y que entonces tomaron la decisión de permitir que las irregularidades siguieran sucediendo en lo fundamental y al mismo tiempo ir recaudando pruebas para la demanda que finalmente interpusieron. En palabras del doctor Cárdenas, la cosa era de este tamaño: “Desde el 2013 se optó por seguir adelante con el contratista —o sea con el pillo de CBI— y conformar un equipo legal para preparar una reclamación”. Le asiste la razón a María Isabel Rueda cuando escribe que es como si uno llegara a la propia casa y encontrara un tipo robándole todos los muebles y, en vez de impedirlo, se parara en la puerta a esperar a que se los acabara de robar y sacarle la foto al ladrón para ver cómo después ponía la demanda. ¡Qué es eso!

Qué norma legal, señores altos funcionarios, los autoriza a ustedes para limitarse a mirar cómo la plata del Estado se pierde en sus narices y ponerse ustedes como un Agente 007 a pensar cuándo es que van a hacer la investigación. Y el cuentico de que ya estamos en la mitad del río no les vale. El hecho es que se estaban robando la plata del erario, no era un paseo. Y aquí el Estado colombiano no fue capaz de actuar cómo debía. Esto se llama en términos legales omisión de denuncia, me dicen los abogados. Denunciar de oficio es un deber de los funcionarios del Estado colombiano, de todos los funcionarios.

¿Quién responde, Uribe o Santos?

¿Quién responde por este desastre? Aquí hay responsabilidades de distinto tipo. Sobre las judiciales y las administrativas, ahí están los organismos de control. Los senadores no somos funcionarios de ese tipo. Nosotros hacemos debates de control político, ponemos en evidencia los hechos y ya veremos si las demás autoridades actúan y cómo actúan. Pero aquí sí hay unas responsabilidades políticas. Es notorio por las fechas que he dado cuidadosamente que aquí la responsabilidad política fundamental a escala de gobierno se parte entre las decisiones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el gobierno Juan Manuel Santos. Ahí ya podrán, entre santistas y uribistas, disputarse a quién le corresponde más. Me tranzaría por un 50-50. Pienso que sería una solución que serviría, porque esa es la realidad que nos están diciendo las fechas y las decisiones que se tomaron.

Hay entonces unas responsabilidades administrativas y penales y también políticas, pero aquí vemos que la norma de los debates políticos es la absolución de los altos funcionarios, como seguramente hoy va a volver a suceder aquí. No me extrañaría que ustedes salgan esta noche en hombros, señores funcionarios. Me imagino que durmieron con toda tranquilidad, porque la absolución está definida de antemano. Presidente de Reficar y presidentes de Ecopetrol, tienen que explicar por qué actuaron como lo hicieron, se lo ordena la ley. Lo mismo ustedes, miembros de juntas directivas, ministros y no ministros, pero que también estuvieron allí.

Es evidente que hay una pérdida inmensa para el país. ¿Cuánto? Dos, tres, cuatro mil millones de dólares, habrá que establecerlo, pero estamos hablando de sumas astronómicas. Este puede ser el escándalo de corrupción más grande de la historia de Colombia. Claro que también eso decimos con todos y siempre aparece uno más grande, porque la ladronera de este país realmente supera todo cálculo y toda posibilidad.

Pésimos contratos, es evidente que los contratos fueron pésimos. Pésimas decisiones políticas, no se ha debido privatizar a Reficar, eso lo podíamos haber hecho nosotros sin necesidad de meter a estos místeres. Pésima operación. Insisto, tengo la íntima convicción de que aquí hay corrupción. Primero, las acusaciones de corrupción contra CBI están hechas por los que conocen más detalles de ese asunto que yo. Entonces aquí surge una pregunta: a ningún colombiano, además de la dirigencia, se le puede imputar corrupción. Lo tendrán que establecer las autoridades, repito. Pero hay una reflexión que me he venido haciendo siempre en estos debates de corrupción, y ya son muchos. O los altos funcionarios son muy bobos o son muy vivos. No hay sino esas dos posibilidades. Ahora, soy respetuoso con ustedes, los bobos no llegan a los altos cargos del Estado, en eso uno tiene que ser objetivo. Puede que no sean tan geniales, como algunos dicen, pero bobos no son. Habrá que establecer entonces quiénes actuaron de manera dolosa en este contrato en el que se perdió una suma tan astronómica.

Junto con el llamado cordial que les hago a todas las bancadas, así tengamos desacuerdos en mil cosas, quiero enfatizar en que no conviene meter la normatividad privada en la contratación pública. Es una práctica de altísimo riesgo. Es que robar al Estado colombiano con los instrumentos de la contratación privada, y si además se tiene el poder del Estado, es una ganga, es facilísimo. Es lo que está pasando. Miren lo que afirma Soros. No lo dice el senador Robledo, y Soros no es del Polo. Dice que los del gran capital financiero, quienes mandan en el mundo, no son inmorales, sino amorales. La corrupción ha llegado a sitios donde impide ya funcionar a la sociedad. Es lo que está pasando en Colombia. Nos están destruyendo el país. No puede seguir sucediendo tanto robo sin que pase nada. Mi invitación es a que lo miremos con seriedad y tomemos los correctivos necesarios.

No sé qué dirán los colombianos, pero este senador está mamado, hasta la coronilla, de los niveles de corrupción de este país. Ustedes saben que no hago solo debates en los que hablo de corrupción, tengo mil debates montados sobre otros temas. Llevo aquí trece años y la corrupción sube y sube y sube. Lo de la comida de los niños es una vergüenza. Y para donde miremos, igualmente. Y decirles a los colombianos, a la gente buena de este país, me refiero a los más pobres, a las clases medias, al empresariado colombiano, eso pasa porque la gente buena de Colombia ha venido aceptando que estas cosas sucedan. La gente buena de Colombia ha estado mirando hacia un lado, muchos haciéndose los locos. Se limitan a responder que es un problema menor, una excepción, las manzanas podridas. No. Esta situación escandalosa está siendo alcahueteada por la sociedad colombiana. Y la salida es muy simple. Que los colombianos, todos, y aquí invito a los colombianos de todas las vertientes políticas, hagamos un acuerdo sobre este solo punto, así en lo demás estemos en desacuerdo: no permitamos que se sigan robando impunemente a este país. Sin un acuerdo así, este país carecerá de cualquier posibilidad de futuro. Se lo dejo a todos como una reflexión.